Erwin Schnaidt

Al menos 159 millones de dólares y ocho mil puestos de trabajo se perdieron en la Región de Los Lagos durante el año 2023, reveló el Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) que elaboraron en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS).

Alejandro Weber, decano de esa facultad, presentó ayer en Puerto Montt este primer documento, con el que buscan medir el impacto en la economía por el tiempo que demoran los proyectos de inversión.

Mientras a nivel nacional se descubrió que este retraso derivó que más de dos mil millones de dólares que quedaron sin invertir en 2023, lo que no permitió crear casi 100 mil puestos de trabajo; en la región "significó una pérdida de 159 millones de dólares y de unos ocho mil empleos", sostuvo el decano Weber.

Con datos disponibles en la plataforma digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los investigadores determinaron además que durante el año pasado sólo se evaluó favorablemente nueve proyectos, por US$ 140 millones en Los Lagos, mientras que el registro histórico es de 27 iniciativas al año.

"Eso significa que más de la mitad de los recursos que estaban en tramitación no llegaron a puerto, porque el Estado se demoró más de lo que la propia ley establece", acotó Weber.

El ex subsecretario de Hacienda dijo que esta dilación repercute en la decisión de invertir, ya que durante ese tiempo, que significa hasta 12 años de tramitación en casos como desaladoras, "cambia el entorno económico, social. Incluso por esta tardanza excesiva, muchos proyectos que son aprobados, finalmente no se ejecutan, porque cambiaron tanto las reglas del juego en el camino, que no está la certeza suficiente para que esa inversión llegue a puerto".

Por qué falla

Al intentar hacer un diagnóstico de este retraso, Weber identificó elementos a nivel macro y microeconómico.

En el primer caso, especificó, hay menos ingresos de proyectos a evaluación ambiental, en lo que repercute "la incertidumbre que se ha instalado en nuestro país desde el estallido social y la pandemia del covid, así como las malas condiciones económicas que hoy día vive el país".

Argumentó que hace diez años, en la región se evaluaba unos 200 proyectos al año; en la actualidad "se está evaluando una décima parte de eso, en términos reales".

En el aspecto microeconómico apuntó que "con las mismas reglas del juego, hoy día estamos teniendo peores resultados", ya que el SEIA no se ha modernizado desde hace 12 años, lo que hace que "la regulación no esté a la altura".

Mencionó que dos proyectos de ley están en tramitación en el Congreso, como el de permisología sectorial y el del sistema de evaluación ambiental. Para Weber, el primero "está bien orientado, pero sólo afecta más o menos al 20% de los montos de los proyectos. La gran inversión pasa por el sistema de evaluación ambiental, que hoy día sufre retrasos importantes".

Certezas

Planteó que para que los inversionistas tengan la tranquilidad de que las reglas del juego no van a cambiar, la macroeconomía tiene que avanzar, en lo que el gobierno es el principal responsable de entregar certidumbre". Expuso que en contra de ello se está gestionando una reforma tributaria y del sistema previsional, que "generan mucha incertidumbre (…) y frena la inversión".

"Por el otro lado, tenemos los elementos más micro, que son de los proyectos de permi-sología en particular. Y en eso también la responsabilidad es del gobierno", insistió.

Para Weber es necesario aterrizar las expectativas del proyecto de permisología, que "va a mejorar, pero eso no va a hacer que Chile vuelva a crecer al 4% o al 5%. Lo que realmente haría que nuestro país vuelva a crecer al 4%, es que el sistema de evaluación ambiental funcione con mucha mayor agilidad de lo que ocurre hoy día, lo que requiere una modificación distinta a la que está proponiendo el gobierno". A modo de ejemplo, citó que en 2013, y después de pasar por el SEIA, se aprobó en Chile proyectos de inversión por US$ 30.000 millones. "Eso es el 10% de nuestra economía total. El año pasado se aprobaron por 10.000 millones de dólares. Un tercio, con las mismas reglas del juego".

Subrayó que el Estado tiene que generar las condiciones para el crecimiento "y luego son los privados los que tienen que hacer la pega".

Consultado si es que estos datos serán entregados a las autoridades de gobierno para ser considerados en futuras decisiones, el decano de la USS sostuvo que toda la información que generan, es pública. "Por lo tanto, está a disposición de todos los actores de la ciudadanía, de los tomadores de decisiones. Buscamos ser un puente entre el mundo público y privado. Nuestros conocimientos y nuestra capacidad para generar proyectos están a disposición de las autoridades para que sean tomados como insumos para generar mejores políticas públicas".

Inversión que se va

El presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), sede Puerto Montt, Javier Ovalle, resaltó que gracias a "data dura" pudieron comprobar "la enorme complejidad que hoy día representa pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental".

Mencionó que los antecedentes presentados abarcan los proyectos ingresados, no los que han optado por no hacerlo. "Son inversiones que no se han producido, que eventualmente grandes empresas se las han llevado a otros países, y eso ha dejado de producir empleo local y mejorar la calidad de vida en la región".

Concluyó que lo conocido ayer en la mañana "representa una constatación de que estamos mal, estamos en un punto bastante bajo. Estamos generando un sistema para evaluar los proyectos que no está saliendo bien, porque uno ve las cifras y son menos los proyectos que están haciendo. Es preocupante y nos debiera llamar a remecer un poco, a tomar conciencia del impacto en términos de empleo".

Para Ovalle, la industria de la construcción tiene una mayor permeabilidad social. "Mueve mucho empleo. Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Empleo, salarios y calidad de vida. Una ciudad que no invierte en sí misma, que no se desarrolla, que no genera nueva infraestructura y que al mismo tiempo recibe mayor población, es una ciudad que vamos a ver que deteriora sus condiciones de calidad de vida".

Replicar información

De su lado, Tomás Monge, director Territorial de SalmonChile, destacó la posibilidad de conocer antecedentes nacionales y un comparativo regional "de cómo la permisología, cómo la tramitología respecto a los proyectos de inversión, se ha ido ralentizando este último año y tiene el sector productivo en una sensación de bastante incertidumbre".

Tal condición, reconoció el ejecutivo, ha tenido efectos en la industria. "Se han dejado de hacer proyectos. Hay varios paralizados. Temas que estaban en carpeta se han ido postergando. Mientras no exista una línea clara como país, de qué queremos de la acuicultura, de cómo nos proyectamos, va ser muy difícil poder brindar certezas al mundo laboral, al mundo sindical, a los proveedores".

Monge se mostró interesado en que esta información pueda servir como insumo para las autoridades competentes. "Esta es una muy buena contribución pensando en la política pública, en sensibilizar a los tomadores de decisiones, ya sea el gobierno central, ya sean parlamentarios regionales. Pero también ver cómo esta paralización y cómo estos temas pueden ir afectando en las futuras pensiones, en el en el mercado laboral. Entonces, sería una muy buena contribución el poder replicar este tema no solamente en esta región, sino en la macrozona sur y ver cómo estas políticas públicas inciden en la toma de decisiones respecto a los sectores productivos".

Agregó que verificar los tiempos de tramitación de proyectos, así como la incertidumbre que eso genera, "para nosotros es un insumo importante para ver cómo esta data, que es muy valiosa, se le puede hacer llegar a los tomadores de decisiones".