Más que justificada está la polémica respecto al sueldo bruto de $17 millones que percibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. Razones para indignarse hay por montón y las hemos conocido toda la semana. Entonces, para no ser reiterativo, quisiera poner la mirada en dos cuestiones previas que no buscan relativizar el escándalo, sino poner la mirada en el sistema.

Lo primero, es preguntarnos si una universidad podría pagar un sueldo de 17 millones a su planta docente. Y al respecto, no hay impedimento para hacerlo. De hecho, y lo sé bien porque participé de la discusión a nivel ministerial, cuando se presentó el proyecto de ley de prohibición al lucro en la educación, siempre se pensó que los excedentes de un establecimiento no sean retirados por sus controladores, sino que reinvertidos forzosamente en mejor infraestructura o mejorar sueldos, entre otros ítems. Es decir, que un profesor universitario gane esa cifra, en abstracto lo reitero, no debería escandalizarnos pues podría ser un monto hasta deseable en algún momento. Si la USS puede pagar $17 millones, tal vez deberíamos preguntarnos si los aranceles que cobran a las familias no son usureros o si lo percibido en ingresos se ajusta a su eficiencia académica. Pero eso, es un fracaso regulatorio y fiscalizador del Estado.

Lo segundo, es si una universidad puede ser la caja pagadora de un partido. Que políticos derrotados en elecciones, con dudosas credenciales, salten a la academia es un asunto frecuente tanto en universidades públicas como privadas. Yo lo vi. Sobre si la USS financia campañas, hasta ahora no hay antecedentes directos que lo confirmen, pero podríamos estar en presencia de una triangulación. En ese sentido, que el Ministerio Público inicie una investigación sobre qué hizo Marcela Cubillos con ese sueldo va en la dirección correcta, porque si llegó a parar a un partido o a una campaña, hay normas infringidas sobre la materia y que dejaría al descubierto un nuevo entramado de financiamiento ilegal de las mismas. Pero esto es hipotético aún. Lo que sí está claro, es que debe ser una línea de investigación como ya ha ocurrido antes, porque sobre esta materia cabe recordar que prestigiosas universidades públicas ya han sido investigadas por financiamiento al espectro político.

La empresa de investigación de mercado Ipsos ha dado a conocer la sexta versión de un estudio, con encuestas en 31 países, incluido Chile, sobre la percepción de las personas acerca de los principales problemas de salud, el acceso y calidad de sus sistemas de atención médica y los desafíos pendientes.

Por tercer año consecutivo, la salud mental es observada como el principal problema de salud a nivel mundial, siendo elegida por el 45% de las personas de los países consultados. En el caso de Chile, la salud mental es identificada como el principal problema de salud por un 69% de los consultados. Este resultado instala a Chile en el primer lugar del ranking, siendo el país que más identifica la salud mental como un problema grave. Hubo un aumento de tres puntos porcentuales desde la medición del año pasado (66%) y de 43 puntos porcentuales desde la primera edición (26%), publicada en 2018. La obesidad ocupa el segundo lugar en Chile, seguido del cáncer.

De acuerdo con la empresa de estudios de mercado, el deterioro de la salud mental es la gran herencia que dejó la pandemia y el hecho de que en cada medición tenga más menciones indica que es una alerta importante para el sistema de salud respecto de la necesidad de intervenciones integrales.

A pesar de lo conectada que está nuestra sociedad, muchas veces esta enorme apertura, sumada a una vida competitiva y vertiginosa, no permiten identificar lo que está pasando con nuestra salud mental. Puede que esto se manifieste de la forma más dolorosa con casos extremos, como los suicidios, el bullying o las agresiones asociadas a trastornos graves.

Los sistemas de salud han advertido la alta incidencia que tienen las depresiones como causa de licencias médicas, por lo que es una invitación para reflexionar sobre aspectos relacionados con la calidad de vida.

Asimismo, es preocupante la baja cobertura que tienen estas enfermedades en la salud pública. Se considera que del total de personas afectadas por trastornos mentales, sólo poco más del 20% recibe algún tipo de atención, lo que podría explicarse por prestaciones insuficientes. Mucha gente aún es escéptica respecto de la importancia de dar tratamiento a estos padecimientos, pero existe amplio consenso médico de que el tratamiento de estas afecciones es tan indispensable como el de una enfermedad común.