Carlos Ilabaca

Con la toma de declaraciones al consejero regional (core) en ejercicio Alexis Casanova (RN) y a la ex consejera Patricia Rada (FA), además de funcionarios del Gobierno Regional (Gore), la Contraloría Regional dio inicio a la tramitación de un sumario administrativo que busca establecer eventuales responsabilidades por las transferencias de recursos públicos a la Corporación Kimün y a la Fundación Participa, por un total de $2.400 millones, durante el periodo administrado por el ex gobernador regional Patricio Vallespín.

La medida se explica de acuerdo a lo establecido en las conclusiones del informe de auditoría 671-A, que la Contraloría realizó a las transferencias de recursos a fundaciones y corporaciones privadas sin fines de lucro por parte del Gore de Los Lagos.

En específico se estableció la necesidad de instruir un sumario administrativo, por medio de la resolución exenta N° PD00546 de 2023, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas por las transferencias de fondos a las entidades privadas ya individualizadas, sin cumplir con la toma de razón de la Contraloría Regional.

Según detalla la auditoría N°671-A de la Contraloría, dichas transferencias de recursos se realizaron por parte del Gore Los Lagos acorde a los convenios suscritos con la Corporación Kimün y la Fundación Participa, del 12 de diciembre y 30 de noviembre, ambos de 2022, respectivamente, con fecha anterior a la total tramitación de las resoluciones de aprobación, las cuales fueron representadas mediante los oficios E300739, E369796, E348616 y E369805, todos del año 2023, "en atención a que los citados convenios no daban cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 23 de la ley N° 21.395, los cuales, en síntesis, se refieren a que el documento omitía consignar las metas del convenio y los plazos para su cumplimiento", detalla el documento.

A la fecha, la Contraloría Regional ha publicado dos informes de auditorías en relación al denominado Caso Convenios, el 671-A y 671-B, quedando pendiente una auditoría relacionada con el cierre de los programas del Gore durante los años 2023 y 2024. Según ha trascendido extraoficialmente, la Contraloría ha tomado declaración a diversos funcionarios de la División de Fomento e Industrias (Difoi) del Gore.

En las últimas semanas, en tanto, se ha recogido el testimonio de un consejero regional en ejercicio y también de una core del periodo anterior, sin descartarse por el momento que en las próximas semanas se pueda convocar a más representantes del Consejo Regional por el mismo tema.

Una de las ex consejeras que ya declaró ante la Contraloría es Patricia Rada (FA), actual encargada regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito. "Sí, fui citada y fui a declarar (en calidad de testigo por cierto), pero entiendo que aún están en etapa sumaria y por tanto reservada", comentó escuetamente.

Cabe recordar que mientras se desempeñó como consejera regional, Rada, en su calidad de representante de la bancada del Frente Amplio en el Core, propició una reunión con la ex contralora regional Paula Martínez durante 2024, de la cual participaron los presidentes de todas las bancadas del Core. Tanto los ex consejeros Ricardo Kuschel (RN) como Manuel Rivera (PS) recuerdan que fue una reunión fructífera y agradable, en la que se puso de manifiesto algunos errores de criterio por parte de asesores jurídicos del ex gobernador Vallespín en relación a la tramitación de los convenios.

El viernes fue el turno del consejero por la Provincia de Osorno, Alexis Casanova (RN), quien fue el único en abstenerse de aprobar los convenios con la corporación Kimün y la Fundación Participa, además del programa con la corporación El Canelo, todos los cuales han sido investigados por la Contraloría. "Fui en calidad de testigo como consejero regional que participó en el Consejo Regional realizado en Quellón (Chiloé), cuando se efectuó la gran mayoría de las transferencias. La verdad de las cosas es que esta causa que está llevando la Contraloría sigue avanzando y sigue buscando nuevas aristas en las cuales lograr determinar dónde está el dinero que no ha sido devuelto. Si bien es cierto se ha logrado recuperar cerca de $8 mil millones, todavía hay fundaciones que no han entregado o han entregado rendiciones de cuenta inconsistentes", dijo.

Casanova reconoció que el caso más grave es el que se relaciona con la Corporación Kimün, a la que el Gore transfirió $1.200 millones para un programa de saneamiento de títulos que debió ser terminado anticipadamente. "La verdad de las cosas es que hay muy pocas posibilidades de recuperar ese dinero, por lo cual hay una situación legal y también de responsabilidad de cautelar el buen uso de los recursos públicos que están en tela de juicio", enfatizó.