será que las familias más jóvenes sigan migrando del campo a la ciudad. "Es un tema evidente que las oportunidades en los campos son cada día menos y eso provoca que la gente joven, en edad productiva, vaya dejando los campos porque no le ofrecen mayores garantías ni en vivienda, ni en apoyo para producir ni en opciones de trabajo. Pero eso es una realidad que nadie se atreve a abordar de forma seria", dijo Pérez.

Un problema de años

La falta de factibilidad técnica de la red sanitaria de agua potable y alcantarillado disponible en los territorios es uno de los frenos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para concretar nuevos proyectos habitacionales sociales en estos territorios de la provincia.

Según la normativa vigente, para que los comités de vivienda o personas individuales puedan postular a subsidios habitacionales del Minvu, es necesario acreditar que el terreno donde se emplaza el proyecto (individual o colectivo) puede conectarse al sistema de agua potable y/o alcantarillado, para lo cual debe presentar un certificado de factibilidad sanitaria. Este documento confirma que es viable instalar los servicios en cada una de las viviendas nuevas que considere el proyecto.

Mirta González, presidenta de la Unión Rural de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno, explicó que este problema para acceder a la vivienda social se arrastra desde hace años, volviéndose cada vez más complejo.

"El interés por las familias rurales para los políticos es solo un discurso, porque ¿cómo es posible que la burocracia sea cada vez mayor y no exista una real facilitación para las familias vulnerables? Deberían acompañarlas, por ejemplo, en el saneamiento de sus terrenos. Los municipios que tienen oficina de vivienda suelen preocuparse más de las zonas urbanas, excepto si la mayoría de su territorio es rural. El programa de Habitabilidad Rural se supone que está orientado a las familias vulnerables del campo, pero, por ejemplo, en Osorno eso no es posible porque la comuna tiene una categoría de emergente y sus tasas de pobreza comunal dejan afuera a todos del programa, sin importar que sean vulnerables y estén dentro del 40% de esta categoría", opinó la dirigente.

Explicó que, además, la mayoría queda fuera por la regularización de terrenos. "Mueren esperando poder juntar los papeles, entonces los campos se han ido consolidando con construcciones irregulares que se pasan de generación en generación. En el caso de las parcelaciones, todo es más simple porque la gente suele tener recursos para construir sus viviendas. Entonces vamos a terminar con los campos usados como dormitorios y no para producir a toda escala, porque la gente que antes trabajaba en los campos productivos vivía en el sector. Ahora vienen desde la ciudad porque se ven obligados a migrar para acceder a la vivienda propia, que es un anhelo legítimo de toda persona", expresó González.

Mirna Hernández, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Dalcahue y de la Federación Provincial de Uniones Comunales Vecinales de Chiloé, coincide en que la situación es cada vez más compleja.

"No tiene que ver con que la gente no quiera postular, como algunos han expresado con desconocimiento de la realidad, sino con que acceder a los beneficios habitacionales es más fácil para algunos e imposible para otros, y eso no tiene que ver con la necesidad. Llama la atención cómo algunas personas logran obtener casas en zonas urbanas y acceder a beneficios en zonas rurales con tanta facilidad. Da la sensación de que el sistema tiene muy poca fiscalización, porque aprenden a vulnerarlo", dijo Hernández.

Agregó que estas dificultades para lograr acceder a la vivienda, lo que finalmente significa optar por mejorar la calidad de vida y consolidar la vida en los campos, se cruzan con fenómenos como las parcelaciones y las tomas ilegales.

"La gente cree que tomar un terreno y transformarlo en un campamento es la fórmula para acceder, y lamentablemente tienen razón, aunque las autoridades lo nieguen. Eso antes en Chiloé no se veía, pero ahora viene gente incluso de Santiago y realiza estas malas prácticas, mientras las familias del campo siguen los conductos formales, donde solo aparece la burocracia", argumentó la dirigente chilota.

Minvu responde

Fabián Nail Álvarez, seremi de Vivienda y Urbanismo, precisó que "la demanda habitacional rural es un desafío que tiene múltiples factores complejos para avanzar en tiempos acotados, pese a lo cual pudimos reducir una cartera crítica de más de 1.000 subsidios rurales que no tenían proyectos asociados a marzo de 2022, previo al comienzo del Plan de Emergencia Habitacional, lo que permitió beneficiar a familias que han esperado por largos años el acceso a una vivienda digna en los lugares donde residen o trabajan", dijo la autoridad regional.

Agregó que "entre las principales dificultades están la prestación de servicios sanitarios rurales, algunos incluso en proyectos con factibilidades previamente aprobadas, así como también la falta de capacidades técnicas para evaluar los actuales sistemas, todo lo cual requiere de obras adicionales que van encareciendo las iniciativas y retardando los procesos. Hay otros terrenos que no tienen agua o accesos o que no cumplen con las condiciones mínimas para construir. La comuna de Puyehue, por nombrar uno de los principales nudos críticos, no cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, lo que obliga a que todos los proyectos de viviendas las incorporen", dijo el seremi.

Explicó que "pese a las dificultades, se ha ido avanzando caso a caso. A la fecha, se ha financiado la construcción de más de 1.800 viviendas rurales que hoy se encuentran en distintos grados de avance, una tarea que hemos asumido con responsabilidad y compromiso, garantizando soluciones habitacionales que respetan identidad y cultura y, al mismo tiempo, protegen los entornos naturales. Un buen ejemplo de ello ha sido el trabajo territorial desarrollado con la Mesa Provincial Indígena de Osorno, que logró la generación de un llamado especial para construcción de viviendas rurales; y también el denominado Plan de Habitabilidad Insular, que está asignando recursos a familias que habitan en diferentes islas de la región, en comunas como Calbuco, Chaitén y varias otras de la provincia de Chiloé".

El seremi de Vivienda precisó que "sin duda queda mucho por hacer, pero nos estamos haciendo cargo. A nivel sectorial, el ministro Carlos Montes nos ha pedido transmitirles a los equipos regionales que se debe dar respuesta a una mayor cantidad de familias. Y a nivel intersectorial, el gobierno del Presidente Gabriel Boric instruyó una coordinación entre 12 ministerios para analizar todas las dificultades, a partir de lo cual se elaboró un proyecto de ley que buscará proteger el territorio y la vida rural y enfrentar las consecuencias negativas de las parcelaciones. A través de un inédito trabajo que estamos desarrollando con las comunidades en las 30 comunas de la región, seguiremos impulsando acciones concretas y fortaleciendo las políticas públicas para que el acceso a una vivienda digna sea un derecho y una realidad en cada rincón de nuestro territorio".

"La demanda habitacional rural es un desafío que tiene múltiples factores complejos para avanzar en tiempos acotados, pese a lo cual pudimos reducir una cartera crítica de más de 1.000 subsidios rurales que no tenían proyectos asociados a marzo de 2022".

Fabián Nail, Seremi de Vivienda.