El venezolano Maickel Villegas Rodríguez, sospechoso del asesinato en febrero pasado del exmilitar de su país Ronald Ojeda, quedó sometido a la medida cautelar de prisión preventiva, tras ser formalizado de forma telemática en el Centro de Justicia de Santiago.

El acusado, de 28 años, fue extraditado hacia Chile el martes por las autoridades de Costa Rica luego de que fuera detenido en ese país el pasado 12 de julio cuando pretendía ingresar desde Panamá, oportunidad en la cual el control biométrico y el sistema reflejaron una alerta roja sobre él por este crimen.

Ronald Ojeda, disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el pasado 21 de febrero en su departamento y sus restos fueron hallados 10 días después, sepultados debajo de un bloque de cemento.

Tras imputar al sujeto por el delito consumado de secuestro con homicidio, el fiscal Metropolitano Sur Héctor Barros explicó que "la participación original de él estaba destinada a hacer una vigilancia en torno al sitio del suceso, y a hacer una filmación para efectos de enviarla a terceras personas, toda vez que es una de las formas en que el Tren de Aragua por lo general opera: sacando videos y enviándolos a los que 'encargan'" estos crímenes.

"La segunda etapa se da porque el vehículo en el que trasladan a la víctima queda en panne en el kilómetro 20 de la Costanera Norte, y eso los hace además requerir la participación de él para sacar a los falsos policías y trasladarlos a San Bernardo", detalló el persecutor.

En medio de una intensa jornada en la Sala del Senado, el Gobierno avanzó ayer en la aprobación de partidas clave del Presupuesto 2025, como el reforzamiento de recursos para la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que habían sido rechazados en primera instancia. Sin embargo, el debate se tensó tras la ratificación de dos controvertidas enmiendas impulsadas por la oposición, que el Ejecutivo calificó de inadmisibles y anunció que impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC).

Una de las enmiendas aprobadas permite que los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU) soliciten que el avalúo fiscal de sus propiedades sea considerado de cero pesos, lo que implicaría eximirlos del pago de contribuciones. La otra establece controles de drogas semestrales obligatorios para el Presidente de la República, ministros y subsecretarios.

Ambas medidas fueron respaldadas en la Cámara Alta pese a los reparos del Ejecutivo.

Respecto de la exención del pago de contribuciones para adultos mayores, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuestionó la medida señalando que es "inadmisible por tratarse de un tema tributario", una materia que la Constitución reserva exclusivamente al Presidente.

El secretario de Estado explicó además las implicancias prácticas que la enmienda podría generar: "Sus autores buscaron que los beneficiarios de la PGU no pagaran contribuciones, pero se hace mediante la reducción del avalúo fiscal a cero. Esto significa que si alguien tiene como garantía una propiedad y queda con avalúo cero, la garantía pasa a valer nada. Significa que si se va a expropiar una propiedad por Obras Públicas, podría hacerse por cero pesos".

Marcel reiteró que recurrirán al TC para impugnar la enmienda y lamentó el resultado: "Considero realmente lamentable que se haya votado a favor de una glosa tan evidentemente inconstitucional como la que estamos analizando".

La otra norma aprobada es aquella que obliga al Presidente, ministros y subsecretarios a someterse a controles de drogas semestrales. Pero por tratarse de una ley que solo rige durante un año, estaría vigente solo para autoridades del actual Gobierno y no para el que lo suceda en 2026.

Desde el Ejecutivo se mostraron abiertos a la idea de los exámenes, pero enfatizaron que su incorporación en la Ley de Presupuestos no es "la forma más idónea". Por eso, ante su ratificación, el titular de Hacienda hizo reserva de constitucionalidad.

Al haber sido ratificadas por el Senado, ambas enmiendas no serán revisadas en un tercer trámite ni en una comisión mixta y por ello el Gobierno pedirá el pronunciamiento del TC para intentar revertirlas.

El doctor Enrique Paris, exministro de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, enfatizó en la necesidad de decretar alerta sanitaria por la crisis que se ha presentado con las listas de espera en hospitales.

En entrevista con radio ADN, el médico sostuvo que "lo más grave de todo es que hay 86.805 personas con garantías auges vencidas y la gente se podría querellar contra el Estado. A lo mejor hay que decretar alerta sanitaria, lo que da herramientas al Ministerio de Salud para tomar otras medidas".

"Hay un problema de salud gravísimo y el subsecretario tiene que responder, porque no podemos seguir aceptando que fallezca gente en la lista de espera. ¿Cómo no responden? Creo que salud no ha sido prioridad para este Gobierno", aseguró quien fuera secretario de Estado durante la pandemia de covid-19.

También cuestionó la forma en que el Ejecutivo ha enfrentado la discusión de la Ley de Presupuesto 2025 en salud: "Se presenta nuevamente un protocolo de acuerdo en circunstancias en que el protocolo de acuerdo que se firmó para el presupuesto del año 2024 no se ha cumplido en más de dos tercios. Entonces, los parlamentarios están muy molestos porque los convencieron de votar a favor el año pasado".

Añadió que "se le está exigiendo mucha más gestión al Ministerio de Salud para poder aprobar este presupuesto, que además es histórico, va a llegar a los 15 billones de pesos, una cifra que es casi imposible de entender".