Allende se despidió entre lágrimas: 'Ninguna autoridad nos recordó' de inhabilidad
SENADO. Después de 30 años como parlamentaria, debe dejar su cargo por fallo del TC tras la fallida venta de la casa de su padre al Estado. A ella le parece una "injusticia".
Tras ser destituida de su cargo como senadora por amplia mayoría (8-2) del Tribunal Constitucional, Isabel Allende fue ayer al Senado para pronunciar un discurso de despedida en el que con gran emotividad hizo un repaso por su carrera de 30 años como parlamentaria, afirmó que el fallo en su contra fue "injusto" y explicó que nadie, del Gobierno ni de ninguna instancia jurídica, le advirtió que existía una inhabilidad en la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, al Estado.
La semana pasada el TC determinó que el intento de transacción que finalmente no se ejecutó era causal para que la legisladora fuera alejada de su cargo. Esto llevó a que Allende concurriera a expresar sus descargos y su adiós.
En una intervención que le costó empezar a causa de su emoción, expuso que "después de décadas compartiendo este espacio democrático, me veo en la necesidad y deber en uno de los momentos más duros de mi vida. Probablemente sea mi última intervención en esta sala y trataré de transmitir en breves palabras mi carrera como parlamentaria y más difícil es hacerlo al ver que esta terminó de manera abrupta".
"Como siempre en nuestro país los fallos judiciales se acatan, pero acatar no significa guardar silencio y callar el profundo dolor y la injusticia que este fallo causan", enfatizó.
"Mi historia no termina"
En una suerte de autocrítica reconoció que "como parlamentaria de larga trayectoria debí conocer el artículo 60 de la Constitución. No rehúyo mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado, y no tengo y nunca he tenido una empresa, y ante todo actúe confiando en la institucionalidad".
A la vez, detalló que "actuamos como corresponde, siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el Gobierno. Quizá mi error fue el no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos admitió o recordó que existía una posible inactividad constitucional".
Y en su despedida afirmó que "me voy serena. Porque sé lo que he dado. Porque sé quién soy. Porque sé que, a pesar de esta salida forzada e injusta, mi historia no termina aquí. Me voy con la emoción profunda de haber servido a Chile con convicción, con pasión y con amor".
Asesora cuestionada
Una de las principales cuestionadas por este caso es Francisca Moya, asesora jurídica de la Segpres, quien en su comparecencia ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por este caso, reconoció haber advertido la inhabilidad para que se efectuara esta transacción, pero que no lo informó porque no era parte de sus funciones.
Pese a que su actuación ha sido calificada desde negligente hasta insólita, el Gobierno decidió respaldar a la funcionaria.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, exjefe de Moya cuando fue titular de Segpres, afirmó que "ella es una extraordinaria profesional. Ha desarrollado un gran trabajo y a mí me tocó trabajar con ella codo a codo".
Lo mismo hizo la actual titular de Segpres, Macarena Lobos, quien detalló que "la inhabilidad correspondía al momento de suscribir la compraventa" y "ese proceso estaba radicado en el Ministerio de Bienes Nacionales".
Enfatizó que "ella (Moya) no ha renunciado, cuenta con el respaldo del Ejecutivo, conocemos de su valía profesional y del equipo que ella dirige, por tanto va a mantenerse en el cargo".