El Gobierno informó ayer que presentará un veto para reponer las multas por no cumplir con el voto obligatorio, luego de que el Senado rechazara el martes el informe de la comisión mixta que había repuesto estas sanciones, en el marco del debate del proyecto que fija en dos días las elecciones municipales y regionales de octubre.

Con votos en contra y abstenciones del oficialismo, el Senado desestimó el acuerdo que buscaba restituir las multas a los ciudadanos que no voten y no tengan justificación, pero rebajando el monto máximo aplicable a 2 UTM (unos 130 mil pesos), dado que el original de hasta 3 UTM (200 mil pesos) fue considerado muy alto, según reclamó el mismo sector en la Cámara en trámites anteriores.

El punto en discordia esta vez fue que la comisión mixta había incorporado al grupo sujeto a la sanción a los extranjeros habilitados para sufragar. Sin embargo, la Constitución consagra que los avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos, "podrán ejercer" este derecho, es decir, se les abre la posibilidad, pero no estarían obligados.

"Históricamente en Chile la sanción para quienes no participaban de las elecciones solo se aplicaba a los ciudadanos", puntualizó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde y aclaró que la propuesta original del Ejecutivo apuntaba sólo a los ciudadanos y no al electorado en general.

Sobre los aspectos que contendrá el veto, el secretario de Estado expuso que "vamos a trabajar los detalles técnicos durante la semana regional o distrital. Hay una serie de otros aspectos que tendrán que ser considerados eventualmente para que la ley quede en forma, y de esa manera, consagrar la obligación para la participación en las elecciones conforme lo establece el mandato constitucional".

De todos modos, precisó que "la sanción se aplica a los ciudadanos, para ser ciudadano hay que ser chileno. Conforme era la normativa que estuvo vigente en Chile, mientras existió voto obligatorio en el pasado".

"Alma más sensata"

Tras el anuncio del ministro, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) valoró "que aquí al parecer un alma más sensata del Gobierno ha entendido lo relevante de vetar una ley que fue, en forma inentendible, rechazada en el Senado, para asegurar que los chilenos vayan a las urnas a elegir a cada uno de sus representantes. Pero vamos a insistir en la importancia de que también los extranjeros tengan esta obligación de votar".

La diputada Camila Flores (RN), señaló que "me alegra que el ministro Elizalde salga a cumplir con la palabra empeñada. Ellos habían anunciado vetar este proyecto en la eventualidad de que saliera sin una multa, puesto que, al no salir con multa, este proyecto se transformaba directamente de contrabando en un proyecto de voto voluntario. Me alegra que esto sea así".

Desde el oficialismo, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD) manifestó que "yo no estoy de acuerdo que el voto de los extranjeros sea obligatorio. Yo en esto espero que se mantenga la redacción original, que es los ciudadanos que están obligados a votar constitucionalmente".

Llamó la atención la visión del diputado Gonzalo Winter (FA), quien afirmó que "a los que quieren obligar, forzar, a ir a votar, son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobres, es castigar a los pobres por no participar de nuestra fiesta, a los que menos dinero tienen, a los adultos mayores, a los que se niegan a subirle la pensión".

Luego de algunos días de conflictos entre el Partido Comunista y el Gobierno del que son parte, ayer se vislumbró una fisura en la habitual homogeneidad de esa colectividad que no suele mostrar diferencias de opiniones.

La primera señal de ello fue que los diputados Luis Cuello y Alejandra Placencia abandonaran el punto de prensa en que Lorena Pizarro acusó montaje en el operativo del fin de semana en Villa Francia. Y ayer el senador Daniel Núñez afirmó que "hace falta Teillier" en alusión al fallecido presidente del PC, lo que se puede interpretar como una crítica al actual timonel, Lautaro Carmona.

Las controversias con el Ejecutivo se han sumado debido a la defensa política del PC al alcalde Daniel Jadue, en prisión preventiva por el caso de las farmacias populares, la salida de Juan Andrés Lagos de la Subsecretaría del Interior y los allanamientos en Villa Francia. Ante ello Núñez afirmó en entrevista con La Segunda que "ha habido demasiadas polémicas públicas entre el PC y el Gobierno. Hay acciones del Gobierno con las cuales uno puede tener algunas diferencias, pero lo relevante es que estratégicamente estamos unidos y comprometidos trabajando de manera coordinada".

Y luego soltó su alusión a la dirección del partido: "Hace falta Teillier. De su conducción rescato dos características que deben tener continuidad y que considero un legado: dirección colectiva e inclusiva y poner al centro una política que luche contra el neoliberalismo y la derecha, y no perderse en conflictos secundarios".

Ante estas palabras, el presidente del PC dijo que "a todos nos hace falta Teillier, quién pudiera imaginar que no fuera bueno que estuviera presente, pero no sé cuál es la relación que quiso hacer Daniel. Eso seguramente lo vamos a conversar".

Pero lejos de buscar una conciliación, Juan Andrés Lagos arremetió nuevamente contra el Ejecutivo. En conversación con STGO TV, el militante histórico del PC acusó que "da la impresión de que hay gente que quisiera que nos fuéramos, que no nos quieren dentro del Gobierno. Eso a mí me preocupa".