La Ley 21.643, también llamada Ley Karin, busca proteger a los trabajadores en Chile del acoso y la violencia en el trabajo. Su objetivo principal es garantizar espacios laborales seguros, donde se implementen protocolos de prevención, denuncia y sanción. Las empresas deben garantizar un ambiente laboral libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Se considerarán contrarios a este principio el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo generada por terceros.

De acuerdo a la especialista Daniela Moya, jefa legal B2B Total Abogados, en materia de acoso dejará de ser relevante la reiteración de la conducta, sólo basta de un acto que pueda menoscabar, maltratar o humillar a una persona o afectar su situación laboral u oportunidades en el empleo.

Es importante que el protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo este adaptado a la cultura interna de la empresa y que respete las normas generales de esta misma.

Modificar el procedimiento de investigación ante denuncias de acoso, incorporando las denuncias por acoso laboral y violencia en el trabajo, así como también los cambios que dispone la ley respecto a dicho procedimiento y establecer los canales de denuncia bajo los cuales se recepcionarán las solicitudes de investigación, son claves para avanzar en esta cultura e instaurar nuevos valores laborales y sociales.

Araíz de los graves temporales ocurridos hace algunas semanas en la zona cetro sur del país, y que dejaron sin energía eléctrica a muchas familias, reflotó un debate en torno a si empresas estatales hubiesen sido más eficientes en ese escenario. Esta disyuntiva no es para nada reciente y cada cierto tiempo, con situaciones como esta, vuelve a la luz de la opinión pública. Muchos políticos, de forma irresponsable a mi juicio, aprovechan estas instancias para instaurar en el imaginario colectivo a la empresa estatal como la solución a todos los problemas. En función de esto, es preciso analizar la verdadera conveniencia de tener empresas estatales en labores que usualmente están en manos de privados, con un argumento técnico.

Veamos datos objetivos publicados por las propias empresas. Codelco, estatal, es una de las mineras más grandes del mundo, el año 2022 tuvo un margen bruto de casi un 28%. Por otro lado, Minera Escondida, una empresa privada, tuvo un margen bruto de casi un 50% para el mismo período. Es necesario entender que ambas empresas venden su producción a precios similares, puesto que el cobre es un commoditie, por tanto, el mayor margen de Escondida se debe sólo a su eficiencia o, visto desde otra manera, el 28% de margen de Codelco se explicaría por su ineficiencia. Caso similar es el TVN, que frente a la competencia privada, muestra pésimos resultados.

Existe múltiple evidencia internacional que indica que el Estado es un mal administrador, por diversos motivos. Por un lado, la rigidez laboral hace que usualmente las empresas estatales sean estructuras pesadas y costosas. Por otro lado, la naturaleza presupuestaria y centralizada del Estado les resta dinamismo a las decisiones frente a una empresa privada similar.

No se trata de defender la pésima gestión de las distribuidoras a cargo de las zonas afectadas, Enel y CGE, fundamentalmente, sino que poner en evidencia que empresas estatales, en su lugar, no tendrían un desempeño mejor, sino que todo indica que sus resultados serían peores. De hecho, el gran dinamismo empresarial vivido por el país en la década de los 90 se debe, en gran medida, a gestión de empresas que previamente fueron estatales.

Con el objetivo de reforzar la tesis, veamos el caso de las empresas chinas, una economía donde el Estado participa en todas las empresas. Sin embargo, esta participación es nominal y en la práctica, las empresas operan bajo la lógica de una empresa privada. De hecho, el éxito mundial de las empresas chinas se debe precisamente a su buena gestión y al hecho de que el Estado no participe directamente en la gestión de ellas.

El llamado es a no darle "cantos de sirena" a la opinión pública, cuando la evidencia indica lo contrario. En ese sentido, la clase política debe ser más responsable con la ciudadanía y propender a que la institucionalidad establecida funcione y sancione las falencias de las empresas involucradas.