La violencia escolar no es un fenómeno nuevo, pero se ha acentado en forma progresiva. La mayoría de las 12.388 denuncias que recibió la Superintendencia de Educación entre enero y septiembre de 2024 se refirieron a peleas entre alumnos, hechos de connotación sexual y bullying. Pero ahora se han conocido casos de agresiones graves a profesores, como lo ocurrido en Trehuaco, Región de Ñuble, por parte de un alumno.

Hasta hace unos años, la violencia escolar se manifestaba en ataques de palabra, sobrenombres, publicaciones ofensivas en las redes sociales, entre otras, pero ahora son frecuentes las informaciones que dan cuenta de que niños y jóvenes llevan armas blancas o de fuego a los establecimientos para atacar a sus compañeros. La agresión escolar es una de las situaciones más dolorosas para los niños y sus familias, considerando que los menores muchas veces sufren en silencio el ataque. Lo más probable es que esto comience con colocar un sobrenombre, para pasar a las bromas mal intencionadas y mofarse de un compañero por diversos motivos, hasta llegar al acoso constante y finalmente a las agresiones físicas.

Los profesores advierten que también existe una violencia cruzada, pues algunos apoderados agreden a los docentes, verbal o físicamente, responsabilizándolos por el rendimiento conductual y académico de sus hijos. En los últimos años se ha pasado al ataque a través de las redes sociales y a la violencia física. La Unesco ha estimado que dos de cada diez escolares son víctimas de bullying a nivel mundial, en una realidad que va en aumento. Es un maltrato que deja huellas físicas o psicológicas en los niños y jóvenes, que en casos extremos pueden incluso llevarlos al suicidio.

El acoso es intimidación, persecución y agresión. La violencia en la escuela, por agresiones a alumnos o a profesores es el reflejo de la sociedad. Se tiende a mirar el colegio como un mundo aparte, como si estuviera al margen de la comunidad, pero hay un entorno que hoy es más violento, en la casa, en el barrio, en las calles, lo que se refleja también en las escuelas. Los padres son los primeros responsables de la conducta de sus hijos y, por lo tanto, deben controlar que no lleven armas a los establecimientos. Es un tema que requiere conversación en el nivel familiar, ahora que se ha iniciado el período escolar del año 2025. La solución comienza en el hogar.

Para un sector de la población (y, claramente, para los políticos), parece aceptable que el Estado, a través de las policías, pueda realizar un control de identidad según su criterio, sospecha o incluso antojo. Sin embargo, argumentan preocupación por la privacidad si se levanta el secreto bancario.

Uno de los argumentos para oponerse es que esto ya es posible mediante una solicitud a un juez de garantía. Pero lo que no dicen es que se deben cumplir varios requisitos para ello y solo en ciertos delitos, como narcotráfico, fraude, infracción a la ley del mercado de valores, estafa y otros delitos económicos en general. Sin embargo, quedan fuera otros tan importantes como el sicariato, el crimen organizado o la evasión de impuestos. Según el SII, la evasión representa el 50 % del impuesto corporativo, con un 20 % atribuible únicamente a la evasión del IVA, lo que equivale a más del 7 % del PIB. En 2022 se promulgó la Ley contra el Robo de Madera (que, por cierto, se comprobó que no eran los mapuches, sino "empresarios"). Dicha ley contemplaba artículos que permitían flexibilizar el secreto bancario en casos de crimen organizado, pero fueron eliminados en el Senado. En la reforma procesal penal, el Senado también eliminó los artículos referentes. En 2023, con la Ley de Delitos Económicos, ocurrió lo mismo.

No sé usted, pero en mi cuenta bancaria, con suerte llego a fin de mes. Algunos, más ordenados y con mejor visión de inversión, tal vez tengan algunos movimientos bancarios mensuales o anuales, pero de seguro son modestos y, en ningún caso, podrían significar un escándalo público si quisieran revisar nuestras cuentas (además, no sería arbitrario, sino dentro de una investigación).

Se podría entender el temor de estas personas viendo los últimos acontecimientos en el Poder Judicial: lobby para nombrar jueces y fiscales, resoluciones dispares según el sector al que afectan... Pero convengamos que las cuentas de la gran mayoría de los chilenos están justas o incluso en negativo. Parece ser válido que, ante una sospecha, funcionarios policiales puedan registrar nuestros autos; que, ante la sospecha de flagrancia, puedan violar el derecho constitucional a la privacidad del hogar. Pero, por ningún motivo, las cuentas bancarias. ¿Se ha puesto a pensar a qué grupo social las policías suelen hacer control de identidad o registrar sus vehículos? Ya vimos en las noticias cómo, en una fiscalización en el barrio alto de Santiago, faltó poco para que les llevaran café, a pesar de no tener los documentos del vehículo. Lo mismo ocurre con las sospechas de flagrancia: no hemos visto que en los barrios acomodados las policías allanen ante sospecha de BIF o drogas. Es, sin duda, una herramienta arbitraria.

Aplicando el mismo razonamiento (que algunos pueden calificar de "resentimiento social"), podríamos deducir qué sector económico sería el más afectado con el levantamiento del secreto bancario. Resguardo de la "privacidad" del secreto bancario para algunos; control de identidad para el resto.