Hace algunos meses, el gerente general de Multi X, Cristian Swett, planteó una pregunta incómoda: ¿cuál es el interés de las ONG extranjeras que financian la activa oposición a la salmonicultura chilena? Para ilustrar el problema, señaló que el país cuenta con 11 millones de hectáreas disponibles para esta industria y utiliza apenas 4.000, es decir, menos del 0,1%. Noruega, con 9 millones de hectáreas potenciales, produce hoy 56% más que Chile y lidera las exportaciones globales de salmón.
Esta inquietud no es nueva. Durante el debate sobre HidroAysén, entre 2007 y 2011, una campaña millonaria logró que el rechazo ciudadano al proyecto aumentara del 36% al 74%. En ese entonces, Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo del proyecto, cuestionó que "las ONG deben transparentar sus recursos: me sorprende que no haya campañas contra las termoeléctricas y sí contra HidroAysén".
El impacto de estas oposiciones no se limita al sur. En la zona central, los proyectos de megapuertos en San Antonio y Valparaíso enfrentaron una férrea resistencia desde inicios de la década pasada. Mientras tanto, Perú, con una visión estratégica, desarrolló represas para abaratar la energía destinada a su minería y, recientemente, inauguró el megapuerto de Chancay, consolidando su ventaja competitiva frente a Chile.
Es innegable que la crisis ambiental de Celco en 2004 en Valdivia, que causó la contaminación de aguas y la muerte de cisnes, encendió una alerta necesaria sobre el impacto ambiental de las grandes inversiones. Este episodio marcó un antes y un después en la evaluación de proyectos, incluyendo la paralización de iniciativas como la Ruta Costera. Sin embargo, la legítima preocupación medioambiental no debería convertirse en un obstáculo insalvable para el desarrollo económico del país.
Hoy, Chile enfrenta un crecimiento estancado y la fuga de inversiones hacia países que ofrecen condiciones más estables. Es imperativo cuestionar las motivaciones detrás de los recursos que financian la oposición a proyectos estratégicos. Como dice el refrán, "el infierno está pavimentado de buenas intenciones", y también, "nadie sabe para quién trabaja".
Las preguntas que plantearon Fernández en 2011 y Swett en 2024 siguen vigentes: ¿quién financia estas campañas y con qué propósito?. Transparentar estos intereses no sólo es necesario, sino urgente para garantizar un debate equilibrado que permita a Chile recuperar su capacidad de crecer y competir.