Sergio Silva Vásquez
Juan Carlos lleva seis meses separado y, al acudir a renovar su licencia de conducir, que estaba por vencer, recibió con sorpresa la noticia de que no podría realizar dicho trámite porque su nombre figuraba en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
"Fui al centro y a Rahue, a las oficinas de la municipalidad, pensando que podía ser un error, pero es así. Ahora debo arreglar mi situación para poder renovar mi licencia, que me permite trabajar. Tendré que ir al tribunal o consultar con un abogado que me asesore, porque hace poco me distancié de la madre de mi hija y, para mí, esto es nuevo. Al parecer, ella me demandó, porque esa es la única forma en que me puede pasar esto, según me explicaron", comentó el joven rahuino de 27 años.
Desde el 22 de noviembre de 2022, se puso en marcha el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (Rndpa), donde se incluyen las personas que adeudan tres meses continuos o cinco discontinuos de sus obligaciones alimenticias.
La ley establece una serie de consecuencias para el deudor, tales como que los municipios no den curso a las solicitudes de licencia de conducir, que el Registro Civil no acepte la solicitud de pasaporte, y la retención de la devolución de impuestos, así como de hasta un 50% de los fondos de créditos pedidos por 50 UF o más.
Realidad local
En el marco de la Ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el Juzgado de Familia de Osorno ha presentado un total de 187.182 personas informadas en el sistema.
De dicho universo,55.504 han pagado el saldo que mantenían, lo que representa un 29,6%, dejando 131.678 envíos con registro activo; es decir, el 70,3% de la deuda sigue vigente.
"Algunos han pagado la deuda de manera total; se hace la petición y el tribunal oficia al Registro Civil para que lo excluya del sistema. Hay un porcentaje bien residual, de uno o dos por ciento, que se le sacó del registro aunque no hayan pagado la totalidad, porque se llega a un acuerdo que el tribunal debe calificar y que no es cualquier acuerdo; debe ser serio y calificar que tiene ciertas garantías o se establece en un cronograma de pago de acuerdo con la realidad económica de la persona", comentó el juez presidente del Tribunal de Familia de Osorno, Mauricio Reusse Staub.
El magistrado señaló, además, que en la jurisdicción del tribunal, que abarca cinco comunas, la cifra económica es bastante alta.
"De acuerdo con los registros informáticos del Poder Judicial, actualizados al 27 de octubre de 2024, la deuda por pensiones de alimentos en las comunas de Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay asciende a $446.521.790.372. Estamos hablando de miles de causas. Es una realidad que va variando mes a mes, pero al alza".
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos es una base de datos electrónica y pública que tiene por objetivo coordinar diversas medidas legales, a fin de promover y garantizar el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos.
"Aunque el volumen de deudas sigue en aumento, también se ha registrado una mayor eficacia en el cumplimiento de los pagos, lo cual está directamente relacionado con las sanciones que establece la ley", señaló el magistrado.
Normativa
La ley establece una serie de consecuencias en contra del deudor, tales como lo que le pasó al rahuino que no pudo renovar su licencia. Además, si el deudor vende un vehículo o un inmueble, se puede impedir la inscripción de la compraventa si no se dan las garantías que aseguren el pago de la deuda de la pensión de alimentos o si no se han realizado las retenciones y pagos establecidos.
También se pueden retener ciertos beneficios estatales, remuneraciones, honorarios, ciertas pensiones e indemnizaciones por término de relación laboral, o el embargo de bienes, indicó el magistrado de familia.
5 son las comunas que están en la jurisdicción del Tribunal de Familia, emplazado en calle Los Carrera 1400 interior.
29,6% de la deuda ha sido pagada en el juzgado por los denunciados, quedando un 70,3% pendiente a la fecha.