En Osorno, muchos adultos mayores, especialmente quienes superan los 65 años, recurren al trabajo temporal en huertos de frambuesas y arándanos entre enero y marzo para complementar sus bajas pensiones. Este empleo les permite ganar hasta $600 mil, dinero que destinan a necesidades básicas como leña y medicamentos para el invierno.
"Estamos muy optimistas porque el inicio de la temporada comenzó con mucha fuerza".
Rolando Mera, presidente de la Corporación de
Redes Turísticas de Puyehue, por comienzo del verano.
La infraestructura pública no es solo concreto y acero; es una herramienta poderosa para conectar comunidades y mejorar la calidad de vida. Por eso, iniciativas como el Manual de Relacionamiento Comunitario para Concesiones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), lanzado recientemente, representan un avance significativo hacia un desarrollo más humano y sostenible.
El sector privado, según el cientista político Paulo Muñoz, ha tomado un rol importante al incluir a las comunidades desde el diseño hasta la operación de proyectos concesionados. Este enfoque busca no solo cumplir con estándares normativos, sino también construir relaciones de confianza, mitigar impactos negativos y potenciar los beneficios sociales. El manual establece principios claros: diálogo temprano, conocimiento del contexto local y una estrategia de relacionamiento que prioriza las necesidades y preocupaciones de los actores involucrados.
Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es la participación ciudadana. En este sentido, el trabajo que ya realiza el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con su programa Buen Vecino es un buen ejemplo de trabajo con las comunidades y para el cual este manual puede ser un complemento. Este programa demuestra que la infraestructura debe estar al servicio de las personas, no al revés. Al promover una visión más inclusiva, el MOP y la CChC están estableciendo un modelo que otros sectores podrían seguir: una infraestructura centrada en el bienestar ciudadano.
La integración del sector privado en estas iniciativas no solo marca un cambio positivo, sino que también subraya su compromiso con el desarrollo sostenible. Cuando se prioriza a las personas, estas obras trascienden su función operativa para convertirse en verdaderas herramientas de transformación y en espacios de identidad local.
La infraestructura tiene un propósito mayor: conectar, inspirar y mejorar la vida de quienes la rodean.
Al hacer el balance de 2024, como Multigremial Los Lagos vemos con satisfacción que hay una serie de noticias positivas que nos llenan de esperanza; acciones que hemos impulsado y aportan al desarrollo del sur. Asimismo, estamos confiados que estas serán respaldadas por las nuevas autoridades; porque van en la senda del crecimiento y la reactivación. Pero así también, hay una serie de aspectos normativos y de aplicación de las leyes que nos preocupan y desafían a seguir profundizando en sus mejoras.
La Ley de Humedales, la Ley sobre Agilización de Permisos de Construcción, la Norma Euro 6 que aplica a la maquinaria agrícola, el nuevo proyecto de reforma tributaria; por nombrar algunas. Pero sin duda, hay un tema que resulta particularmente inquietante, porque afecta significativamente a industrias relevantes de nuestra región, como la salmonicultura, la mitilicultura, la industria marítima portuaria y a toda la cadena de valor de estos sectores productivos; además de tener afectos, también, en el desarrollo de ciertas obras públicas. Nos referimos a la Ley Lafkenche.
Los gremios hemos confiado desde un inicio en la buena fe de la aplicación de esta ley. Entendemos que se desarrolló con el fin de resguardar usos y costumbres de las comunidades indígenas que habitan los bordes costeros del sur austral y buscar equilibrios en los diversos usos de éste; pero en la práctica, nada de eso ha sucedido.
Los representantes de las industrias del chorito, marítimo portuaria y salmoneras han votado en muchos casos a favor de las solicitudes de las Ecmpo (Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios), cuando se ha observado un buen ánimo de lograr acuerdos y establecer ciertos equilibrios. Pero no han encontrado similar disposición desde algunos solicitantes. Incluso, la autoridad política ha declarado que la ley debe ser revisada, porque advierte que su aplicación está generando conflictos entre los propios vecinos de las comunidades.
Como Multigremial Los Lagos estimamos que este es un tema que ha superado a los principales incumbentes; y se ha instalado como un tema transversal, que afecta a la región y al país. Esto ya no sólo tiene que ver con los conflictos que se suscitan entre las comunidades y quienes operan en los bordes costeros, sino que se ha transformado en un problema político-social; que además afecta a la pesca artesanal, a otras comunidades, sectores productivos y al propio Estado, a través de la paralización de obras públicas.
Por lo mismo, y porque entendemos que este es un problema que ya se ha arrastrado por mucho tiempo, es que llamamos a las autoridades a revisar la ley y buscar con urgencia vías de mejora, para favorecer el desarrollo de las zonas costeras y el bienestar de las comunidades; lo que en definitiva será un beneficio para todos los habitantes del territorio.
La plaza de Armas sigue siendo el sector más visitado de la ciudad y el favorito de los turistas. Sin embargo, a pesar de su carácter estético en el pasado, actualmente requiere reparaciones como punto inicial de un mayor plan de mantenimiento. A comienzos de 2002, el Concejo Municipal prometió una reparación que no se concretó.
El jefe provincial de la Junaeb, Juan Oscar Damm, confirmó que los 368 cupos asignados a la comuna de Osorno para que alumnos de los establecimientos educacionales pudieran concurrir a los campamentos de verano, fueron derivados a niños de Puerto Montt, en vista de que la municipalidad local manifestó no tener presupuesto para financiar el traslado.