Una interesante tendencia que crece es la oferta de "Hipotecarios Verdes". Se trata de una línea especial iniciada por Banco Estado y seguida por varias otras instituciones financieras, para ofrecer condiciones preferenciales de préstamos a quienes compren viviendas nuevas (de todos precios, con o sin subsidios) que cumplan con certificaciones ambientales de eficiencia energética y sustentabilidad.

Los créditos incluyen, por ejemplo, tasas menores, descuentos y otras alternativas dependientes de las políticas de cada entidad, que solamente se aplican para inmuebles que tengan estas características, garantizadas a través de la presentación de Calificación Energética de Viviendas (CEV), un protocolo propuesto desde el Ministerio de Vivienda desde 2012.

Si bien en Chile esas normas no son obligatorias legalmente, sí existe cada vez más conciencia ciudadana y entre las empresas sobre la importancia de cumplirlas, tanto por el bienestar de las personas, como por el ahorro que su aplicación genera; tema que adquiere especial relevancia en el contexto de alza de tarifas eléctricas que enfrentamos a nivel nacional.

La calificación CEV clasifica con un sistema similar al usado para etiquetar los electrodomésticos y que cada usuario puede chequear al comprar: rojo para los menos adecuados y verde para los más. En este caso, las viviendas reciben una etiqueta con porcentajes y letras, dependiendo si cumplen requerimientos de calefacción, enfriamiento, iluminación y agua caliente sanitaria. La escala va de la A+ (las mejor evaluadas) hasta la G (las de peor calificación); en el medio está la letra E, que representa el estándar actual, de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Para efectos de los hipotecarios, entre más cerca de la A hay más opciones de recibirlos.

Si bien en Los Lagos existen varias alternativas de proyectos inmobiliarios que cumplen estas reglas, y también varios bancos que tienen la oferta crediticia, aún hay poca difusión de estas opciones, que podrían aportar movilidad al sector construcción, el cual ha enfrentado momentos difíciles en los últimos años.

En mayo de 2019, un reportaje del diario El Llanquihue, basado en un informe de la empresa Proambiental, reveló que apenas dos de 17 centros de acopio de desperdicios en la región de Los Lagos contaban con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La reacción en términos de declaraciones parecía entender la problemática, pero en los hechos no ocurrió absolutamente nada.

Casi cuatro años después, en enero de 2023, el mismo medio publicó una segunda versión del estudio, señalando que la situación era aún peor.

El informe del año pasado retrató que en la región se generan un millón de toneladas anuales de residuos: 368 mil toneladas son domiciliarios, 615 mil industriales y 10 mil peligrosos. Estos se tratan o disponen en 15 sitios, de los cuales sólo dos fueron sometidos a procesos de evaluación ambiental y sanitaria antes de su inicio de operaciones. Ocho cuentan con planes de cierre y otros cuatro debieron haber cesado su operación. No es sorprendente que la gran mayoría haya enfrentado procesos de sanción y fiscalización.

La manoseada economía circular y el reciclaje no logran hacerse cargo de los desechos de la región. Por ello, el diagnóstico de 2022 calificó la situación como una vulnerabilidad medioambiental. No obstante, como en 2019, la basura expuesta volvió a ser dejada bajo la alfombra.

El círculo vicioso crece, porque la falta de oferta para resolver la mayor parte del problema, generada por los residuos industriales, presiona aún más las deficientes operaciones de los sitios municipales. Ejemplos como el megacolapsado vertedero de Curaco, en Osorno, que ya cumplió con creces su vida útil, pero no se cierra para no agravar la crisis, son vergonzosos. Ancud, por su parte, manda sus camiones con desechos a la ciudad de Los Ángeles, a un costo gigantesco.

Es correcto que las autoridades se pongan del lado de las comunidades para exigir que los proyectos de este tipo cumplan con toda la normativa ambiental antes de su aprobación. Lo que no es correcto es que no pongan el mismo ímpetu para enfrentar la gran vulnerabilidad medioambiental, aportando a la solución que debe venir de la mano de inversiones a gran escala en el tratamiento y disposición final de residuos, tanto domiciliarios como industriales.