-mos en Fiscalía. Ahora será el Ministerio Público el que defina si existe o no delito de fraude al fisco y los eventuales involucrados. Como jefe comunal, mi responsabilidad es velar por las arcas públicas, que también están afectadas con los hechos que dimos cuenta a Fiscalía, y si efectivamente es un delito, bueno, se tendrá que velar por recuperar esos recursos cuando sea el momento jurídico adecuado".

Afectados

Gerardo Cea, profesor de Historia y presidente comunal del Colegio de Profesores de San Pablo, enfatizó que, "lo denunciado por la actual administración al Ministerio Público para nosotros como profesores de San Pablo no es novedad. Nosotros solicitamos que se realizaran acciones de parte de Contraloría en 2022, cuyo informe entregado en marzo de este año fue bastante claro. También nosotros tomamos acciones legales en 2023 y ha sido muy lento el sistema judicial, pero los antecedentes están siendo investigados".

De hecho, en marzo pasado se conoció el resultado de un sumario administrativo realizado por la Contraloría General de la República que acredita la responsabilidad del exalcalde Juan Carlos Soto Cau Cau en la crisis de la educación pública en la comuna de San Pablo. Esto, debido al no pago de las obligaciones previsionales al personal como profesores y asistentes de la educación, entre otras anomalías, lo que constituye un incumplimiento a la obligación especial del jefe comunal y una vulneración a los principios de eficiencia, eficacia y control jerárquico.

Esta crisis genera una deuda que supera los $1.400 millones por no pago de cotizaciones previsionales, de salud, préstamos bancarios, seguro de cesantía, entre otros, que arrastra por años el municipio de San Pablo en su calidad de sostenedor.

Gerardo Cea fue enfático al decir que las acciones que está realizando la actual administración son las correctas. "Estamos hablando de que los montos involucrados son dineros fiscales que estaban destinados para los alumnos vulnerables de la comuna. Entonces, el ingreso de la denuncia y cualquier otra acción no es un favor, es lo que corresponde legalmente. Las personas que realizaron estas acciones que eventualmente configuran un fraude al fisco u otro tipo de delito deben pagar por lo que realizaron. Lo que también es importante precisar es que, si bien el exalcalde Juan Carlos Soto es la cara visible como máxima autoridad de la comuna cuando ocurrieron los hechos, hay una serie de otras personas que firmaron documentos y son cómplices pasivos que aún siguen en el municipio", argumentó.

Historial

Como parte de la crisis en la educación pública de San Pablo, el municipio hasta febrero de este año acumulaba pagos por $450 millones generados por demandas laborales que han interpuesto profesores y personal dependiente del Departamento Administrativo de Educación Municipal (Daem).

La cifra corresponde a 16 demandas por tutela laboral y despido indirecto presentadas entre 2023 y 2024, donde los tribunales de justicia han ordenado a la casa edilicia, en su calidad de sostenedor de la educación pública, pagar indemnizaciones a los demandantes por considerar que fueron afectados gravemente en sus derechos laborales.

Si bien esta situación se ha mantenido por años, los montos de deuda de arrastre eran mucho más bajos, dado que en 2017 la deuda llegaba a $56 millones, mientras que en 2024 registraba un saldo de $1.400 millones y creciendo. Fue en 2021 cuando se visibilizó públicamente la crisis, debido a que los gremios de profesores y asistentes de la educación comenzaron a realizar acciones públicas por la insostenible realidad que estaban atravesando.

Este medio intentó comunicarse con el exalcalde de San Pablo, Juan Carlos Soto, pero no fue posible obtener su versión hasta el cierre de la edición.

9 establecimientos municipalizados, con cerca de mil alumnos emplazados en sectores urbanos y rurales de San Pablo, están afectados por la grave crisis de la educación municipal en la comuna.

$1.400 millones es la deuda que arrastraba hasta el 2024 el Departamento Administrativo de Educación Municipal (Daem) en San Pablo, según lo acreditó Contraloría en marzo pasado.

$450 millones acumula el municipio de San Pablo por demandas laborales, que han interpuesto profesores y personal dependiente del Departamento Administrativo de Educación Municipal.