Carlos Ilabaca

El5 de agosto se cumplió un año desde que el Juzgado de Garantía de Puerto Montt dictó la prisión preventiva en contra del primer formalizado por el Caso Convenios en el país, Diego Ancalao Gavilán. Y si bien la Fiscalía lo reformalizó en marzo de este año sólo por lavado de activos, Ancalao no duda en afirmar que se ha convertido en un "chivo expiatorio" de una causa que -a su juicio- tendría otros responsables, entre los cuales no titubea en apuntar el dedo tanto a directivos de la Corporación Kimün como a la cabeza del Gobierno Regional de Los Lagos.

Ancalao -ex presidenciable de la Lista del Pueblo- habla por primera vez desde la cárcel de Alto Bonito, desde el módulo destinado a imputados, donde reafirma haber sido víctima de un intento de agresión

-¿Qué rol jugó usted en el programa de saneamiento que coordinó para Corporación Kimün y por qué decidió abandonar el proyecto el día en que se inició la investigación del Caso Convenios?

-Mi función era coordinar equipos técnicos y profesionales para lograr el saneamiento de la pequeña propiedad raíz rural, de acuerdo a la ley y los reglamentos vigentes. Como ex encargado de la unidad de pueblos indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales y por la experiencia como profesional de la División de Planificación y Regularización de propiedad raíz a nivel central, me encontraba capacitado en los procedimientos, de tal manera que sabía que para que las personas vulnerables de esta región obtuvieran el dominio vigente de su propiedad se necesitaba un equipo de primer nivel de profesionales (abogados, técnicos jurídicos, geomensores, trabajadores sociales, administrativos), lo cual solicité. Y a pesar de mi insistencia en la contratación del equipo profesional, Kimün no realizó ningún tipo de contratación, a excepción de una secretaria y un técnico jurídico.

El presidente de Kimün y el directorio eran los únicos que podían contratar o despedir profesionales y técnicos. Tanto es así, que fue la razón fundamental por la que renuncié al programa, en junio de 2023. Era absolutamente imposible seguir como coordinador técnico, porque no se cumplía con los requisitos que los beneficiarios necesitaban y tampoco se cumplía con los términos de referencia del programa. Y como prestador de servicios no tenía el poder para resolver.

Kimün era el dueño

-¿De qué forma y en qué momento se gestionó la posibilidad de que usted, a través de Fundelin, adquiriera la propiedad del CFT e IP Los Lagos?

-Primero, no es Diego Ancalao quien adquiere, sino una fundación creada hace 9 años, a la que yo pertenecí y presidí. Segundo, las instituciones estaban en venta y recibimos como fundación la oferta. El directorio de Fundelin tomó la decisión de adquirir, en base a la respuesta a los aliados estratégicos, líderes y académicos de tribus maorí de Nueva Zelanda, dueños de universidades indígenas. Porque el objetivo de Fundelin es crear la primera universidad indígena para Chile. Por ello, Fundelin respondió positivamente a la oferta de venta, oferta que probablemente también recibieron otras personas e instituciones. El valor de compra fue superior al que Kimün pagó a la ULagos por la compra. No obstante, Fundelin nunca pudo adquirir los derechos de propiedad, porque en el caso de instituciones de educación superior, para que el acto jurídico se perfeccione se debe cumplir la condición de toma de razón del Mineduc, dentro de un plazo legal, que se cumplió el 5 de agosto de 2023. Yo estaba en prisión, por lo cual no se cumplió con la condición, es decir, Corporación Kimün nunca dejó de ser el dueño y responsable legal del IP y CFT, razón por la cual el liquidador se querelló contra Corporación Kimün y la ULagos

-¿No tuvo previamente a la vista balances, contabilidad?

-El balance, los informes de matrícula y la contabilidad que se nos entregó, eran falsos. En ninguna parte decía que el representante legal del IP y CFT había firmado dos pagarés millonarios días antes de vender, es decir, acciones que buscaban engañar y que tanto las cifras de matrículas de mora tenían alumnos fantasmas.

Todo absolutamente fraudulento y 15 días después que me confirmaran la prisión, el Primer Juzgado Civil de Osorno declara la quiebra y llama a un liquidador concursal. Tampoco decía que la Superintendencia de Educación Superior había realizado una auditoría y había declarado la insolvencia del IP y CFT.

Es tan brutal que el liquidador se querella contra el presidente y el directorio de Kimün y la Universidad de Los Lagos por fraude al fisco y violación de secreto. Aun así, todo Kimün está en libertad, aún con dos querellas por fraude. Este debe ser el único caso en Chile, y tal vez del mundo, en que la justicia tiene preso por lavado de activos a una persona que no tiene delito base, por una institución legalmente quebrada, que no compró, que no aumentó su patrimonio personal, ni económico ni en bienes, sino por el contrario. Que además no representa a ninguna organización que recibiera fondos públicos del , y que tiene irreprochable conducta anterior.

