Tal como está sucediendo en los países desarrollados, la población chilena está experimentando un sostenido envejecimiento. La baja tasa de natalidad y el progresivo incremento en la expectativa de vida está produciendo un evidente aumento de los adultos mayores como proporción del total de los habitantes del país, de lo que derivan desafíos en el mediano y largo plazo para que la sociedad se haga cargo de quienes tienen todo el derecho de coronar con dignidad la última etapa de su vida.

A nivel regional, si actualmente este grupo representa un 20,74% de la población de Los Lagos, con 171.912 adultos mayores en total, se proyecta que para 2050, tal número llegue al 30%, con un volumen estimado de 500 mil personas por sobre los 60 años. No es difícil imaginar lo radical que será la vida en las ciudades de la región para dentro de 26 años más con esta predicción. Se requerirá una atención de salud especializada y de acceso oportuno, un transporte acorde para la equidad territorial, edificios accesibles y la posibilidad de que los adultos mayores tengan todas las condiciones para vivir a pleno luego de los años de esfuerzo por el país.

Hay mucho que mejorar para llegar a ese escenario, pues tal como lo han advertido los adultos mayores de la región, el acceso a la salud y las bajas pensiones se han convertido en su principal dolor de cabeza. Las dificultades para lograr atención y la falta de médicos geriatras y de recintos especializados donde atenderse, junto con una pensión que aunque ha subido, no les alcanza para mucho, son hoy por hoy sus principales demandas. Y evidentemente, el aumento en la expectativa de vida supone hacerse cargo de numerosas enfermedades que en un buen número de casos termina provocando su dependencia de terceros.

En estos tiempos de campaña, sería oportuno saber de parte de los candidatos qué es lo que planean hacer para trabajar en esta prioridad, no tanto con el recurrente discurso político que suele hablar de las injusticias nacionales y los modelos, sino qué medidas concretas, si es que las tienen, contemplan localmente para dignificar a los adultos mayores que viven en Los Lagos. Quienes exhiben más de 60 años ahora, y los que vendrán después, tienen todo el derecho a exigir que se les retribuya lo que han hecho por el país.

Tras la bullada noticia sobre los 17 millones de pesos recibidos por media jornada laboral de Marcela Cubillos, se hace imperioso seguir hablando de ello, a riesgo de ir contra la corriente en una sociedad y cultura de la inmediatez cuya memoria se acorta cada vez más.

Los mentados 17 millones debieran ser considerados ofensivos para todos aquellos que nos desempeñamos como profesores de aula. La lógica de la calificación por competencias instaló un sistema de evaluación docente que permite aumentar el sueldo de un profesor según los resultados que estos alcanzan en una evaluación que implica, entre otras cosas, una prueba de conocimientos, grabación de una clase y la entrega de planificación y reflexión pedagógica.

La promesa del sistema es el reconocimiento, ya que el cumplimiento exitoso de estas tareas permite que el sueldo de un docente se incremente según tramo. ¿Cuánto se incrementa? ¿200.000 pesos? ¿400.000 pesos? ¿600.000 pesos?

Además, y peor aún, han sido los argumentos en defensa de esta exministra de Educación y exministra del Medio Ambiente, porque al parecer su experiencia académica, que no ha sido documentada ni respaldada, la hizo experta en ambas materias cruciales para el desarrollo del país. Varios han tomado el caso como ejemplo de meritocracia y han citado sueldos de actores de teleseries, periodistas y futbolistas para justificar la danza de millones de la docente ausente; sin embargo, existen dos puntos clave para empatizar con la molestia y no situarse al lado de la envidia, como algunos pretenden acusar.

Primero, el sistema de acreditación y el sistema de gratuidad de la educación superior han contado con tan buena prensa que han invisibilizado la existencia de una trama indecorosa donde, desde el Estado, es decir, con nuestros impuestos, se alimenta y se financia a las universidades privadas. Segundo, y lo más importante, la educación éticamente no puede entenderse como un bien de mercado transable como si fuera cualquier otro bien u objeto de consumo; la educación es un derecho humano y no hay discusión.

El sistema de reconocimiento aplicado a los profesores es obligatorio y, al cierre de esta edición, cientos de profesores están siendo visitados por el Mineduc para grabar su clase; en diciembre todos deberán rendir su prueba de conocimiento para asegurar su sueldo. En paralelo, Marcela Cubillos seguirá con su candidatura en la comuna de Las Condes, comuna históricamente de derecha, que lidera el ranking de calidad de vida urbana y tiene un presupuesto per cápita de aproximadamente $900.000 frente a $136.000 de Puente Alto. ¡Qué difícil se hace pararse frente a un cuarto medio cuando 17 millones de pesos no remueven a toda la sociedad por igual!