Primera denuncia por "Ley Karin" termina con el despido de la víctima
LOS LAGOS. Presidenta de la Anef criticó que no se hayan seguido los plazos que contempla la norma. De paso, valoró el fallo que revirtió dictamen de contralora.
Con una resolución de despido de la víctima terminó la primera denuncia por "Ley Karin" que se presentó en la Región de Los Lagos desde su entrada en vigencia, el pasado 1 de agosto, situación que fue puesta en tela de juicio ayer por la directiva regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), que está solicitando una reconsideración de la sanción aplicada.
La denuncia fue presentada el 4 de agosto, apenas 3 días de su entrada en vigencia, por la abogada de la Unidad de Regularización del Decreto Ley 2.695 de una Secretaría Regional Ministerial en Los Lagos, Clara Hernández Mansilla, en contra de su superior jerárquico y otros.
De acuerdo a lo relatado por la propia denunciante, el 20 de noviembre pasado recibió una notificación por correo electrónico en la cual se le informaba que se acogía a trámite su denuncia; no obstante, 8 días después se le informó de su desvinculación.
Si bien, la abogada reconoció que este tipo de denuncias se tramitan bajo secreto, toda vez que la normativa busca la protección de la o los denunciantes, afirmó que decidió hacer público su caso debido a que, a su juicio, "no se ha cumplido estrictamente ni en los plazos ni en las formas de cómo debe llevarse a cabo un procedimiento sumarial o el procedimiento de denuncia propiamente tal", manifestó.
Sobre el caso se pronunció Pamela Espinoza, presidenta regional de la ANEF, durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por miembros de la mesa del sector público. "Pese a la alegría que nos generó en su momento la entrada en vigencia de la ley Karin, porque sentaba un buen precedente de protección a quienes vivían situaciones de maltrato laboral, de acoso laboral, de acoso sexual, nosotros hoy día enfrentamos el despido, precisamente, de la primera denuncia que hubo en la Región de Los Lagos", detalló.
En ese sentido, Espinoza acusó que en este caso no se siguieron los pasos ni los tiempos acordados en la norma. "Queremos denunciar de que pese a que hubo un enorme esfuerzo en torno a poder llegar a un acuerdo respecto a una mayor protección, a través del Convenio 190, que obligó al Estado chileno a tener una ley en este sentido, hoy vemos cómo pierde su empleo quien denuncia por ley Karin. Clara fue la primera persona que denunció en la región a través de la ley Karin y hoy día, sin una tramitación del sumario, pierde su fuente de empleo", explicó.
Por esta razón, añadió que se está solicitando una reconsideración de esta decisión, con la finalidad de que la funcionaria pueda recuperar su fuente laboral. "Estamos esperando que se revisen nuevamente las razones por las cuales ella pierde su empleo y se reconsidere el que ella vuelva a recuperar su fuente laboral", reiteró la dirigenta.
Cabe recordar que, desde la puesta en marcha de la ley Karin, en la Región de Los Lagos se han presentado alrededor de 25 denuncias.
Confianza legítima
La presidenta regional de la Anef aprovechó la instancia para referirse a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que frenó a través de una orden de no innovar el dictamen E561358 -del 6 de noviembre de 2024- de la contralora General de la República, Dorothy Pérez, el que trata sobre cuántos años bajo la modalidad a contrata se necesitan para obtener la "confianza legítima", es decir, la seguridad de que las renovaciones anuales serán reiteradas en el futuro. Si bien Contraloría había estimado que ese plazo era de 2 años, la Corte Suprema había expresado en reiterados fallos que en realidad son 5.
Junto con calificar el fallo como una "señal importante", Pamela Espinoza comentó que están a la espera de lo que suceda en la mesa de negociación con el Gobierno, "y que ojalá se avance en una normativa miscelánea de la Ley de Presupuestos en donde se aborde esto y en definitiva permita que efectivamente exista estabilidad laboral y no estemos como trabajadores y trabajadoras al vaivén de la subjetividad de quien administre el Estado o cualquiera de sus instituciones o los municipios o la institución que sea", dijo.
Por su parte, Beatriz Sotomayor, presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Puerto Montt, comentó en relación a los 45 funcionarios a contrata a quienes la administración del alcalde suplente Fernando Binder no les renovó contrato para el próximo año, que como mesa del sector público esperan poder revertir la decisión a través del diálogo con las nuevas autoridades.
"Tenemos la esperanza de que esta decisión, digamos, de una Corte de Apelaciones que no es la de Puerto Montt, pueda beneficiar a todos los funcionarios públicos de Chile; que sentó un precedente, digamos, para las reclamaciones que se van a realizar próximamente", apuntó.
Sotomayor agregó que "los funcionarios municipales que fueron desvinculados son funcionarios de contrata, gente que ha sido contratada para realizar funciones específicas. Hay cajeros, hay profesionales, hay personas que atienden el tema del alumbrado público, hay choferes, hay asistentes sociales. Son funcionarios que están trabajando permanentemente en el municipio", por lo que pidió que el alcalde electo Rodrigo Wainraihgt pueda revisar la situación caso a caso en función de la expertise y calificaciones de los funcionarios cesados.