Cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las personas dentro del espectro autista. Aunque ha habido avances en inclusión educativa, en la educación superior aún persisten barreras.

Para muchos estudiantes con autismo, la educación superior representa un reto no sólo académico, sino también social y estructural. Las dificultades en la interacción, la adaptación a nuevas rutinas y la falta de apoyos adecuados pueden afectar su experiencia. Aunque algunas instituciones cuentan con políticas inclusivas, estas muchas veces son insuficientes o no se adaptan a las necesidades individuales.

Uno de los mayores obstáculos es la falta de sensibilización en la comunidad. Profesores, compañeros y personal administrativo a menudo desconocen cómo interactuar adecuadamente con estudiantes autistas, lo que puede generar exclusión. Es clave fomentar capacitación en diversidad e implementar estrategias pedagógicas inclusivas para mejorar el ambiente educativo.

Además, la rigidez de algunos programas académicos puede ser un problema para quienes necesitan ajustes en su proceso de aprendizaje. Desde la flexibilización en evaluaciones hasta la creación de espacios tranquilos para la concentración, deben garantizar condiciones que permitan el desarrollo pleno de estos estudiantes.

El acceso a la educación superior es un derecho y una oportunidad para que las personas autistas aporten sus talentos en distintas áreas. Promover una inclusión real beneficia a toda la comunidad académica, fomentando una sociedad más empática y equitativa.

En esta fecha sobre el autismo, es fundamental que las instituciones de educación superior asuman su papel en la construcción de espacios más accesibles.

La inclusión no debe quedarse en discursos, sino traducirse en acciones concretas que permitan a todos los estudiantes alcanzar sus metas académicas y personales.

En la educación superior, la diversidad cognitiva es una fortaleza. Fomentemos entornos inclusivos donde cada mente, con su forma única de percibir el mundo, tenga la oportunidad de desarrollarse y alcanzar su máximo potencial.

Carabineros ha hecho un nuevo llamado a la ciudadanía con el fin de realizar buen uso del número telefónico de emergencia 133. Se ha señalado que en el año 2023 recibieron 6,3 millones de llamados en todo el país, de las cuales el 74% fue para hacer supuestas bromas o insultos.

Las autoridades policiales han expresado que es necesario que la ciudadanía tome conciencia de que las llamadas reales revisten el carácter de urgentes y por lo tanto se necesita una línea expedita para reaccionar en forma oportuna.

Lo que ocurre con el número de Carabineros no es ajeno a lo que se registra con los teléfonos de Samu, de Bomberos, o rescate de la Armada en verano. Cuesta entenderlo, si se considera que en ocasiones significa desplazar vehículos y personal, o dejar de atender otras comunicaciones que son necesarias, porque podrían salvar una vida.

Se estima que en los Samu más de la mitad de los llamados corresponden a bromas o pitanzas. Y la Armada recibe cada verano más de 10 mil llamados al 137 de emergencias marítimas, pero el 82% no son verdaderas. Asimismo, sólo el 15% de las comunicaciones que recibe Bomberos al 132 son efectivas y el 85% restante corresponde a pitanzas o avisos falsos.

En Chile, hace unos años se modificó la ley de telecomunicaciones, por lo que se sanciona con multas el uso indebido de los servicios de emergencia. El procedimiento implica que Carabineros remite los antecedentes del presunto infractor al Juzgado de Policía Local, que lo cita para que sea oído y si se acredita la infracción, el juez impone una multa. La ley obliga a las empresas de telefonía a facilitar a Carabineros y a los demás servicios de emergencia, en tiempo real, los datos de individualización y de localización de los usuarios que se comuniquen en forma improcedente. Sanciona con multa de 1 a 5 UTM ($ 68.034 a $ 340.000) a quien incurra en la infracción de uso indebido del servicio de llamados de emergencia gratuito, cuando esta conducta altere el normal funcionamiento del sistema, correspondiendo al juez de policía local su investigación, sin perjuicio de remitir el caso al Ministerio Público. Estos servicios de emergencia están recargados en sus funciones y no siempre están en condiciones de hacer la presentación, por lo que hay que apelar a la comprensión ciudadana.