Fue seguido por la Avenida Costanera Diego Portales y al llegar frente al Museo Juan Pablo Segundo de Puerto Montt fue asaltado por tres personas, supuestamente extrajeras de acuerdo a la víctima, quien denunció el hecho en Carabineros.

Se trata de un joven universitario, quien estuvo trabajando en Maullín para reunir dinero y de esa forma comprar sus útiles. Su madre fue quien relató los hechos, pidiendo reserva de su identidad por motivos de seguridad.

Dijo que se bajó en el terminal de buses y se percató de tres personas que estaban en este lugar.

"Fue a Puerto Montt desde Maullín, llegó aproximadamente a las 6 de la tarde, vio a tres sujetos extranjeros, los escuchó hablar y lo empezaron a seguir. Al cruzar el semáforo uno le puso un cuchillo y otro un cuchillo en la espalda le dijeron que entregara todo lo que tenía y le revisaron la chaqueta y mi hijo allí llevaba 340 mil pesos. En el pantalón tenía 40 mil pesos".

Los delincuentes se llevaron el dinero y huyeron del lugar en un automóvil sin patente. "Había mucha gente e incluso una señora estaba grabando. Mi hijo le pidió el video y la señora le dijo que no".

"Mi hijo se volvió al terminal de buses y retorna a Maullín. No tuvo lesiones y llegó a la casa muy afectado. Son los mismos tipos que él observó al bajarse del terminal de buses: extranjeros y gordos", sostuvo.

La madre del universitario dijo que pese a que fue amenazado con dos cuchillos, no resultó lesionado.

Marcelo Galindo

Gendarmería regional reforzará las medidas de seguridad el día que se lleve a cabo el juicio oral en Puerto Montt contra una facción del Tren de Aragua, integrada por cuatro acusados del delito de trata de personas. El proceso coincide con otros dos juicios en la zona norte del país con integrantes de la misma banda transnacional. Se prevé que sea agendado en los próximos dos meses, aproximadamente.

Fuentes ligadas al caso señalaron que Gendarmería solicitará ayuda para la custodia a Carabineros y la Policía de Investigaciones, para poder resguardar el perímetro del edificio de tribunales y también el acceso.

El presidente regional de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog), Felipe Arriagada, explicó que los jefes operativos son quienes elevarán la solicitud. "Lo ve directamente el área operativa en el nivel regional, ellos se encargan de hacer las coordinaciones con Carabineros y la PDI".

Observa Arriagada que "en este tipo de situaciones ya están las medidas dispuestas, y se adoptan con bastante antelación. Incluso en Santiago ya se ha coordinado todo, y no es algo que sólo pase acá, es una disposición a nivel nacional".

Desde la dirección regional de Gendarmería no detallaron las medidas que se van a considerar en este juicio oral, porque aún no existe claridad si será presencial con los acusados en la sala del Tribunal de Juicio Oral, en calle Egaña, o desde el penal de Alto Bonito, en forma telemática. En la causa hay tres querellantes: una agrupación llamada "Mi Abogado", el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Todos presos

El fiscal Marcelo Maldonado, quien lleva la causa, dijo que lo importante es que tras la audiencia que acogió las pruebas que serán parte del juicio oral, el Juzgado de Garantía determinó mantener las medidas cautelares.

"Como Fiscalía, nosotros estamos conforme con la resolución que se ha dictado por parte del Tribunal de Garantía por varios aspectos. En el primero de ellos mantiene la prisión preventiva de los cuatro imputados que están siendo objeto de estas acusaciones".

Maldonado mencionó que hay otro aspecto esencial en el sentido que fue acogida toda la prueba: "No hubo ningún tipo de conflicto ni alegación asociada a que esta pudiera advertir prueba ilícita, que hubiese sido obtenida durante el curso de la investigación. Eso indica que se ha hecho un trabajo tanto por la dirección de esta Fiscalía, hasta como también por la Policía de Investigaciones, quienes han llevado a cabo todas las diligencias encargadas en esta causa de una manera pulcra y también ajustada a derecho".

Pablo Sanhueza, defensor penal público que asumió la representación de uno de los cuatro imputados, dijo que luego de casi 2 años de tramitación cree que "hemos reunido antecedentes suficientes para poder afrontar de buena forma el juicio oral; y ejercer en esa instancia los derechos de nuestro representado, que consiste en resguardar los derechos que asisten a cualquier persona en un proceso penal: la presunción de inocencia y el derecho a un juicio oral, público y contradictorio".

20 años pide la Fiscalía para Héctor Almérida Robles y Yexon Santiso; 17 años para Jean Ustariz y presidio perpetuo para Héctor Almérida Osto (padre).

Organización La facción, que forma parte del "Tren de Aragua", tenía como objetivo central captar jóvenes venezolanas en Chile o en el extranjero, particularmente en Venezuela y Colombia, de entre 16 y 25 años, para trasladarlas al país en forma clandestina, cruzando la frontera por pasos no habilitados que decían controlar, para llevarlas a diversas ciudades de la zona sur e Iquique, con la finalidad de explotarlas sexualmente.

DenunciaEl hecho quedó al descubierto en marzo de 2021, por un cliente de una escort, quien se percató que la joven a la cual había contratado los servicios era víctima de trata de personas con fines de explotación sexual. Esta misma persona, que ahora es testigo protegido, denuncio el hecho en la PDI.