El país registra una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, con apenas 1,1 hijos por mujer, según destacó ayer martes la editorial de El Austral de Osorno. La semana pasada, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, advirtió que esta realidad puede derivar en un conflicto generacional por la mantención de beneficios o en el despoblamiento de amplias zonas del país.

En 1990, la población menor de 14 años representaba el 29,8% del total; en 2025 será sólo el 16,5%, y en 2040 caerá al 12,2%.

Este fenómeno impacta directamente el mercado laboral y, por ende, en las pensiones.

El economista Sebastián Claro explicó que "la caída en los ingresos del trabajo de la población activa será insuficiente para financiar al creciente número de adultos mayores que requerirán cuidados de salud y bienestar social". No obstante, las decisiones del país siguen aumentando el endeudamiento para abordar desafíos sociales inmediatos.

Uno de los pilares de la reforma previsional es el préstamo forzoso de los trabajadores al Estado, una fórmula que evita incrementar la deuda pública de manera directa y así no afectar la calificación crediticia del país.

Hoy, la deuda pública supera el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implica que cuatro de cada diez pesos generados por la economía nacional se destinan a su pago y a los intereses asociados.

Baja natalidad, alta deuda externa y ahora interna con los trabajadores, junto con un gasto social creciente, exigen mayores ingresos. Aunque el discurso políticamente correcto insista en que el crecimiento económico no lo es todo, lo cierto es que aún no se ha inventado un sistema alternativo para financiar la justicia social.

Los ciudadanos deben comprender dos realidades esenciales. Primero, que en un país con baja natalidad, la migración es una necesidad, siempre que privilegie a quienes sean un aporte y no una carga al sistema social.

Segundo, que el Estado no tiene más dinero que el que los ciudadanos generan. Cubrir gastos justos para el bienestar social es legítimo, pero lo justo siempre estará limitado por lo posible.

La Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) ha señalado que en Chile diariamente fallecen en promedio cinco personas en accidentes ocurridos en calles y carreteras. En ellos influyen factores como la alta velocidad, la imprudencia de los conductores y de peatones que cruzan con luz roja o por lugares no habilitados, y la conducción descuidada, donde hablar y escribir por celular tiene una alta incidencia.

Es usual que en la temporada de vacaciones de verano se incrementan estos trágicos siniestros, por lo que las autoridades llaman a adoptar medidas preventivas, sobre todo que por estos días viajan familias completas, con niños. Pero no se trata sólo de números, porque detrás de cada muerte hay una familia, amigos, toda una vida de desarrollo, de esfuerzos y de planes que no llegaron a cumplirse.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se registra poco más de un millón de muertes en el orbe debido a tragedias en calles y carreteras, por lo que es necesario reforzar las legislaciones y los controles para evitarlos. Peatones, motociclistas y ciclistas son los más vulnerables y las principales víctimas fatales de los traumatismos. Los factores de riesgo con más prevalencia son el consumo de alcohol, exceder los límites de la velocidad, no usar cascos de motocicleta y no usar cinturones de seguridad y asientos especiales para niños en los automóviles.

Al impacto del alcohol, se ha agregado el de la droga. La mayoría de los automovilistas que dan positivo en los narcotest aplicados por la policía y Senda se deben a consumo de marihuana y cocaína.

Chile se ha destacado en los últimos años con campañas como las de tolerancia cero alcohol y la ley Emilia, que buscan erradicar conductas riesgosas al conducir. Sin embargo, sigue siendo de real importancia que todos quienes de una u otra manera intervienen en el sistema vial, asuman con responsabilidad la conducción.