La bochornosa compra de la casa de Salvador Allende, más allá de sus detalles jurídicos y administrativos, es una oportunidad para reflexionar sobre los límites al poder público. Esto, porque hasta ahora el análisis se ha limitado a cuestiones coyunturales, como la responsabilidad política del gobierno y la eventual cesación en el cargo de una ministra y una senadora. Pero poco se ha dicho sobre el asunto de fondo: el ejercicio del poder público reviste peligros que es mejor mantener a raya.

Ciertamente, el poder que ejercen nuestras autoridades públicas, en cuya virtud dictan decretos, ordenanzas y reglamentos, tiene como propósito mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sin embargo, dado su amplio margen de discrecionalidad y su estrecha relación con algunas inclinaciones humanas, como la vanidad y la ambición, el poder puede convertirse fácilmente en un instrumento de opresión.

Pues bien, precisamente con el objetivo de excluir la arbitrariedad y de asegurar el pleno disfrute de nuestras libertades, nace el constitucionalismo como una respuesta histórica a la necesidad de sujetar el poder al derecho. No está de más recordar que para eso sirven las constituciones fundamentalmente, para impedir u obstaculizar el abuso de autoridad. Una constitución no es un gran recipiente de políticas públicas, ni un medio para lograr valores como la justicia social, por valiosa que pueda ser, sino una herramienta jurídica que busca limitar el poder público.

En este contexto el caso de las Allende cobra importancia, precisamente porque es un ejemplo mediático que justifica la existencia del derecho constitucional. Los artículos 37 bis y 60 de la Constitución, que prohíben a los ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado, responden a la siguiente lógica: las autoridades políticas pueden, en razón de su cargo, influir decisivamente en cuestiones de ejecución presupuestaria; pero ese poder, del que no goza ningún otro ciudadano de a pie, se justifica sólo en razón del bien común. Por tanto, si la autoridad política decide ejercer sus atribuciones presupuestarias para beneficio propio, dicho poder queda desprovisto de toda justificación racional y se convierte en arbitrario. En definitiva, más allá de la política contingente, vale recordar cómo se relacionan estos tres conceptos básicos de la teoría política: poder, bien común y constitución. Así, el derecho público en general, y el derecho constitucional en particular, busca regular el ejercicio del poder de una manera que propenda al bien común, lo que implica, en sentido negativo, proscribir toda forma de ejercicio arbitrario o irracional, como la compraventa de una casa de una ministra y una senadora por parte de la Administración.

*Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Maule

Redacción

Una mujer de 51 años fue detenida en flagrancia durante la madrugada del viernes, acusada de quitarle la vida a su hijo de 28 años, quien estaba tetrapléjico desde hacía seis años y era dependiente de un soporte vital para mantenerse con vida.

El hecho ocurrió en la comuna de La Pintana, en Santiago, y la imputada fue formalizada por el delito de parricidio.

El caso inicialmente fue reportado como una muerte natural, atribuida a complicaciones derivadas de la condición del joven. Sin embargo, la Fiscalía Metropolitana Sur solicitó la intervención de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), tras detectar inconsistencias entre los relatos de los familiares y las evidencias encontradas en el lugar del suceso.

Evidencias

Según las investigaciones de la PDI, el joven había estado bajo el cuidado de distintos familiares durante los últimos seis meses, y fue llevado nuevamente al hogar de su madre apenas unas horas antes de su fallecimiento. Durante la investigación, se descubrió que la mujer había manifestado abiertamente su intención de acabar con la vida de su hijo.

"El fallecido había estado al cuidado de diferentes familiares, y recién ayer en la tarde había sido entregado al cuidado de su madre, quien fue finalmente la persona que le dio muerte", detalló el comisario Ángel Jaque, de la BH Sur. "Ella desconectó el soporte vital que le suministraba oxígeno y esperó durante 30 minutos hasta que vecinos alertaron la situación", agregó.

Además, la imputada habría compartido su intención de quitarle la vida al joven con vecinos y familiares, incluso enviando audios en los que expresaba que planeaba desconectarlo y escapar del lugar.

Media hora

Tras la desconexión del soporte vital, el joven permaneció sin oxígeno por aproximadamente 30 minutos, tiempo durante el cual su madre no intentó pedir ayuda ni revertir la situación.

Fueron los vecinos, quienes al notar la gravedad del caso, contactaron a los servicios de emergencia. La víctima fue trasladada al Hospital Padre Hurtado. Pero a pesar de los esfuerzos médicos, se constató su fallecimiento en el recinto.

La situación conmocionó a la comunidad de La Pintana, donde el joven era conocido por haber llevado una vida limitada debido a su tetraplejia. Su condición era resultado de un accidente ocurrido hace seis años, lo que lo mantenía completamente dependiente del cuidado de terceros.

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, informó que la mujer sería formalizada por el delito de parricidio.

"Los antecedentes recopilados muestran una acción deliberada y premeditada por parte de la madre, quien incluso había comunicado previamente su intención de acabar con la vida de su hijo. Por ello, hemos solicitado la medida cautelar más gravosa", señaló el fiscal.

La investigación continuará con el objetivo de esclarecer todos los detalles del suceso y determinar las responsabilidades correspondientes.

La mujer fue formalizada la mañana de ayer sábado por el delito de parricidio consumado. Quedó con la medida cautelar de prisión preventiva a lo largo de los 180 días que se ha dispuesto para la investigaciòn de este hecho.