El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, conocido por la demolición de "narco-casas", decretó ayer emergencia comunal para combatir la delincuencia, con medidas como contratar a personal en retiro de Carabineros y las Fuerzas Armadas para resguardar la comuna de la Región Metropolitana.

"Vamos a aumentar sustantivamente nuestros recursos. Vamos a reclutar cien ex funcionarios de Carabineros, de las FF.AA. y de Gendarmería, que refuercen nuestro servicio de seguridad ciudadana, que va en la línea de lo que les hemos dicho muchas veces al Gobierno y al Congreso", afirmó el alcalde.

Carter apuntó, además, a que "el Presidente (Gabriel) Boric ha hecho muchas autocríticas, ha reconocido muchos errores. Saludamos ese reconocimiento, pero hay que pasar de las disculpas a las acciones. (...) Presidente: más que pedir perdón por lo que no hizo o dejó de hacer, súmese a esta iniciativa, no nos critique, queremos ayudarle".

Esta medida va en línea con la emergencia comunal por seguridad instaurada hace unos días por el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios (UDI), quien ayer explicó en Tele13 Radio que esto "tiene que ver con prevenir, marcar presencia en el territorio y no llegar posterior al delito".

Gobierno responde

La ministra vocera, Camila Vallejo, respondió ante la medida que "no estamos de acuerdo con que los civiles estén en primera línea y asuman tareas de riesgo que les corresponden a nuestras policías. Por el contrario, como Gobierno hemos fortalecido a las policías para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Hay que seguir entregando más herramientas a la PDI, Carabineros y complementar esa coordinación con la seguridad privada. No hay que poner a las personas en riesgo quienes ya hacen suficiente con alertar y coordinarse para que existan ciertos despliegues".

El diputado Andrés Longton (RN) dijo que "espero que esto cale hondo, sobre todo en los sectores más radicalizados".

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó ayer la solicitud de renuncia al jefe del Departamento de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, quien el viernes adquirió relevancia al conocerse un documento de la carpeta de investigación -manejada por la Fiscalía -, donde otorgó el visto bueno a una auditoría finalizada a comienzos de junio, es decir, con datos al menos desde mayo, producto de la denuncia de millonarios traspasos desde la seremi de Antofagasta a Fundación Democracia Viva.

El Gobierno señaló que "como subrogante en el cargo asume el señor Pablo Morán", sin otorgar más detalles sobre la decisión.

El informe de Trincado, en tanto, contradice la versión de La Moneda de que la primera arista del Caso Convenios, Democracia Viva, fue conocida el 16 de junio mediante una publicación de prensa, lo cual fue sostenido por el ministro de Justicia, Luis Cordero, luego de que el Presidente Gabriel Boric afirmara que supo del caso la semana anterior.

Días más tarde, y tras negarse tres veces a asistir, el jefe de asesores del Mandatario, Miguel Crispi, declaró en el Congreso que supo de "un rumor" el 7 de junio, es decir, antes que Boric, a quien no le habría informado, pese a tratarse de su jefe directo y ocupar un cargo de confianza.

Montes "traicionado"

El senador y exministro en numerosas áreas durante los gobiernos de la ex Concertación, José Miguel Insulza (PS), dijo ayer en radio Cooperativa que el titular de Vivienda, Carlos Montes, fue "traicionado en la confianza que depositó en gente que (...) partía de la base que tenían una ética distinta".

Estas palabras aluden a la declaración del exministro de Desarrollo Social y fundador de RD, Giorgio Jackson, autoridad que también debió dejar La Moneda por los cuestionamientos sobre el Caso Convenios, ya que la mayoría de las personas vinculadas militan en su partido: "Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no sólo dista del Gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió", afirmó en agosto de 2022.

Insulza ayer agregó que "la única cosa que se le puede decir al ministro Montes es ¿por qué confió tanto en la cantidad de gente joven que se había incorporado al Ministerio? Es porque se trataba de hacer eso, rejuvenecer la administración pública".

"Desgraciadamente, algunos se aprovecharon de ese sistema, es bastante escandaloso y eso tiene que ser sancionado", señaló el legislador frente a los movimientos investigados por la Fiscalía que suman alrededor de $32.000 millones.

El senador aseguró que este año "los vacíos, los huecos que existían donde se cometían estos fraudes, se han cerrado bien en la Ley del Presupuesto, (…) pero el daño ya está hecho, sin duda que está hecho, y nos ha perjudicado mucho".

El diputado José Miguel Castro (RN) dijo sobre la salida de Trincado que esto "sólo deja entrever que el Gobierno sí sabía mucho antes acerca del escándalo del caso Convenios. La salida debe también coincidir con salidas y con sumarios a distintas personas del ministerio. No es posible que solamente la gente de Antofagasta haya sabido de este tema. Es por eso que el ministro Montes debe ir mucho más allá para no considerar una acusación constitucional".