Hoy tenemos, al menos, dos problemas con los funcionarios públicos. El primero es que son demasiados. Cuando un partido llega al poder se ve obligado a recompensar a sus adherentes. Y como hay gente que no tiene un buen trabajo, ¿qué mejor que conseguirles un puesto en la función pública?
Sin embargo, hoy tenemos un segundo problema, que es todavía más grave. En el mundo público se han difundido cada vez más ciertos comportamientos que, en el fondo, constituyen un chantaje.
Me explico. Todos entendemos que una botella de agua en el desierto sea más cara que en la ciudad. Ahora bien, si a causa de un accidente una persona ha tenido que caminar todo el día sobre las arenas y está a punto de morir de sed ninguno de nosotros aprobaría que alguien ofreciera al desventurado caminante una botella de agua a cambio de que firme un documento donde le transfiere su casa. Nos causaría furia ese abuso.
Lamentablemente, esto es lo que ha sucedido con un buen número de funcionarios públicos. Ellos están en una situación única, porque no se encuentran sometidos a la competencia y muchos realizan funciones vitales para el país. Por eso, desde muy antiguo el legislador, que solía ser muy sabio, señaló que ellos no tienen derecho a huelga. Evidentemente, no es lo mismo que los empleados de una tienda de ropa hagan una huelga, a que los que detengan sus labores sean los policías o las personas encargadas de controlar las fronteras.
Por eso, si en algún lugar hay funcionarios públicos que se atreven a hacer algo semejante, cualquier gobernante consciente de su misión debería aplicar la ley y despedirlos, porque esos chantajistas son un peligro para la sociedad.
Es famoso el caso de la huelga de 13 mil controladores aéreos de los 17 mil que había en los EEUU en 1981. Fue en agosto, época donde se concentraba la mayoría de los vuelos de verano. Era tal el daño que causaban, que el presidente Ronald Reagan les dio un ultimátum de 48 horas para volver al trabajo. Como no cumplieron, los reemplazó por personal de la Fuerza Aérea junto a otros técnicos y despidió a 11 mil. Desde entonces a nadie se le ha ocurrido hacer algo semejante. ¿Fue una medida agradable? No, pero él sabía cuál era su deber.
El problema es que, después de Lagos, nuestros presidentes no siempre han hecho cumplir la ley. Por eso, en los últimos años ha sido frecuente este tipo de huelgas. Recordemos la del Registro Civil, en plena pandemia: ¡la gente no podía ni siquiera casarse!, o los paros de portuarios en plena época de exportación de la fruta. Este caso es especialmente abusivo, porque la fruta se pudre, el país pierde millones de dólares, y mucha gente ve, impotente, cómo se esfuma el resultado de todo un año de trabajo. Además, los productores más pequeños no tienen capital para pagar los créditos contraídos para trabajar.
También ha sido muy grave la reciente huelga en los aeropuertos. Además de provocar graves perjuicios a las personas, afecta muy seriamente la imagen exterior del país. Otro tanto sucede con las del SAG en el terminal aéreo, y otras que anuncia para los puertos. Todas estas prácticas constituyen un auténtico chantaje más digno de la mafia que de unos servidores públicos.
¿Qué hacer? Una posibilidad es esperar que actúe el Estado. Pero nuestras autoridades sólo son capaces de llegar a ciertos acuerdos que muchas veces son lesivos para el país. Estos huelguistas son tan poderosos que nos ponen entre la espada y la pared para que aceptemos sus condiciones. De esta manera, aprenden que esas huelgas ilegales son muy rentables, que permanecen en la impunidad, y así queda preparado el camino para la próxima.
La otra posibilidad sería que los ciudadanos afectados demandaran por daños y perjuicios a los propios organizadores. Con esto se llevarían un buen susto, porque descubrirían que estas huelgas ilegales pueden tener graves consecuencias económicas para ellos mismos. En la práctica, se terminaría el problema de raíz.
Ahora bien, ¿quién será el primero que se atreva a entablar esas demandas que mostrarían que en Chile todavía es necesario respetar la ley? Quien lo haga habrá prestado un señalado servicio a la república.
