Fiscalía revela que enriquecimiento
PUERTO MONTT. Audiencia de reformalización realizada a instancias del Ministerio Público permitió precisar los delitos y montos de la defraudación, que en el caso del Daem llega a 501 millones de pesos. Juez de Garantía amplió en 90 días el plazo de investigación.
Fue una audiencia en la que se vieron las caras los ocho imputados investigados por diversos delitos de fraude, lavado de activos, cohecho y soborno, que significó un perjuicio para el DAEM de la Municipalidad de Puerto Montt que supera los $501 millones
Fue también la oportunidad en la que el Ministerio Público reveló (por primera vez a más de 5 años de presentada la primera denuncia) el monto que le imputa al ex alcalde Gervoy Paredes Rojas por eventual enriquecimiento patrimonial injustificado, el que se encumbra en los 214 millones de pesos, en el transcurso de 10 años de su gestión alcaldicia.
Los antecedentes fueron entregados por el fiscal de la Unidad de Análisis y Foco investigativo (Sacfi) de la Fiscalía Regional, Marco Muñoz, en el marco de la reformalización de cargos que se verificó pasadas las 9 horas en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt.
Esta audiencia fue transmitida a través del canal del Poder Judicial, pese a la oposición de la mayoría de los abogados defensores de los imputados. Tras debatirse el punto, el juez Francisco Almonacid resolvió la difusión de la instancia atendiendo al principio de publicidad de los actos judiciales, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información.
En su exposición, el fiscal Muñoz detalló que la investigación que se sigue por delitos cometidos durante la pasada administración municipal se desglosa en tres hechos concretos: Enriquecimiento injustificado; cohecho, soborno y lavado de activos; y finalmente fraude al fisco, a través de programas financiados con fondos SEP.
En relación al enriquecimiento injustificado, delito contemplado en el artículo 241 bis del Código Penal, Muñoz Becker afirmó que se investiga al ex alcalde en calidad de autor, pues a juicio de la Fiscalía Gervoy Paredes obtuvo un aumento patrimonial no justificado por un total de $214.397.861 en un lapso de 10 años.
En su primer periodo alcaldicio, es decir, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2018 no justificó ingresos por $147.517.050, que representan un 25% de sus gastos y reembolsos totales. En su segundo y parte del tercer periodo como alcalde, entre enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022, se le imputa un incremento patrimonial no justificado de $66.880.811, que representan un 15% de sus gastos y desembolsos totales.
El abogado querellante Marcos Velásquez, recordó que "al inicio de la investigación el ex alcalde Paredes y su gente acusaba que sólo era una imputación política. Han pasado los años y cada día es más claro que teníamos razón al iniciar acciones penales para establecer los hechos y sancionar a los responsables del mal uso de fondos públicos. Muy satisfecho por el trabajo del fiscal (Marco) Muñoz y su equipo, y por los detalles dados a conocer en la audiencia de reformalización", manifestó.
De igual modo, expresó que "como ciudadano de Puerto Montt espero que la Municipalidad inicie todas las acciones civiles necesarias para recuperar al menos parte de los fondos mal usados por la gestión anterior", dijo.
Cohecho y soborno
En el segundo hecho de la reformalización, la fiscalía le imputa a Gervoy Paredes y Carlos Soto Ojeda el haber solicitado y recibido dinero, presuntamente de empresas como Siglo Verde y Cosemar, a través de su representante zonal Carlos Parrao Aqueveque, para beneficio personal del alcalde y luego realizar actos para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Según el fiscal, "tanto la recepción como posterior entrega del dinero proveniente del representante de las empresas Siglo Verde y Cosemar (...), se materializó a través de diversos actos destinados al encubrimiento y ocultación, dificultando su descubrimiento y trazabilidad con miras a su desafección y por su origen ilícito". Esto, "en la medida que inicialmente el imputado Soto Ojeda recibió el dinero en efectivo, el que luego le entregó a la administradora municipal Jacquelin Paz Cabrera, quien a su vez, conjuntamente con otros dineros recaudados para financiar la defensa jurídica personal de Gervoy Paredes Rojas, se los entregó a este mediante depósito de la suma de $5 millones en dinero en efectivo en la cuenta del Banco Security, de la cual Paredes es titular. Con dicha adquisición de dineros, el imputado Paredes incrementó su patrimonio personal y los utilizó con ánimo de lucro, conociendo su origen ilícito, en el pago de parte de los servicios de asesoría jurídica personal contratada al abogado Isidro Solís Palma, efectuándole el día 30 de agosto de 2023 un depósito mediante vale vista por la cantidad de $10 millones", se detalló.
Fraude al fisco
El tercer hecho que indaga la Fiscalía es por delitos de fraude al fisco. Aquí el Ministerio Público imputa a varios funcionarios, incluyendo a Gervoy Paredes Rojas, Albán Mancilla Díaz, Roberto Oyarzo Navarro, Esteban Oyarzo Navarro, Alicia Hernández Espinoza y Cristian González Andrade, por defraudar a la municipalidad mediante la aprobación y ejecución de
programas (principalmente de salud y de seguimiento y control de asistencia, ejecutados entre los años 2016 al 2023) financiados con fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Se alega que estos programas implicaron la contratación de personal que no prestó los servicios o la simulación de su ejecución para desviar fondos públicos en beneficio personal o para otros fines no autorizados, como gastos médicos familiares o proselitismo político para la campaña a diputado de Albán Mancilla y a alcalde, de Gervoy Paredes.
Sólo en la ejecución de 13 programas de salud, la Fiscalía estima un perjuicio equivalente a $391.663.301. A ello se agregan otros cinco programas entre 2016 y 2020 que generaron un perjuicio por otros $109.832.666.
La suma de ambos totaliza un monto de $501.495.967 como detrimento para el Daem de Puerto Montt, a través de fondos SEP que debían ser destinados al mejoramiento de la educación en la comuna.
90 días para investigar
Una vez concluida la formalización, se debatió entre los intervinientes la ampliación por 90 días del plazo de investigación que solicitó el Ministerio Público.
El fiscal Marco Muñoz justificó su solicitud en múltiples diligencias que restan por concretarse en la investigación y detalló que, entre ellas, figuran la entrega de informes policiales e información solicitada a otros servicios públicos como la Municipalidad de Puerto Montt, Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, Contraloría General de la República, además de la toma de declaraciones a funcionarios de las empresas Siglo Verde y Cosemar que actualmente se encuentran en el extranjero.
Mientras los querellantes pidieron que este plazo fuera incluso de 120 días, las distintas defensas solicitaron acotarlo en 30 o 60 días. Finalmente, el juez resolvió mantener el plazo solicitado por el fiscal.
Al respecto el abogado Marcos Emilfork calificó esta decisión como "muy relevante para nosotros como querellantes, la municipalidad de Puerto Montt, toda vez que hemos solicitado diligencias de investigación a la cual ha accedido el Ministerio Público, y esperamos que se realicen ellas prontamente", recalcó.
Pese a la solicitud formal de la defensa de Albán Mancilla, no se discutió -por ahora- el cierre de la investigación.