El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue condenado ayer en un tribunal de Nueva York a penas que suman más de 38 años de cárcel además de dos millones de dólares de multa, por delitos de narcotráfico y crimen organizado, y por haberse beneficiado de millones de dólares pagados por el Cartel de Sinaloa.

García Luna, de 56 años, que escuchó impertérrito la sentencia, fue el máximo responsable de la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón, en el gobierno de 2006 a 2012, época en la que tuvo bajo su responsabilidad toda la estrategia de lucha antinarcóticos.

El juez Brian Cogan, en su discurso final en el que leyó la sentencia, lo acusó de haber llevado una doble vida, "compatibilizando su papel en una entrañable familia con otro como facilitador de una gran empresa criminal" al servicio del cartel de Sinaloa.

Se trata del más alto funcionario mexicano condenado hasta el momento en Estados Unidos, y su caso se suma al de otros mandatarios, como el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado el pasado junio a 45 años de cárcel, también por delitos de narcotráfico.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró ayer al cuerpo diplomático acreditado en el país que la investigación abierta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña de 2022 viola el "fuero presidencial".

Así lo informó el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, tras la reunión que tuvo el mandatario con los embajadores en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en la que también hablaron de otros temas como la COP16 y la paz en el país.

"Planteamos que aquí lo central es la protección del fuero presidencial (...) que sumado al fuero presidencial, el presidente Petro tiene una condición especial por las medidas cautelares que están en el marco de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", expresó Murillo en una declaración a la prensa.

El CNE consideró la semana pasada que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.

Según expertos en temas constitucionales, el cargo del presidente Petro no está en riesgo por la investigación y formulación de cargos del CNE contra su campaña de 2022 por la supuesta violación de los topes de gastos.

"golpe de estado"

El mandatario está convencido de que la actuación del CNE es un "golpe de Estado" e incluso llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pues considera que ese organismo ha extralimitado sus funciones y no ha respetado su fuero presidencial.

Así, el propio Petro explicó, en un mensaje en su cuenta de X, que se reunió con el cuerpo diplomático para "explicarles paso a paso como se ha desarrollado el golpe de estado en Colombia y lo que vendrá en los próximos meses".

"Como presidente de la República es mi deber informar al mundo de la alianza criminal que se ha forjado contra el voto popular en el país", apuntó el presidente.

Por su parte, el canciller insistió en que "con las decisiones que se han tomado por un organismo administrativo, que además es un organismo apolítico, se viola por un lado el fuero presidencial, pero además esa condición especial de medidas cautelares que el presidente tiene".

Las medidas cautelares de las que habla Murillo vienen de la época en la que Petro acudió a la CorteIDH cuando la Procuraduría (Ministerio Público) le suspendió en 2013 cuando era alcalde de Bogotá, por supuestas irregularidades en el trámite de un contrato de recolección de basura.

Entonces, la CorteIDH determinó que sus derechos políticos fueron afectados por la sanción disciplinaria de la Procuraduría, quien no tiene competencias para inhabilitar a un funcionario democráticamente electo.

Murillo señaló que la de ayer fue "una reunión informativa, como funciona la diplomacia; obviamente hay un intercambio de preguntas, de respuestas, de un diálogo muy constructivo y los representantes diplomáticos acreditados en Colombia informan a sus Gobiernos, tienen planteamientos de primera mano que les permiten informar aún mejor lo que está sucediendo".

El expresidente peruano Alejandro Toledo, de 79 años, pidió ayer a los jueces que lo procesan por colusión y lavado de activos que lo dejen "curar o morir" en su casa, tras reiterar su inocencia en el alegato final.

En la última audiencia del primer proceso abierto contra un expresidente peruano por presuntos sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht, Toledo recordó que estuvo tres años bajo arresto domiciliario en Estados Unidos antes de ser extraditado a Perú para afrontar el juicio oral también detenido.

"Les pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa" de Lima, expresó Toledo a los magistrados, después de mencionar que padece cáncer y problemas del corazón.

El exmandatario subrayó: "Yo soy inocente, nunca hice ningún arreglo con el (exdirectivo de Odebrecht en Perú) señor (Jorge) Barata, mucho menos con (el supuesto testaferro Josef) Maiman".

Tras escuchar al exgobernante, la sala judicial anunció que el próximo lunes hará la lectura del adelanto de fallo, dado que Toledo es procesado junto a decenas de coacusados, entre los cuales figuran exfuncionarios y empresarios peruanos.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, Barata confesó haber pagado 35 millones de dólares a Toledo por recibir la concesión de dos tramos de la carretera Interoceánica sur, los mismos que fueron depositados en cuentas bancarias de empresas de Maiman.

El propio Toledo admitió en el juicio que Maiman pagó las últimas cuotas de la hipoteca de su casa en Lima, sin precisar por qué ni de dónde provino ese dinero.

"gángster internacional"

En su alegato final, el expresidente dijo que ahora sabe que "el señor Maiman es un gángster a nivel internacional, con corbata y avión propio" y que, con la ayuda de especialistas contratados, han logrado ubicar la "ruta del dinero" que surgió de una "complicidad de Odebrecht con la organización de Maiman".

"Maiman ha recibido, de parte de Odebrecht, 43 millones de dólares, adicionalmente un millón de euros", indicó Toledo, los cuales dijo que están en un banco suizo administrados por un familiar suyo.

Toledo también recordó que la construcción de la carretera Interoceánica surgió de una reunión que sostuvo con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su primer gobierno.

"Surgió la necesidad de cómo hacemos para que nuestra economía crezca. Ahí surge el tema (de Brasil) de tener acceso al Pacífico", a través del territorio peruano, afirmó Toledo.

"Encontramos la economía en recesión" tras el Gobierno de Alberto Fujimori y "tratamos de estimular la inversión privada", anotó.

Sobre este caso, el fiscal peruano José Domingo Pérez ha pedido 20 años y 6 meses de cárcel contra Toledo por presuntamente haber pedido un soborno de 35 millones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht para otorgarle la concesión de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.