El domingo venció la segunda prórroga de la Corte Suprema para el cumplimiento del fallo que obliga a las Instituciones de Salud Previsional (isapres) a devolver a sus afiliados lo obtenido por cobros indebidos, al no aplicar una tabla universal de factores en 2019. El monto a pagar sobrepasa los US$1.000 millones, por lo que, a fin de evitar la quiebra de las firmas, el Gobierno envió el proyecto de Ley corta que ayer en el Senado fue aprobado por 39 votos a favor, mientras que en la Cámara de Diputados logró 122 respaldos.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, celebró con una publicación en X, donde afirmó que "como Gobierno estamos satisfechos porque logramos cumplir el compromiso de dar respuesta al fallo y garantizar la protección a los usuarios del sistema privado".
Horas antes, en el Senado la Ley corta obtuvo 39 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. El presidente de la comisión de Salud y médico, Juan Luis Castro (PS), dijo que "no tengo motivo para celebrar hoy. Podrá haber habido una mayoría que producto de una presión política", porque "en la práctica el costo de esos US$1.200 millones de la deuda las Isapres es un costo que va a salir del bolsillo de las personas. (...) Este era el momento de iniciar una reforma de salud".
El senador Sergio Gahona (UDI) agregó que "no es una Ley corta que nos tenga a todos satisfechos", pero "ayuda a disminuir el riesgo de colapso del sistema", ya que se teme la migración masiva de usuarios de Isapres al sector público.
La Cámara luego aprobó el proyecto con 122 votos a favor, 14 en contra y diez abstenciones, por lo cual quedó listo para ser promulgado. Entre los apoyos se contaron legisladores del oficialismo -el proyecto fue impulsado por el Gobierno- y la oposición, como el diputado Diego Schalper (RN) y Flor Weisse (UDI).
El texto
En comisión mixta se aprobó antes de ir a las salas la creación de un Consejo Consultivo para asesorar a la Superintendencia de Salud en la presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago por parte de las Isapres.
También para el cumplimiento de sentencia se dio el visto bueno al ajuste de los planes vigentes al 7%, lo que permite reducir la deuda de US$1.589 millones a US$1.250 millones.
El alza de una prima extraordinaria que considerará los costos operacionales, costos no operacionales y medidas de contención de costos fue otro de los puntos aprobados, con un techo de 10% de los contratos a julio del año pasado.
Asimismo, que los afiliados mayores de 65 años reciban el pago en cinco años, y los mayores de 80 años, en dos años. Las instituciones podrán pagar hasta en 13 años lo adeudado a los menores de 65 años, periodo en el que no podrán retirar utilidades.
Una indicación que también pasó a Ley fue la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa y el cálculo del ICSA: "se extiende el criterio usado el 2024 para definir el Índice de Costos de la Salud (ICSA) a los años 2025, 2026 y 2027 o hasta que exista una nueva ley", es decir, el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso en la Modalidad de Libre Elección (MLE) de Fonasa. Este reajuste de los precios base será sin contención de costo por los próximos tres años.
