El estudio "Diversidad en el trabajo", de la empresa Laborum, especializada en mercado laboral, determinó que Chile lidera entre los países latinoamericanos en que las personas aseguran haber sido discriminadas en su lugar de trabajo. El informe indicó que un 84% de los trabajadores ha sido víctima de discriminación en el empleo. De este total, el 59% atribuyó la discriminación a su edad, el 20% la relacionó con su género, el 9% por alguna discapacidad, el 7% por el color de piel y el 5% por su orientación sexual.

Una de las principales barreras para el desarrollo de un ambiente laboral inclusivo es la falta de un entorno cordial y respetuoso, la falta de igualdad de oportunidades de desarrollo y la ausencia de espacios para abordar estos temas. El tema del empleo y la necesidad de tener ocupaciones de calidad ha sido complejo en los últimos años. Se afectó durante la crisis por el estallido social, cuando muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas, y luego recibieron el fuerte golpe de la pandemia.

En la actualidad, el bajo crecimiento de la economía ha seguido afectando la actividad. A su vez, diversos analistas han cuestionado lo que consideran carácter regresivo del empleo que se crean en el país. El crecimiento de los trabajadores por cuenta propia no sólo resulta preocupante como expresión de la tendencia a la informalidad laboral, sino que es una alerta respecto del tipo de ocupaciones que se están creando, sin protección social, de salud, y muy probablemente sin cotización para una futura pensión.

El mercado laboral ha tenido marcados cambios en los últimos años: el llamado empleo asalariado está siendo reemplazado por el trabajo por cuenta propia, acorde a los tiempos y a las necesidades. Asimismo, hay una gran rotación de los trabajadores, a diferencia de lo que ocurría hace décadas, cuando los funcionarios cumplían toda una vida laboral en la misma empresa. No obstante, en los últimos años se han publicado varias leyes para regular el mercado laboral y crear ambientes más adecuados, como es el caso de la Ley de Conciliación Laboral; la Ley de 40 Horas, que busca reducir gradualmente las jornadas dentro de los próximos cinco años, y la Ley Karin.

Con todo, los cambios en la legislación tienen que ir aparejados con un cambio cultural, para que efectivamente no haya discriminación en el empleo.

Hace algunos días sufrimos en gran parte del país un inédito temporal de viento y lluvia. Se registraron rachas de 125 km/hr que derribaron más de 2000 árboles en la Región Metropolitana. Colapsaron cerca de 800 postes y más de un millón de clientes quedaron sin suministro eléctrico, muchos de ellos por varios días. El tráfico se volvió un caos producto de semáforos fuera de servicio. Se desviaron hacia otros aeropuertos aviones que no pudieron aterrizar y durante algunos días se suspendieron las clases. Sus desastrosos efectos fueron comparables por su magnitud a los provocados por el terremoto de 2010.

Como era de esperar, lo trastocado de las rutinas y la incerteza de los plazos de reposición hicieron que la ciudadanía afectada comience a perder la paciencia. Las autoridades fueron emplazadas a ser más enérgicas frente a una compañía que por varios días no hizo declaraciones ni tampoco emitió comunicados que permitiesen moderar la ira colectiva.

Consultado respecto de qué hacer para que esto no vuelva a suceder, el ministro de energía, Diego Pardow, aseveró que sería "más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal" abriendo el debate acerca de la propiedad de servicios básicos que hoy están en manos privadas.

¿Acaso dejar la distribución eléctrica en manos del Estado aseguraría un mejor suministro? Creo que por ahí no debería ir la reflexión. Existen ejemplos de buenas y malas administraciones tanto en empresas públicas como privadas. Todo se reduce al diseño de su gobierno, al sistema de normas, prácticas y procesos mediante los cuales se dirige y gestiona una empresa. Cómo se conforma el Directorio y las gerencias, cuáles son los objetivos, el sistema de premios y castigos, quién y cómo se evalúa el desempeño, etc.

Para poder asegurar una buena administración habría que primeramente desvincular lo estatal de los apetitos políticos y hoy eso parece imposible. Ni siquiera existe un conteo fiable de cuántas personas trabajan para el Estado en la actualidad.

Además, hoy el Estado ya tiene un rol en el sistema eléctrico a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Su misión institucional es vigilar que la ciudadanía reciba productos y servicios energéticos en condiciones de seguridad y calidad. Lo anterior, mediante la fiscalización de la normativa vigente y resguardando los derechos de los usuarios, así como de todas las entidades que participan en el mercado energético. ¿Han cumplido con esta tarea? Juzgue usted.