Camioneros de varias regiones del norte de Chile paralizaron ayer sus actividades, estacionaron sus máquinas en carreteras y bloquearon rutas en diversas ciudades para exigir mayores medidas de seguridad, que ha motivado bloqueos de ruta y otras manifestaciones en al menos tres regiones del norte del país. Esta movilización fue rechazada por funcionarios del Gobierno, entre otros por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

La manifestación fue convocada por la confederación Fuerza del Norte y acogida por gremios en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. La organización dio cuenta de nueve peticiones al Gobierno, partiendo por un cierre de fronteras en todo el territorio nacional para que se permita acceder por pasos legales sólo previa presentación de antecedentes penales del país de origen.

También demandan decretar estado de excepción constitucional de emergencia en las fronteras, la reserva del derecho de ingreso al país, la expulsión inmediata de extranjeros con antecedentes penales, fijar puntos de seguridad vial, la reincorporación de exfuncionarios de orden y Fuerzas Armadas y mayor celeridad en la tramitación de los proyectos de seguridad.

Si bien existen convocatorias externas para que se sumaran camioneros de Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas, esto no ocurrió durante la jornada de ayer.

Gobierno responde

La movilización fue monitoreada por parte del Comité de Contingencia del Gobierno, en el que participan los ministerios del Interior, Obras Públicas y Transportes.

En esa instancia, el subsecretario Monsalve informó que "diálogos y cumplimientos de los acuerdos ha habido. Yo creo que hoy hay algunos grupos de transportistas que han levantado una movilización que está presente en distintos lugares de Chile".

"Hemos instruido a los delegados y a Carabineros de Chile a mantener las rutas despejadas, y eso el Gobierno lo va a garantizar. Esperamos hacerlo con la buena disposición de quiénes están movilizados, pero si es necesario utilizar las herramientas que nos da la ley, vamos a utilizarlas", complementó el subsecretario.

Sobre este último punto, Monsalve aclaró que "yo con los gremios me siento a conversar materias gremiales. De política converso con el Parlamento, con los partidos políticos, con los movimientos políticos. Con las organizaciones gremiales se conversa (solo) de sus demandas gremiales".

El ministro Marcel descartó en radio ADN que haya un impacto económico relevante por este paro: "En general las paralizaciones parciales tienen un impacto más bien limitado en lo económico, y que depende hasta dónde se altera la libre circulación. Las reivindicaciones de estos grupos (seguridad) son temas que están en el primer lugar de la agenda del Gobierno, entonces es difícil entender este tipo de paralizaciones cuando el Gobierno está dedicado en gran medida a enfrentar este tipo de situaciones".

La consultora PwC Chile, en conjunto con la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, realizaron el estudio de confianza 2024 para analizar el desempeño de las empresas en el país, cuyos resultados completos se darán a conocer hoy.

Por medio de encuestas a directores, consumidores y colaboradores de distintas industrias, los realizadores determinaron, como principal definición, que "una empresa es confiable cuando demuestra consistencia, transparencia y credibilidad en su actuar, cumpliendo con sus compromisos y aportando valor a la sociedad".

El principal hallazgo fue que, entre los tres grupos consultados, hay consenso sobre que las organizaciones tienen la responsabilidad de construir confianza, con más del 80% en cada uno.

Por otro lado, directores y ejecutivos sobreestiman la confianza que tienen consumidores y colaboradores en las empresas, ya que casi el 90% considera que confían en las empresas, pero sólo el 35% de consumidores y el 42% de colaboradores demostraron altos niveles.

Comunicaciones claras

En tanto, mientras el 75% de ejecutivos y directores de empresas creen que las organizaciones deben generar confianza, apenas el 20% reconoció tener indicadores para monitorear estos niveles en sus colaboradores y los consumidores.

Por otro lado, los principales factores que inciden en la confianza son, para los consumidores, en un 86% los problemas relacionados a producto o servicio; y para los colaboradores, en un 52,8%, que las comunicaciones sean claras para confiar en la empresa, seguido de cerca por la protección de sus datos con un 51,4%.

En línea con lo anterior, los resultados demostraron que las comunicaciones claras son el asunto más relevante en la construcción de confianza (73% para los consumidores y 53% para los colaboradores). A pesar de esto, solo el 30% de ejecutivos y directores cree que lo hacen muy bien en ese aspecto.

Además, los colaboradores y consumidores relevaron la importancia de que las empresas tomen posturas públicas en temas sociales, mientras que los directivos apuntaron a que la inestabilidad política afectó la confianza en las empresas.

Fernando Orihuela, Socio Líder de Auditoría de PwC Chile, señaló que "explorar la confianza en las compañías y el mundo de los negocios es una herramienta crítica en estos tiempos".

Sobre los resultados, destacó que "uno de los datos relevantes es el impacto que provoca la decisión por parte de los directivos de tomar posiciones públicas frente a determinados temas, y cómo se mueve la valoración de la confianza en consumidores y colaboradores".

"A diferencia del pasado, hoy los liderazgos empresariales tienen una opinión más amplia y pueden entrar a debates de contingencia y eso sin duda que tiene un impacto en las distintas audiencias vinculadas a esa empresa, sean consumidores o colaboradores", selló.

Luego de que la semana pasada el Ejecutivo ingresara las indicaciones para el proyecto de sala cuna universal, buscando sustituir la iniciativa presentada en el segundo mandato de Sebastián Piñera, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a los cuestionamientos que ha recibido el texto en relación a que los establecimientos privados quedarían excluidos del Fondo de Sala Cuna, una cotización con cargo con cargo al empleador del 0,2% de las remuneraciones imponibles por cada persona contratada. Este fondo está destinado a cada sala cuna respectivo sin distinción por tamaño de la empresa, llegando a cerca de $270 mil.

La secretaria de Estado enfatizó en que "ha habido distintas manifestaciones públicas respecto a supuestos que el proyecto no tiene" y de inmediato agregó que "aquí no hay exclusión del sector privado".

"Lo que se exige, como corresponde en cualquier país que se preocupa de sus niños y niñas, es que los establecimientos educaciones no sean solamente guarderías y, por lo tanto, cuenten con reconocimiento oficial", explicó.

En esa línea, detalló que "eso es clave porque no solo busca hacerse cargo de los estándares básicos de los establecimientos, sino que también pedagógicos".

"Es decir, que los niños y niñas no solo estén cuidados, sino que el proceso de atención de ellos tenga una comprensión del nivel en que están para su formación educativa y se posibilite el desarrollo pedagógico de aquellos menores", finalizó Vallejo.