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La crisis de la educación pública que vive la comuna de San Pablo desde hace varios años suma un nuevo capítulo: el municipio acumula a la fecha pagos por $450 millones, por demandas laborales que han interpuesto profesores y personal dependiente del Departamento Administrativo de Educación Municipal (Daem).

La cifra corresponde a 16 demandas por tutela laboral y despido indirecto presentadas entre 2023 y 2024, donde los tribunales de justicia han ordenado a la casa edilicia, en su calidad de sostenedor de la educación pública, pagar indemnizaciones a los demandantes por considerar que fueron afectados gravemente en sus derechos laborales.

Estas demandas son consecuencia directa de la crisis en la educación pública que los gremios de profesores y asistentes de la educación visibilizaron en 2021 por la deuda acumulada que mantenía el municipio sanpablino en ese momento, de $200 millones, por cotizaciones previsionales impagas, de salud, préstamos bancarios, seguro de cesantía, entre otros.

Una realidad que los afecta directamente, considerando que las prestaciones son descontadas de sus remuneraciones, pero no son pagadas a las instituciones correspondientes, lo que genera una constante tensión a los trabajadores afectados, muchos de ellos con cuadros de enfermedades por estrés, ya que la presión de no poder cumplir con sus compromisos adquiridos es angustiante y afecta su calidad de vida, así como su salud física y mental.

Los profesores y asistentes de la educación de la comuna de San Pablo están agotados de luchar por el cumplimiento de sus derechos laborales contra el municipio de San Pablo, que como sostenedor de la educación pública, arrastra a la fecha una deuda que llega a los $1.500.

Demandas laborales

Han ingresado en total 16 acciones en el Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, entre 2023 y 2024, todas con sentencias favorables para los demandantes.

En total, los tribunales ordenaron al municipio el pago de $450 millones distribuidos en los 16 casos, siendo la sentencia más alta por $114 millones y la más baja por $3 millones 653 mil.

Las demandas fueron primero por tutela laboral, que corresponde a un procedimiento judicial regulado por el Código del Trabajo, que se tramita en la justicia laboral y tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. También se presentaron acciones por trabajadores que se acogieron al despido indirecto, conocido como autodespido, que es cuando un trabajador decide terminar su contrato laboral porque el empleador incumplió sus obligaciones.

Entre las demandantes está Hilda Monje, educadora de párvulos, quien trabajó desde 2001 en la Escuela Rural de Quilén, labor que mantuvo con normalidad hasta 2021, cuando se conoció la serie de irregularidades que afectan a los trabajadores de la educación de la comuna.

Finalmente, el tribunal ordenó al municipio regularizar todos los pagos atrasados de sueldos, cotizaciones y deudas que afectaron la salud y calidad de vida de la parvularia.

Ella reconoce que toda la situación vivida afectó su salud, así como la vida de su familia, ya que al no recibir de forma normal sus remuneraciones, se vio afectada la estabilidad del núcleo familiar completo.

"El pago de estas sentencias sale de los fondos propios del Daem de San Pablo, que son los que llegan a través de subvenciones. Entonces, está generando que el déficit mensual en educación se acreciente".

Marco Carrillo, alcalde de San Pablo