La idea de regularizar en forma "acotada" a las personas que hayan ingresado al país por lugares no habilitados, pero que después se han acogido al proceso de empadronamiento, ayer fue nuevamente defendida por el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien, ante los cuestionamientos, afirmó que "no hay evidencia en el mundo de que los procesos de regularización signifiquen efectos llamados" a que más ciudadanos extranjeros vengan al país, independiente de su condición legal. La Moneda argumenta razones económicas y de seguridad.
"El Ejecutivo está estudiando un proceso de regularización acotada respecto de las personas que participaron del proceso de empadronamiento", afirmó la autoridad, lo cual permite conocer "cuál es el perfil de esas personas, en qué situación se encuentran".
Tras la medida, continuó Cordero, "hay una razón de seguridad, saber dónde están esas personas y evitar su exclusión, porque a las personas migrantes no regularizadas que no han cometido delito, uno tiene que evitar que sean expuestas a esa comisión, sea porque son activos cometiendo delitos, o sea porque están expuestos a bandas criminales o la comisión de delitos con ellas".
En segundo lugar, "hay razones económicas: (...) en una conferencia que tuvimos en la OIT (Organización Internacional del Trabajo) con líderes de los sectores empresariales del país, se entregó el estudio del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los impactos económicos que suponen los migrantes en Chile", afirmó el subsecretario, de modo que "hay razones económicas y de seguridad, pero particularmente en este caso de seguridad, para iniciar seriamente un estudio de un proceso de regularización acotada".
Los empadronados suman "182.000, lo que no significa que esas personas todas puedan ser objeto de regularización", dijo Cordero, ya que "el Ejecutivo está trabajando en ese mecanismo" de requisitos para permanecer en el país.
La autoridad invitó "a la lectura del informe del BID y del Banco Mundial, donde no hay evidencia en el mundo de que los procesos de regularización signifiquen efectos llamados" para el acceso por pasos no habilitados. "La evidencia disponible", destacó, muestra "el efecto contrario. Sólo recordar que en la segunda administración del (ex) Presidente (Sebastián) Piñera existieron dos procedimientos de regularización que beneficiaron a más de 310.000 personas".
Sobre el plazo, el subsecretario señaló que "decían que iba a ser desde aquí a final de año, eso no va a ser" porque La Moneda "está iniciando el proceso de estudio", donde "hay que regular el procedimiento administrativo y existe una glosa presupuestaria que establece que todo proceso de regularización debe hacerse por Ley" e irá al Tribunal Constitucional (TC).
Horas antes, Cordero dijo que para la regularización, aparte de cumplir los requisitos aún indefinidos, se observará el "arraigo laboral o familiar".
Gobierno anterior
El exasesor en migración de Piñera, Mijail Bonito, dijo a La Segunda que "la autoridad no tiene facultad para crear un registro público de extranjeros migrantes irregulares y, de obtener tal información, su obligación legal es proceder a su expulsión, no a la regularización".
