La obesidad y el sobrepeso es un problema de salud pública que tiene múltiples causas y que ha alcanzado niveles epidémicos a escala global, llegando a ser definido como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según datos entregados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 74% de los adultos chilenos padece esta enfermedad, lo que posiciona a nuestro país como el con mayores índices de obesidad y sobrepeso en la región.

Este problema sanitario tiene múltiples causas, pero entre ellas la más notoria es la mala alimentación. Así lo detalla la Sociedad Chilena de Obesidad, que plantea esta se produce cuando alguien ingiere más calorías de las necesarias, ya que el cuerpo almacena estas calorías en exceso como grasa corporal, y con el tiempo los kilos de más se acumulan.

Asimismo, el organismo observa otros factores, como los ambientes y hábitos poco saludables, donde además de una mala alimentación se agrega la poca actividad física, el pasar demasiadas horas frente a computadores de escritorio, dispositivos móviles y una mala calidad del sueño.

Es necesario que la población tome conciencia de este problema que puede derivar en múltiples enfermedades y, de hallarse dentro del porcentaje de personas que sufren sobrepeso y obesidad, se tomen acciones que lleven a tener un peso adecuado, ya que eso redundará en la salud y en definitiva en una mejor calidad de vida.

Un reciente artículo de El País destacó que, entre 2015 y 2024, los precios de las viviendas han subido 54% en Estados Unidos, 32% en China y casi 15% en la Unión Europea. La preocupación global por este tema ha llevado a expertos a advertir que, de mantenerse la tendencia, la propiedad, históricamente defendida por la derecha como un derecho esencial, podría volverse inalcanzable para la mayoría de la población en las próximas dos décadas.

En Chile, la situación es alarmante. Entre 2002 y 2021, el Índice de Precios de Vivienda subió 170% real, mientras que las remuneraciones sólo crecieron 46%. A esto se suma un mercado de créditos hipotecarios restrictivo, otro elemento que ayuda a la contracción de la compra de propiedades. Un reflejo de esta crisis es que el 75% de los empleos del sector construcción se han destruido en los últimos cinco años.

A nivel mundial, el precio del hierro ha caído 50% desde 2021, como efecto de la desaceleración global. Según la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en el país hay 70.000 permisos para construir viviendas, pero las condiciones del mercado no incentivan el desarrollo. El Gobierno ha otorgado facilidades para evitar que estos permisos caduquen y mientras existen más de 100.000 viviendas sin vender, el déficit habitacional, especialmente en viviendas sociales, ronda las 600.000 unidades.

La realidad es clara: la clase media enfrenta serios obstáculos para adquirir una vivienda, mientras que el Estado no logra satisfacer la demanda de viviendas sociales. En este escenario, la permisología, la especulación inmobiliaria y las reglas medioambientales poco claras, agravan el problema. Un ejemplo de esto último es Puerto Montt, donde 1.900 hectáreas están congeladas por declaratorias de humedales en trámite que impiden ejecutar obras fuera del área protegida, porque al estar en estudio, se desconoce su delimitación real, lo que es una falla de los servicios encargados de proteger los ecosistemas sin afectar otras actividades, a no ser que el objetivo real sea generar una paralización inmobiliaria. Otro caso emblemático es Osorno, donde desde 2022 las viviendas sociales a emplazarse en el Predio Baquedano, de casi 20 hectáreas, quedaron sin movimiento desde su declaratoria de humedal.

¿Es posible salir de este estancamiento?. Todo indica que la solución requiere voluntad política y decisiones realistas. Mientras no se actúe con firmeza, el acceso a la vivienda seguirá siendo un privilegio cada vez más lejano.