Destino de recursos

-¿Cuenta con información que permita conocer el destino que se les dio a dichos recursos?

-Desconozco completamente el destino que Kimün dio a los recursos. Es imposible, porque yo nunca pertenecí al círculo cercano y de confianza del presidente. Mi relación con él fue profesional, como asesor intercultural de rectoría, por $400 mil mensuales, y trabajé menos de un año.

El asesor de confianza de él fue un señor Lagos y que tenía un sueldo mensual de $3.500.000. Su círculo de confianza estaba compuesto por sus amigos cercanos y familiares, construido por muchos años, como por ejemplo su esposa, que era la tesorera de su corporación, directora académica del IP y CFT y rectora subrogante, también coordinadora financiera del programa. Por lo tanto, los únicos que pueden conocer los destinos de los fondos son el directorio y los socios de Kimün, que son los mismos directivos de IP y CFT.

-Según su abogado, en sus cuentas bancarias no se encontraron rastros de fondos, más que los atribuibles a remuneraciones.

-Efectivamente, lo único de mis cuentas son pagos de honorarios, para lo cual se emitieron las respectivas boletas de acuerdo a la ley. También se encuentran devolución de viáticos. Si el razonamiento jurídico de Fiscalía fuera correcto, en cuanto a que los honorarios o sueldos es lavado de activos, entonces deberían estar presos todos los directivos y socios de Kimün que recibieron sueldos.

-¿Por qué entonces se le imputa a usted el haber formado parte de micro transferencias destinadas a ocultar los dineros provenientes del Los Lagos?

-Es una acusación absolutamente falsa y ridícula que no tiene ningún sustento. Cualquier perito con principios concluye que las transferencias que recibí son reembolsos por concepto de viáticos, recursos que gastaba de mi bolsillo para cumplir la prestación del servicio.

Todos estos comprobantes se encuentran debidamente acreditados en el computador de mi propiedad que se encuentra en manos del fiscal hace un año, el cual yo entregué, con clave de acceso; además le di acceso a todos mis correos electrónicos y entregué mi móvil con clave de desbloqueo, lo que le permite entrar en mis cuentas bancarias. En él se encuentran todas las carpetas de rendición de cuentas, ordenadas por mes, con número de boletas, en planilla Excel, más las bitácoras con correo de aprobación de devolución de viáticos.

Lo que sí prueban estas falsas acusaciones es que la Fiscalía mintió en mi formalización, porque aseguró que en mis cuentas se encontraban depósitos millonarios, y dejan claro que al revisar mis cuentas comprobaron que no existen esos cientos de millones.

-¿Qué responsabilidad le atribuye a directivos del IP y CFT, como el rector y la tesorera?

-Las responsabilidades son absolutamente claras y muy simples de entender, al parecer el único al que no le conviene comprender es al Ministerio Público. La Corporación Kimün recibió los $1.200 millones. El representante legal, judicial y extrajudicial es el presidente del directorio de Kimün, y representante del IP y CFT Los Lagos. Es él quien firmó el contrato de adjudicación con el gobernador Vallespín, de acuerdo a declaraciones del fiscal; es el presidente quien hizo las gestiones con el para adjudicarse el programa y entregó una garantía diferente, sin respaldo, que el gobernador le aceptó de manera sospechosa y autorizó la transferencia en un solo depósito. Es el director, como presidente, y su esposa, como tesorera, quienes manejan la cuenta de la Corporación Kimün. Por tanto, es una verdad absoluta que los verdaderos responsables son ellos. Sin embargo, el que lleva preso un año es justamente la persona que nunca recibió los fondos y jamás perteneció a Kimün.

-¿Tenía usted conocimiento de algún tipo respecto de los pagos que recibieron un funcionario del y una lobista que actuó en favor de Kimün?

-No, porque es un resorte exclusivo del directorio de Kimün y sus representantes, al cual jamás he pertenecido. Tampoco conocía a las personas del , porque soy de La Araucanía. El programa se le adjudicó a Kimün a fines de 2022, yo me encontraba fuera de Chile y luego en Santiago por mi hija, casi recién nacida, y mi pequeño hijo. Recién el 6 de enero de 2023 ingresé al programa a su etapa de ejecución. Es el el que debe explicar qué tipo de amistad tenía con Kimün y sus representantes legales, como para adjudicar un proyecto tan millonario, en una sola cuota, cuando lo normal sería una transferencia de acuerdo al porcentaje de avance de la ejecución y en base a rendiciones de cuenta. Debe explicar además el gobernador por qué autorizó transferencia de fondos con una garantía deficiente de Kimün. El mismo fiscal lo menciona en audio y sobre todo por qué el gobernador permitió el aumento de los fondos a Kimün de manera tan grosera, de $600 millones a $1.200 millones. ¿Tan profunda era su amistad con el presidente de Kimün?