Ayer se informó que una aspirante a Gendarmería murió luego de sufrir influenza cuando estaba cumpliendo labores en la institución en San Bernardo y desde su familia acusan que no se le dio el tratamiento adecuado a su enfermedad.

A pocos días que se conociera la muerte del conscripto Franco Vargas en Putre durante una instrucción militar, se conoció el deceso de Ignacia Albornoz, quien pretendía sumarse a la institución penitencial y se enfermó durante los entrenamientos en la Escuela de Formación de San Bernardo.

Su madre, Yéssica Inzunza, acusó que a Ignacia se le diagnosticó bronquitis por influenza y el 3 de mayo se le otorgó licencia médica y reposo por tres días. Luego de eso, el 6 de mayo, volvió a los entrenamientos y entonces se habría tenido que bañar con agua fría y trotar en bajas temperaturas.

"Si empezó con un caso de influenza debieron haber dado una cuarentena, más que tres días y después decirle que volvieran a sus habituales rutinas, que ellos saben el sistema de las rutinas; trote, ducha en la mañana temprano, agua fría, estudios que también implican lugares helados, con muchos contagiados enfermos", criticó la mujer.

"Mi hija después de un cuadro de influenza volvió a la escuela con las mismas condiciones e igual estaba enferma ", agregó y dijo que la joven falleció la madrugada del domingo, pero enfatizó que aún no se conoce su causa de muerte.

La Fiscalía de Flagrancia del Biobío inició una investigación para determinar cómo sucedió el hecho y la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción se hará cargo de las diligencias.

Además, el cadáver se someterá a una autopsia en el Servicio Médico Legal.

De parte de la institución, Bernardo Olivares, del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, aseguró en TVN que "lo lamentamos extremadamente, para nosotros es una pérdida valiosa, y nos hemos puesto a disposición de la familia".

El ministro de Justicia, Luis Cordero, de quien depende la institución involucrada, instruyó "al subsecretario (de Justicia, Jaime Gajardo) que comparezca personalmente en la Escuela de Gendarmería".

También pidió no hacer equivalencias con la muerte del conscripto Vargas.

El exgeneral comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Anita Pinochet, arriesgaban hasta 15 y 10 años de cárcel tras denuncias por lavado de activos, entre las que, incluso, había una del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Sin embargo, la jueza del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Carolina Escandón, determinó que "este delito necesita de una prueba fundada e imparcial", lo que ayer, según su criterio, no se cumplió, razón por lo que el exuniformado y su esposa fueron absueltos.

La magistrada agregó que la evidencia fundada "obliga a la parte acusatoria demostrar el lavado del activo, no así para la defensa, que no necesita probar nada". Así, en la investigación "existe falta de precisión y rigurosidad en la investigación. El análisis contable se debe hacer bajo el prisma de lavado de activos, lo que da cuenta que el enfoque estuvo centrado en una causa distinta, llevado en otra sede".

Escandón con estas palabras apuntó al trabajo del fiscal José Morales, debido a que gran parte de los antecedentes estaban en el proceso liderado por la ministra Romy Rutherford contra el general (r), como una arista del "Milicogate", que, en el caso de Fuente-Alba, el monto de la malversación ascendía a $3.500 millones.

"El contar con información de bienes adquiridos antes que (el acusado) asumiera la comandancia en jefe resulta de la mayor relevancia, porque desde ese estudio podría verse la existencia de aumento patrimonial y al no indagar eso se omitió una fuente legítima de ingreso", argumentó la jueza.

Fuente-Alba al llegar al Centro de Justicia dijo, además, que el "fiscal me acusa de que con $155 millones ganados como comandante en jefe (por el salario correspondiente), no podría tener el patrimonio que le tengo, pero si yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe: (con Pinochet) tenemos 45 años de sociedad conyugal. Y el patrimonio se forma desde que nos casamos, a los 21 años".

Sobre los cinco vehículos de marca Audi, el exuniformado contó que "tenía un auto, lo entregaba en parte pago y compraba autos. ¿Qué tiene de malo eso? Nunca he usado un peso del Ejército que haya echado a mi patrimonio. Nunca".

Crítica a la pdi

El tribunal ayer falló en forma unánime y también hubo críticas hacia el comisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Cristián Álvarez, cuya "aproximación a la causa venía presidida de un conocimiento anterior, ya que venía trabajando con la ministra Rutherford, (...) lo que hace mermar objetividad en su desempeño".

El detective "no ingresó la totalidad de ingresos en los análisis", y "reconoció que solo consideró el dinero de Fuente-Alba en efectivo, su enfoque estuvo dirigido en detectar maniobras sospechas con presidencia de cualquier otro antecedente relevante", lo que "fue sesgado".

El Ministerio Público designó ayer al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, a cargo de la investigación penal por la muerte del conscripto Franco Vargas durante una marcha instructiva en Putre en la que otro integrante de su batallón perdió una mano y decenas de sus compañeros salieron enfermos.

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía informó que "los hechos fueron objeto de una querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en representación de la madre de la víctima, doña Romy Vargas".

La mencionada acción penal se presentó ante el Juzgado de Garantía de Arica, lo que provocó el origen de la investigación penal por el delito de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos.

Sin embargo, se mantiene el debate respecto de las competencias en este caso pues mientras la familia y el INDH insisten en que se debe llevar en la justicia ordinaria, la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book, solicitó que la investigación se mantenga dentro de las competencias de la justicia militar. Se espera que esta última petición sea respondida hoy por el Juzgado de Arica. En caso de mantenerse el conflicto de competencias, este deberá ser resuelto por la Corte Suprema.

"Estamos con ella"

Mientras eso se define, el Presidente Gabriel Boric recibió ayer en La Moneda a la madre del conscripto Franco Vargas.

Tras la cita, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó que "En un momento que ha sido de profundo dolor, queremos insistir en que estamos con ella. A través de esta reunión queremos reforzar un mensaje muy claro: vamos a seguir acompañando a las familias de estos jóvenes conscriptos. Especialmente a Romy Vargas, quien ha perdido a su hijo, como muchas otras madres en nuestro país que buscan justicia".