Para mañana está programada la ceremonia en que Nicolás Maduro será ungido presidente de Venezuela por los próximos seis años, con lo que completaría 18 años en el poder tras darse por ganador en la elección de julio pasado, pese a las denuncias de fraude electoral de parte de la oposición y de muchos países, entre ellos Chile, que el martes decidió terminar la misión oficial del embajador ante Caracas, Jaime Gazmuri, lo que fue explicado ayer por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, quien también dio la razón por la cual no se reconoce a Edmundo González como mandatario de ese país.

En radio Cooperativa el canciller explicó que el retiro de Gazmuri se produjo días antes del inicio del nuevo mandato de Maduro porque "nosotros, como el resto de la comunidad internacional democrática, teníamos la expectativa de que se produjera algún proceso de cambio en Venezuela y que después del fraude electoral que se había cometido en la última elección presidencial en el fondo se generara algún proceso de transición, de normalización, de democratización en Venezuela. Ese fue el sentido de mantener todavía un embajador encargado en los temas de Venezuela".

Sin embargo, "las circunstancias no evolucionaron como nosotros esperábamos y como nosotros aspirábamos y, ya ante la inminencia de una toma de posesión de un gobierno que nosotros no reconocemos, nos pareció oportuno poner fin a la misión de Jaime Gazmuri como embajador en Venezuela".

Sobre el no reconocimiento de González, como han hecho otros países, declaró que "a nosotros no nos corresponde reconocer ganadores de elecciones presidenciales en terceros países. Está el caso de Venezuela, pero uno podría imaginar otros casos en que ha habido disputa respecto de quién fue el ganador efectivo de una elección, y no nos parece que nosotros, como un país tercero, debamos proclamar candidatos ganadores".

La Corte Suprema declaró procedente la orden de detención de Pablo Muñoz Hoffman, exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), luego de que el martes en la noche se conociera que fue dejado en libertad por la Justicia boliviana, pese a existir una alerta roja y dos órdenes de aprehensión en su contra emanadas desde Chile.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ofició ayer al máximo tribunal para solicitar la detención y extradición del exfrentista, aprehendido el lunes en La Paz, y del que no se sabía de su paradero desde 1996 cuando participó de la fuga en helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago con otros tres exmiembros de la agrupación terrorista.

La acción de Cancillería fue acompañada de una solicitud del juez del Trigésimo Cuarto Juzgado del Crimen, Edgardo Gutiérrez.

Dado lo anterior, la Segunda Sala de la Corte Suprema declaró horas más tarde procedente la orden de detención provisional de Muñoz Hoffman con fines de extradición. Decisión que fue comunicada a la Cancillería para continuar su tramitación.

Asimismo, se inició el trámite de solicitud de extradición del exfrentista. El Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, debe realizar un informe sobre la solicitud, que posteriormente será revisado por la Segunda Sala del máximo tribunal.

"Lo posible"

Tras la liberación de Muñoz Hoffman 24 horas después de su detención, el canciller Alberto van Klaveren afirmó ayer en radio Cooperativa que "las alertas rojas no siempre tienen un valor vinculante, obligatorio; cada país reacciona frente a una alerta roja de manera distinta y el problema que se produjo es ese".

"El plan A nuestro, como Cancillería, era activar la expulsión y permitir que se produjera lo más rápido posible, porque es un proceso mucho más rápido, mucho más expedito, que un proceso de extradición. Como esa opción, nuestro plan A, falló, tuvimos que activar el plan B. Esa es la situación", añadió el ministro.

Consultado por las críticas de la oposición, que apuntan que el Gobierno tardó en actuar, Van Klaveren aseguró que "nosotros hicimos todo lo posible. Nuestro cónsul general estuvo encima del caso desde el lunes en la mañana, pero obviamente estamos hablando de un tercer país que tiene su propia institucionalidad y la verdad es que no nos queda otra más que respetar esa institucionalidad".

"Lo que pasa es que esa expulsión se abortó en un momento determinado, básicamente porque se consideró que no tenía una base jurídica suficiente, según nos informaron las autoridades bolivianas", sentenció.

"Más vehemente"

El diputado Diego Schalper (RN) insistió en las críticas hacia el Ejecutivo y señaló que "evidentemente para nosotros es motivo de preocupación que una instancia judicial boliviana deja en libertad, sin medidas cautelares, a una persona que tiene dos órdenes de detención internacional y estaba cumpliendo condena en Chile".

"Nos parece que el Gobierno chileno en esto tiene que tener una actitud mucho más vehemente", aseveró el legislador.

En esa línea, apuntó que "parecía que avanzábamos en terminar con esta idea de que no se podía reconducir ciudadanos que no fueran bolivianos por la frontera, especialmente en Colchane, y nos salen con este balde de agua fría. Esperamos que las autoridades chilenas muestren vehemencia, como muchas veces nos han mostrado al respecto el Gobierno boliviano".