En el reciente debate entre el presidente Gabriel Boric y la candidata a La Moneda Evelyn Matthei, el crecimiento económico volvió a convertirse en el campo de batalla predilecto de la política chilena. Todo comenzó cuando el mandatario celebró las cifras del último Imasec, que mostraron una variación positiva del 2,5%. Mientras el Gobierno intenta defender su gestión en un contexto de alta incertidumbre, sus críticos le reprochan una supuesta incapacidad para estimular la economía. Matthei, sin rodeos, calificó la administración de Boric como la peor en términos económicos desde el retorno a la democracia: "Los chilenos esperamos de usted algo de prudencia y humildad, no celebrar una cifra buena de un solo mes entre muchas malas", señaló.

Como en tantas otras discusiones económicas, el debate gira en torno a la misma ecuación simplista: crecimiento como sinónimo de progreso. En efecto, es común vincular el aumento de la producción de bienes y servicios con variables macroeconómicas clave, como la reducción de la inflación o el incremento del empleo. Es un argumento con respaldo empírico, pero con un problema evidente: la discusión rara vez trasciende el análisis superficial. Se asume que todo crecimiento es positivo sin preguntarse si es adecuado.

El crecimiento no es gratuito. Cada punto adicional en el PIB se traduce en costos ecológicos cada vez más insostenibles, una realidad de la que ningún actor político parece querer hablar. El economista Herman Daly introdujo el concepto de "crecimiento antieconómico" para describir el momento en que los costos ambientales y sociales de expandir la economía superan sus beneficios. Crecer por crecer no siempre es una estrategia sensata si no se considera el impacto en la calidad de vida y los equilibrios ecológicos.

Simon Kuznets, uno de los arquitectos del PIB, ya advertía que este indicador no debía confundirse con el bienestar social. Sin embargo, el fetichismo del crecimiento sigue dominando el debate público, con la idea persistente de que una economía en expansión resolverá automáticamente todos los problemas del país. Este enfoque simplista ignora que sus beneficios suelen concentrarse en ciertos sectores, mientras que sus costos se reparten entre todos.

El verdadero desafío para Chile va más allá de reactivar la economía, sino definir una escala de crecimiento adecuada a nuestras limitaciones. La política económica debe ir más allá de la obsesión por el PIB y considerar indicadores que reflejen mejor el bienestar real de la población. Incorporar mediciones sobre desigualdad, impacto ambiental y calidad de vida permitiría una visión más integral del desarrollo. Al mismo tiempo, dotaría a nuestros honorables políticos de herramientas más holísticas que les ayuden a superar la creencia de que el crecimiento, por sí solo, resolverá todos los problemas del país. La pregunta clave no es solo cuánto crecemos, sino a qué costo y con qué propósito.

En los últimos seis años, en Chile han aumentado al doble los accidentes causados por conducir sin poner atención a las condiciones de tránsito, siendo el celular el mayor elemento de distracción. Es frecuente ver en Osorno a conductores que van más preocupados de marcar números, de hablar e incluso enviar mensajes, que de poner atención a la vía. Paralelamente, en ese período se han registrado cerca de quince mil muertos a causa de la conducción no atenta a las condiciones de circulación.

El 12 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial la modificación a la Ley de Tránsito que castiga con mayor severidad las conductas al volante relacionadas a la manipulación de celulares y de otros dispositivos móviles que no son originales del vehículo. La normativa llamada Ley No Chat, entró en plena vigencia en 2022 y aumentó las penas para quienes van mirando su teléfono mientras manejan. Se pasó a calificar esta acción como una infracción gravísima, equiparándola a no respetar una luz roja del semáforo o un disco Pare.

El Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transportes ha señalado que estas cifras son preocupantes y se debe abordar el tema con urgencia, ya que reflejan que la conducta de manejar sin estar atento está muy generalizada. Asimismo, ha llamado a avanzar en la fiscalización de los conductores a través de la tecnología.

En 2023, el Congreso despachó a ley el proyecto que creó el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones para fiscalizar vulneraciones a la ley de tránsito de forma rápida usando cámaras y dispositivos automatizados, pero aún no se ha puesto en funciones en todo el país. El uso de cámaras viales ayudaría a atender esta conducta muy prevalente, fiscalización que ya ha tenido buenos resultados en países de Europa y Norteamérica.