El Estado lo hace mal". Este ha sido el argumento histórico de un sector político para justificar la privatización de todo lo que se pueda y achicar el Estado lo más posible.

Durante la dictadura cívico-militar se privatizaron importantes empresas: Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), Compañía de Acero del Pacífico (CAP), Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), Empresa Forestal Arauco, Industria Forestal S.A. (Inforsa), Celulosa Constitución (Celco), Celulosa Arauco, Industria Nacional del Cemento S.A. (Inacesa), Empresa Pesquera Arauco, Empresa Pesquera Tarapacá S.A. (Eptsa), Sociedad Chilena de Fertilizantes (Sochinf), Empresa Electrónica Nacional (Elecna), Empresa Nacional de Computación e Informática (Ecom), Industria Azucarera Nacional (Iansa), Sociedad de Construcciones y Operaciones Agropecuarias (Socoagro), Chilefilms, Línea Aérea Nacional de Chile (LAN), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y, por supuesto, Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra).

Se privatizaron a precio huevo (del huevo de antes sí, cuando estaba barato), y obviamente, todos los beneficiados fueron de la tendencia política que promovió, avaló y sustentó la dictadura.

Pero debemos ser honestos: al "retorno" de la democracia, la izquierda fue cómplice en perpetuar y acentuar aún más estas privatizaciones, dándoles más atribuciones para hacer y deshacer en cobros, servicios y prestaciones deficientes. Se privatizó la salud y nos robaron; se privatizaron las carreteras y nos cobran a destajo; se privatizaron las jubilaciones y nos estafaron; compraron los medios y nos mienten; se privatizó la energía eléctrica y medio país quedó a oscuras.

Hay un sector que sigue abogando por un Estado más pequeño (claro, de esa manera tienen menos control y más bienes y servicios para hacerse de sus fortunas a costa del pueblo), pero cuando los privados fallan, salen a rasgarse vestiduras para que el Estado se haga cargo. Ese mismo sector es el que siempre dice que el Estado lo hace mal y que, por ello, no puede estar a cargo de "empresas" y mucho menos participar en el mercado. Entonces, en el caso específico de la electricidad, se privatiza y se concesiona a un privado. Pero este privado (en el caso de Enel) es una empresa italiana, cuyo mayor accionista es el Estado Italiano… ¡Plop!

Es verdad que el Estado no puede hacerse cargo de todo. Es verdad que debe haber espacio suficiente para que los privados puedan desarrollar sus negocios. Pero Chile se ha convertido en un "meme" en donde el descaro de un sector, sustentado en la ignorancia y desidia de un pueblo cada vez menos responsable con su deber cívico, les vuelve a dar su voto una y otra vez, como si con ello existiese la posibilidad de alguna vez perecer a esta casta privilegiada. Y no caen en cuenta de que son solo "masa influenciable", como dijo Eliodoro Matte Larraín… sí, el mismo.

El reciente temporal dejó miles de hogares sin luz en la región, sin duda, un escenario que pone en evidencia la urgencia de adoptar medidas proactivas para garantizar un suministro confiable.

A nivel internacional, países como Estados Unidos. están tomando medidas significativas, como la inversión de USD 2.200 millones para renovar su red eléctrica.

En contraste, en Chile seguimos lidiando con una infraestructura que no ha sido suficientemente fortalecida. Aunque hemos avanzado en energías limpias, el desarrollo de líneas de transmisión ha sido insuficiente para sacarle todo el provecho.

Una de las principales fallas es la falta de un plan robusto de normas mínimas de calidad.

Según Víctor Vilche, gerente general de Conecta Ingeniería, el mantenimiento preventivo también es un aspecto fundamental. Las compañías deben implementar programas de inspección y reparación anticipada para detectar problemas, previo a ser fallas críticas. La utilización de tecnologías avanzadas, puede ser una herramienta valiosa para identificar puntos débiles en la red. Y en ese escenario, el soterramiento de líneas eléctricas es otra acción que debería ser prioritaria, tal como se vienen planteando hace tiempo desde la autoridad de vivienda.

Pero debemos considerar que la responsabilidad no recae sólo en las empresas, sino también en las políticas que deben incentivar la inversión en la infraestructura crítica necesaria. Históricamente, el único aliciente significativo ha sido la devolución de dinero a los consumidores cuando se producen cortes de luz.

Las compañías eléctricas y las autoridades deben actuar colaborativamente para reforzar el sistema. La seguridad y el bienestar de la población dependen de un suministro eléctrico confiable y resiliente.