Un 72% de solicitudes de ECMPO se concentran en la Región de Los Lagos
ESPACIOS COSTEROS. Boletín del Faro de la UDD definió que, hasta mediados de 2023, había en trámite 78 de esas peticiones de pueblos originarios, la gran mayoría en Chiloé.
Los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) son superficies delimitadas, cuya administración es otorgada a comunidades o asociaciones indígenas, que deben comprobar que han ejercido un uso consuetudinario sobre esa área solicitada.
En respuesta al deseo de reconocimiento y protección de los derechos territoriales reclamados por comunidades mapuche lafkenque, no incluidos en la Ley Indígena 19.253 de 1993, se creó esta figura jurídica, mediante la ley 20.249 o Ley Lafkenche.
Durante estos últimos años, la asignación de ECMPO se ha visto acompañada por reclamos de sectores productivos y actividades que son ejercidas en el litoral, que deben quedar suspendidas en tanto se define la tramitación de esos requerimientos.
De acuerdo a la más reciente edición del Boletín Regional N° 18 del Faro UDD (Universidad del Desarrollo) "La Ley Lafkenche y el futuro de los Espacios Marítimos para Comunidades Indígenas", y con datos de Sernapesca hasta mediados de 2023, la distribución de solicitudes de ECMPO en tramitación a nivel nacional se concentra en la Región de Los Lagos, donde hay 78 (72% del total nacional), seguida por la del Biobío con 11 (10%).
El boletín define además que existen 35 solicitudes a nivel país (32% del total) que están siendo revisadas por la Conadi. De ellas, 26 están en Los Lagos (74%), 5 en el Biobío (14,2%), 2 en Los Ríos (5,7%) y una tanto en La Araucanía como en Atacama (2,8%).
En la crubc
Jorge Cordero, profesor investigador del Faro UDD, precisó que la superficie entregada vía decreto como ECMPO (20 a la fecha), equivalen a 139.200 hectáreas, "aunque la cifra total de los ECMPO en trámite sería mucho más alta".
Especificó que del total de 78 solicitudes ECMPO en Los Lagos, 30 (38%) ya han pasado la etapa de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC). "Si uno quisiera detallar más en qué etapa está cada una de las que pasaron la instancia de la CRUBC, se distribuye de la siguiente manera: 19 de las 30 solicitudes fueron decretadas hasta 2023. De esas 19, una tiene el convenio de uso aprobado, que corresponde al primer ECMPO (Punta Capitanes) en haber sido decretado desde la existencia de la ley. Después, hay cinco en solicitud de destinación, cinco en elaboración del plano de destinación y, finalmente, una aprobada en la CRUBC".
El cientista político y magíster en Estudios Públicos dijo que este año una de las cinco solicitudes en destinación "pasó a ser destinado vía decreto, que, de hecho, corresponde al último decreto entregado desde la existencia de la ley, el ECMPO Bahía Mansa Palería. Esto nos permite señalar que quedan cuatro ECMPO que probablemente serán decretados en el tiempo más próximo: Chayahué de Calbuco, Antiko de Chonchi, Metri de Puerto Montt y Paildad de Queilen".
Añadió que hay 26 solicitudes (33%) que siguen en la Conadi. Agregó que otras 20 (25%) peticiones están próximas a ser enviadas a la CRUBC. "Esto significa que el 58% de las solicitudes siguen paradas en un proceso de tramitación. Creo que las autoridades deberían hacerle mayor seguimiento".
Respecto del tiempo que demanda la tramitación de un ECMPO, Cordero sostuvo que el promedio mínimo es de cuatro años y medio. "La falta de capacidad de las instituciones involucradas que retrasan el proceso administrativo es uno de los grandes problemas en torno a la ley, lo que no sólo afecta a los sectores productivos, sino también a las mismas comunidades indígenas que también quedan en la incertidumbre. Más todavía si se considera que la solicitud de ECMPO suspende otras concesiones marítimas en tramitación", manifestó.
Recordó el caso de la polémica petición de Aysén, a fines de febrero pasado, la que finalmente fue rechazada por la CRUBC de esa región.
Sin embargo, para llegar a esa resolución pasaron siete años, pero que "según la norma, debería demorar un aproximado de 12 meses. Este es uno de los principales nudos críticos que genera focos de conflicto. Más todavía puede serlo para la Región de Los Lagos, dado que concentra la mayor cantidad de solicitudes".
Modificar la ley
Al analizar la Ley Lafkenche, el profesor investigador del Faro UDD, concluyó que "la técnica legislativa no fue la mejor. Muchos aspectos no fueron previstos quizá de la manera que correspondía, como en la falta de capacidad estatal para hacer cumplir los tiempos que establece la ley, lo que da paso a incertidumbre y a que se pueda abusar de esta herramienta, generando posibles efectos perniciosos".
Recalcó que estas solicitudes suspenden automáticamente la tramitación de otras concesiones marítimas, pero que "las instituciones del Estado adolecen de la capacidad para responder a los tiempos que corresponde".
Sugirió conformar una mesa de diálogo en la zona, "donde pueda estar el sector productivo, el gobierno, autoridades locales, dirigentes de comunidades indígenas y dirigentes de la pesca artesanal, para levantar soluciones y un sistema de reglas bien pensado en el largo plazo".
A su juicio, "los actores locales deben ser quienes marquen la hoja de ruta para las modificaciones del proyecto y así mejorar las reglas de esta ley que los está afectando a ellos mismos".
Comercialización
Al respecto, el diputado por el Distrito 25, Héctor Barría (DC), planteó que "nos están llegando reclamos de integrantes de sindicatos de pescadores, que pertenecen a comunidades indígenas, que en algunos casos no se le está dando el trato adecuado. Es más, está llegando un tipo de denuncias que tienen que ver con la comercialización de estos derechos, que no es el espíritu que tiene la normativa".
El integrante de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, sostuvo que "la gran mayoría usa de buena manera estos derechos. Los pueblos originarios tienen una gran labor en la conservación y preservación. Si todo hubiera sido entregado sin esa mirada, prácticamente no tendríamos esos recursos. Pero, hay situaciones excepcionales que se están prestando para abusos".
Héctor Barría también hizo notar que después de asignar un ECMPO "no hay acompañamiento de cómo se debe administrar. Eso provoca algunas dificultades. Esta es la oportunidad de poder mejorar este tipo de situaciones y que se evite dobles derechos . Hay quienes tienen derechos como sindicato de pescadores y como comunidad. Esta es la ventana para mejorar este tipo de situaciones. Hay que cuidar el mar, pero hay que evitar la tercerización o venta de derechos".