La Cámara Nacional de Comercio (CNC) criticó a la Comisión de Trabajo de la Cámara que tomó conocimiento de tres proyectos que buscan declarar feriado irrenunciable el Viernes Santo, iniciativas que se votarán el 17 de abril y pasarán al Senado.

En la ocasión, explica la CNC, no se les dio la palabra: "A las 15:30, horas de inicio de la sesión, nos piden conectarnos para exponer, cosa que hicimos. Estuvimos conectados prácticamente la sesión completa esperando poder dar a conocer nuestros argumentos", señalaron. Según Emol, la entidad sumó que "no solo no nos cedieron la palabra, sino que algunos diputados se atrevieron a decir que, habiendo solicitado ser escuchados ni siquiera nos presentamos".

El gremio se refirió a la ex ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Señalaron que el pasado sábado la otrora secretaria de Estado "ni siquiera nos invitó a la reunión con los trabajadores", también en el contexto de la discusión por el feriado irrenunciable de Viernes Santo. "Efectivamente, algunas empresas del retail fueron convocadas -dijo la CNC- pero todo a última hora sin dar margen para ajustar agendas, tónica a la que nos estamos acostumbrando en este tipo de debates".

"Sorprende la improvisación y falta de rigor metodológico en el diseño de políticas públicas que tienen el potencial de afectar la economía de manera tan profunda como este proyecto, lo que ha sido incluso alertado por el ministro Marcel", cerró la entidad.

Cabe destacar que el ministro de Hacienda advirtió sobre los efectos negativos de las iniciativas. "Que se considere admisible la transformación de un feriado normal en un feriado irrenunciable es un precedente muy complejo, porque tiene implicancias económicas, tiene implicancias fiscales, tiene implicancias en un conjunto de ámbitos que al calor de la discusión de un feriado y de la popularidad que tiene un feriado a veces tienden a quedar en segundo plano", dijo Marcel.

El Tribunal Constitucional (TC) publicó ayer el fallo que destituyó a la ahora exsenadora Isabel Allende (PS), debido a que la Carta Magna prohíbe la celebración de contratos entre el Estado y sus autoridades, como fue la compraventa de la casa de su padre, el Presidente Salvador Allende. La instancia, de mayoría oficialista, destacó sin embargo que "el incumplimiento de una inhabilidad expresa es una causa legítima de pérdida del mandato popular, porque se trata de una condición constitucionalmente establecida para la permanencia en el mismo, y su aplicación no vulnera la democracia, sino que la resguarda".

El documento de 80 páginas titulado "Requerimientos presentados por honorables diputados y diputadas de la República a efectos de que se declare la cesación en el cargo de la honorable senadora señora María Isabel Allende Bussi", señala que en el proceso judicial se acreditó que la senadora "otorgó mandato especial, por escritura pública, al señor Felipe Vio Lyon, con fecha 2 de septiembre de 2024, para que en su nombre y representación venda, enajene y transfiera el recién singularizado inmueble". Vio es yerno de la legisladora.

El 30 de diciembre, agrega el TC, "fue suscrito contrato de compraventa entre las partes representadas por el Mandatario" Gabriel Boric "y el Fisco de Chile, otorgado ante la titular de la 50ª Notaría de Santiago".

La firma se realizó "teniendo a la vista el decreto supremo 38, del 25 de noviembre de 2024 del Ministerio de Bienes Nacionales, que 'autoriza adquisición de inmueble'", texto que fue revisado por 17 abogados y egresados de Derecho, entre ellos el Presidente y la cuestionada jefa de la División jurídica-legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, quien esta semana dijo ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que conocía la inhabilidad, aunque no la advirtió por no estar entre sus funciones.

"Somos amigos hace más de diez años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente. Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya", publicó Boric en Instagram durante 2019.

"su voluntad"

El TC respondió también a la defensa de la senadora, que sostenía que el contrato no se habría celebrado porque no se dictó el decreto aprobatorio: "Si la celebración del contrato dependiera de un hecho ajeno a la voluntad de la parlamentaria como sería la dictación de un decreto posterior no tendría ningún efecto útil el precepto constitucional, por cuanto, como ya hemos sostenido, la conducta exigida a la parlamentaria es de abstención de una actuación y, por tanto, depende de su propia voluntad".

"La prohibición que se le aplica es parte del Estatuto de la Función Parlamentaria y a ella debió ajustarse. Acá estamos juzgando una conducta personal suya, no un acto ajeno a la voluntad libremente expresada a través de la suscripción de un contrato cuyas cláusulas fueron convenidas y aceptadas por ella", sostiene el fallo.

Allende responde

La senadora Allende respondió al cierre de esta edición que "esta destitución inédita se ha originado en una motivación política de la derecha, en respuesta a la voluntad del Gobierno de Chile de convertir la casa de mi padre, el ex Presidente Salvador Allende Gossens, en un museo público y preservar así la memoria que la casa contiene".

Para esto, reiteró la legisladora, "accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, Gabriel Osorio, ante el pleno del TC, argumento que no fue recogido".