Adultos incapaces

El artículo 1446 del Código Civil establece: "Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces". En consecuencia, la regla general en nuestro ordenamiento jurídico es la plena capacidad, salvo en los casos que la ley disponga que una persona es incapaz.

No obstante, se ha tornado habitual la práctica de solicitar "certificados de lucidez" a personas mayores de 75 años -e, incluso, a mayores de 65- para realizar ciertos trámites, certificados que deben ser emitidos por un geriatra, neurólogo o siquiatra.

Tal exigencia carece de sustento jurídico y está reñida con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (promulgada por Decreto 162, publicado el 7 de octubre de 2017), que establece: "Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez" (art. 5) y "Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida (art. 30)". Adolfo Paúl Latorre

Dudas con nuevo ministerio

Para que una sociedad avance y prospere, es esencial que sus ciudadanos se sientan seguros. La seguridad pública requiere no sólo voluntad política, sino también recursos concretos: personal capacitado, tecnología y financiamiento sostenido. Desde mi experiencia como ex alcalde, sé que enfrentar la delincuencia es una tarea compleja y constante, y que muchas veces los recursos no alcanzan.

En este contexto, surge la inquietud frente a la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, ¿cuántos recursos se destinarán a su instalación, personal y funcionamiento?, ¿era realmente necesario crear una nueva estructura en lugar de reorganizar y fortalecer el actual Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que ya cuenta con la Subsecretaría de Prevención del Delito?. Agrandar el Estado implica más gastos y sería deseable que esas inversiones se focalizaran en estrategias eficientes y articuladas.

Más que multiplicar instituciones, necesitamos una mirada integral. La seguridad no se resuelve desde islas ministeriales, sino desde un enfoque que integre a todos los actores vinculados al tema. La coordinación efectiva entre organismos, sumada a una lectura territorial de la realidad, puede generar respuestas más pertinentes y sostenibles.

La seguridad tampoco puede entenderse sólo desde las instituciones. Debe construirse desde los territorios, con sus realidades y liderazgos locales. Juntas de vecinos, comités de seguridad y agrupaciones comunitarias han sido actores clave en la prevención del delito. Fortalecer estas redes, dotarlas de herramientas y abrir canales de comunicación con el Estado es tan importante como sumar más dotación policial.

Además, debemos considerar la recuperación de espacios públicos, el fomento del deporte y la cultura como estrategias preventivas. Cuando un barrio cuenta con plazas, multicanchas o centros culturales bien mantenidos y activos, se reduce la percepción de abandono y se refuerza el sentido de comunidad. La participación ciudadana no es un adorno: es un pilar de la seguridad.

Por ello, propongo que este nuevo Ministerio tenga al trabajo comunitario como eje central. No basta con vigilar: hay que involucrar. Escuchar a las comunidades, codiseñar soluciones y reconocer las capacidades locales puede marcar la diferencia. Espero que las autoridades que inician este nuevo desafío, lo hagan con una visión amplia, consciente del valor de lo territorial y lo comunitario.

Emeterio Carrillo Torres, ex alcalde de Osorno

Terror en el fútbol

Lo que estaba llamado a convertirse en una fiesta del fútbol, terminó en una tragedia: dos jóvenes perdieron la vida en un hecho que vuelve a poner en el centro del debate la violencia en el fútbol (estadios y otros espacios como locomoción pública, barrios alrededor de los recintos deportivos, etc.) y la incapacidad del sistema para prevenirla.

Chile vive desde hace años una peligrosa normalización de la violencia. Esta no sólo se ha extendido por diversos espacios sociales, sino que también fue justificada por ciertos sectores políticos. La idea de que manifestarse por medio de la violencia puede tener algún grado de legitimidad ha potenciado (aunque vienen desde hace años) la ocurrencia de fenómenos como el que hoy lamentamos.

Días antes del partido entre Colo Colo y Fortaleza, barristas de la Garra Blanca anunciaban en redes sociales su intención de ingresar al estadio por la fuerza, sin entradas ni control. La advertencia era pública. Aun así, ni el club organizador ni la autoridad administrativa fueron capaces de anticipar lo que terminó por desbordarse en caos y muerte.

Las barras bravas, y en particular la Garra Blanca, han demostrado una y otra vez su desprecio por la institucionalidad y las normas. Sin embargo, su poder y presencia siguen intactos. Esta tragedia evidencia lo que se ha denunciado hace años: la institucionalidad ha sido completamente incapaz de hacer frente al fenómeno de la violencia en el fútbol.

Ni el programa Estadio Seguro, ni los clubes que prefieren mirar hacia otro lado, han adoptado medidas reales y sostenidas para enfrentar esta amenaza. Es momento de asumir responsabilidades. La tragedia de ayer debe marcar el fin de la inoperancia y el inicio de una etapa de compromiso con medidas concretas para erradicar la irracionalidad violenta que cada día se adueña más del fútbol chileno.

Existen propuestas. Desde la implementación efectiva de un registro nacional de hinchas, el uso del sistema de abonos, el regreso de la fuerza pública a los estadios, la calificación de las barras bravas como asociaciones ilícitas, hasta la aplicación de severas sanciones a los clubes que subsidien o toleren a estas organizaciones, pero no la real voluntad de aplicarlas. El fútbol debe volver a ser una fiesta.

Jorge Astudillo, Universidad Andrés Bello