Uno de los principios generales del derecho internacional público es el de la autodeterminación de los pueblos y la no interferencia en los asuntos domésticos de un estado independiente por parte de otros estados.
Recuerdo cuando estudiaba esta cátedra de Derecho Internacional Público y pensaba en la poca efectividad de esta disciplina en la práctica, al quedar entregada a la buena fe de los estados independientes y no tener medios coactivos de imposición frente al desacato de sus normas.
Han pasado 36 años desde entonces y mi pensamiento no ha variado mucho.
Si miramos el caso de Venezuela, tenemos una muestra clara de lo que sostengo. En primer lugar, el pueblo, por inmensa mayoría, dio el triunfo electoral a Edmundo González (principio de autodeterminación). En segundo lugar, el dictador que ejerce el poder absoluto no reconoce el triunfo y se declara triunfador sin exhibir hasta el día de hoy las actas que dan fe de su supuesta victoria. En tercer lugar, la comunidad internacional, la ONU y la OEA, cuestionan severamente el triunfo de Nicolás Maduro y algunos países derechamente no lo reconocen como ganador, instando al dictador a transparentar sus resultados y entregar el poder con que somete despóticamente a su pueblo.
En este último caso, la comunidad internacional no observa el principio de la no intervención en asuntos internos de un estado y alza la voz en contra de la tiranía, con motivos muy justificables a mi juicio. No obstante, vulneran el citado principio inspirador del Derecho Internacional Público.
Por otra parte, la ONU descarta el uso de la fuerza institucionalizada de la OTAN para restaurar la democracia avasallada por Maduro y su séquito tiránico, y al final del día sólo quedan palabras solemnes de condena al régimen, sin ningún resultado práctico para la población que sigue sumida en el terror de los arrestos arbitrarios, secuestros y persecuciones, únicamente por no querer seguir en dictadura.
El panorama es muy complejo para la restauración de la democracia en Venezuela, por cuanto sus aliados comunistas detentan un poder bélico significativo, que, si bien puede ser contrarrestado por la OTAN, hay temor de los estados en hacer una intervención armada en Venezuela por el espiral de violencia y consecuencias trágicas que esta acción pueda traer para sus propios intereses.
En suma, el derecho internacional no da el ancho y pareciera ser que únicamente queda el derecho natural de rebelión del propio pueblo venezolano para derrocar al tirano, lo que también significa dolor, muerte y destrucción.
