El juicio ordinario contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez y el gobernador opositor suspendido Luis Fernando Camacho por el caso "golpe de Estado I" comenzará hoy, luego de que la Fiscalía los acusara de "terrorismo, sedición y conspiración" por sus roles en la crisis política de 2019.

La primera audiencia del juicio oral está fijada a primera hora en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz de forma presencial, en medio de una tensión política y social que vive el país andino con el quiebre del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y ante duras críticas del sistema judicial.

Los abogados de Áñez y Camacho recibieron la semana pasada la notificación de la apertura del juicio, en el cual también será procesado el exlíder cívico de la región andina de Potosí, Marco Pumari, y los exministros de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.

Por su parte, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que los responsables de las cárceles donde están detenidos los acusados ya recibieron las instrucciones de salida para que cumplan con su asistencia a la primera audiencia del juicio.

"Todos los centros penitenciarios ya han sido notificados por el órgano competente, lo que establece que los directores de los centros penitenciarios ya están tomando los recaudos para dar cumplimiento a lo que ha establecido la autoridad competente", afirmó Limpias a la prensa local.

La expresidenta está recluida en la cárcel de Miraflores, en La Paz; el gobernador Camacho guarda detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, y el exlíder cívico Pumari está en la cárcel de Cantumarca, de esa región boliviana.

Los antecedentes

La denuncia por la que la Fiscalía boliviana abrió el caso "Golpe de Estado I" fue presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty el año 2020. A partir de ahí tuvieron que pasar cuatro años para que se presentara la acusación formal contra los procesados.

En el caso golpe de Estado I se investiga los hechos que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019.

La crisis política y social de 2019 se desató luego de las observaciones a los resultados de las anuladas elecciones de ese año en las que Morales buscaba un cuarto mandato consecutivo. Sin embargo el entonces mandatario renunció denunciando ser víctima de un supuesto "golpe de Estado".

La defensa de Áñez, sentenciada a 10 años de cárcel en 2022 por el llamado caso "golpe de Estado II", argumenta que ella accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del "vacío de poder" tras la renuncia de Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.

El Gobierno colombiano puso en las últimas horas la mayor operación de los últimos años contra las disidencias de las FARC para recuperar el control de El Plateado, un caserío del departamento del Cauca dominado por la facción más beligerante del grupo armado Estado Mayor Central (EMC).

"Por orden del presidente de la República y después de más de cinco años de dominio sobre El Plateado del EMC, que convirtió la región en una bolsa internacional de la cocaína, entra el Ejército de la patria al Plateado. Hoy el Plateado es Colombia", manifestó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de X.

Para esta operación, detalló el Ministerio de Defensa, los militares utilizaron "unidades especiales, aeronaves y capacidades de artillería" como tanques. También informó que las autoridades han detenido a dos supuestos disidentes del Carlos Patiño, así como incautado "fusiles, municiones y artefactos explosivos".

El Defensor del Pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, hizo un llamado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la ONU en relación con la supuesta ejecución de nueve prisioneros de guerra ucranianos en la región rusa de Kursk por parte de soldados del vecino país.

"En las redes sociales se está difundiendo de nuevo información sobre el posible fusilamiento de nueve prisioneros de guerra ucranianos por los rusos en la región de Kursk. ¡Tales acciones constituyen una flagrante violación del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra!", escribió en su cuenta de Telegram.

Agregó que envió de nuevo cartas a la ONU y al CICR "en relación con otro crimen de los rusos".

"Estas acciones no deben quedar impunes, y el enemigo debe rendir cuentas plenamente. Rusia es un país terrorista que viola todas las normas y costumbres de la guerra. ¡La comunidad internacional no debe cerrar los ojos ante tales crímenes!", instó.

Difusión de imágenes

Lubinets publicó este mensaje después de que la plataforma de análisis militar DeepState, cercana al Ministerio de Defensa de Kiev, difundiera imágenes este domingo y se remitiera a fuentes de la 1ª Brigada de Tanques Separada de las Fuerzas Armadas Ucranianas.

Se sabe que los rusos ejecutaron a tropas ucranianas el 10 de octubre cerca del pueblo de Zeleni Shlyaj, indican los analistas, que agregan que las tropas ucranianas avanzaron hacia sus posiciones con la impresión de que se encontraban en una zona relativamente segura, pero se encontraron con las fuerzas rusas.

Los soldados ucranianos se vieron obligados a responder, pero finalmente se rindieron debido a la escasez de municiones.

"La situación en el óblast (región) de Kursk no es muy buena en general. Las fuerzas de defensa están tomando medidas de estabilización, pero es extremadamente difícil recuperar lo que se ha perdido", agregan.

"verdugos rusos"

Ante esta denuncia, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, instó a la comunidad internacional a tomar medidas contra las ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos a manos de Rusia.

"La comunidad internacional debe tomar medidas inmediatas, emitir órdenes de detención de la Corte Penal Internacional para los verdugos y torturadores rusos, aumentar la presión de las sanciones, exigir el acceso de observadores y médicos internacionales a los centros de detención y facilitar la liberación de los prisioneros de guerra y de todas las personas detenidas ilegalmente", escribió Sibiga en redes sociales.

"El maltrato de Rusia a los prisioneros de guerra ucranianos es una barbarie absoluta, una grave violación del derecho internacional humanitario y de las leyes y costumbres de la guerra", denunció antes de agregar que "las ejecuciones son cada vez más frecuentes" y que el 95 % de los prisioneros de guerra son sometidos a torturas según la ONU.

En tanto, el fiscal general de Ucrania, Andrí Kostin, informó que "se ha abierto una investigación penal por el hecho de violación de las leyes y costumbres de la guerra unido al de asesinato premeditado" en relación con la presunta ejecución de nueve prisioneros ucranianos en la región rusa de Kursk.