Carlos Ilabaca

Quince observaciones contiene el Oficio Final 682-A, a través del cual la Contraloría General de la República dio a conocer los primeros resultados (ver página 10) de la auditoría efectuada a las transferencias de recursos que entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023 realizó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la Región de Los Lagos a distintas fundaciones, en el marco de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades.

Así lo dio a conocer ayer ante la Comisión Investigadora (ver página 10), por los traspasos de recursos a fundaciones de la Cámara de Diputados el contralor nacional, Jorge Bermúdez, quien detalló que en el caso de la Región de Los Lagos los antecedentes fueron entregados tanto a la Fiscalía Regional del Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Transferencias

Según el documento, un total de 955 millones 471 mil 874 pesos fueron transferidos por la Seremi del Minvu Los Lagos a dos fundaciones tras suscribir con ellas seis convenios entre 2021 y 2023. Se trata de la fundación Urbanismo Social, que recibió la suma global de $721.221.874 para la ejecución de 5 programas, y la Fundación Acción Digital, a la cual se le transfirieron $234.250.000 para desarrollar un programa en 2021.

Cabe recordar que una semana después de que estallara en Antofagasta el Caso Convenios, Diario El Llanquihue publicó el 23 de junio un artículo donde se hacía mención a estos traspasos del Minvu Los Lagos a ambas fundaciones. En el caso de Urbanismo Social se informó que estos recursos se utilizaron en programas de habitabilidad primaria en campamentos de la región, un informe de mitigación de impacto vial en Alerce y una intervención piloto para familias de campamentos en zonas de riesgo. En cuanto a Acción Digital, Daniela Forch, directora y coordinadora de programas de la fundación, explicó que desarrollaron un diagnóstico e intervención en campamentos entre Osorno y Quellón.

Observaciones

Bermúdez explicó que todos los informes fueron despachados a sus receptores y adelantó que algunos han supuesto acciones derivadas, como por ejemplo la instrucción de sumarios que realizará Contraloría hasta el envío de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público, como es el caso de la Región de Los Lagos.

El Oficio Final 682-A consta de dos partes, relacionadas con aspectos de control interno y el examen de la materia auditada, mientras que el examen de cuentas, que considera las rendiciones, se incorporará posteriormente.

En relación al control interno, Contraloría observó 9 situaciones, entre ellas: la ausencia de manuales de procedimientos que regulen el proceso de asignaciones directas de los programas, así como su ejecución; falta de procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos (por ejemplo, de qué forma serán evaluados y qué parámetros se ponderarán para su aprobación); falta de mecanismos para acreditar la experiencia de las entidades receptoras de los fondos públicos (en el caso de Fundación Acción Digital no se pudo corroborar si contaba con la experiencia técnica para el proyecto postulado). Otro cuestionamiento dice relación con que los seis convenios suscritos entre la Seremi de Minvu y Serviu de la Región de Los Lagos con entidades privadas sin fines de lucro se realizaron mediante asignación directa de recursos, "sin que los actos administrativos pertinentes que autorizaron tal método de otorgamiento se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron". Sobre este punto Contraloría ordenó instruir un procedimiento disciplinario.

También el órgano contralor observó la falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos estimados de cada proyecto y que fundamentan el monto de las transferencias (se detectaron descripciones de carácter genérico y sin ningún tipo de detalle técnico); ausencia de cauciones (vale vista, póliza de seguro, boletas de garantía u otro documento) que garanticen que los fondos públicos otorgados a terceros serán usados en los fines y en los plazos establecidos en los respectivos convenios de transferencia; control de rendiciones a través de planillas Excel. Además, se advirtió una falta de control y monitoreo oportuno de la ejecución de los convenios. Un ejemplo de ello ocurrió con Fundación Urbanismo Social, donde de los 6 convenios vigentes al 30 de junio de este año apenas se habían rendido $17.324.100, las que no habían sido revisadas por el Minvu.

Además se detectó un incumplimiento en los plazos de respuesta a las observaciones formuladas por la Seremi Los Lagos a la rendición de cuentas de Fundación Acción Digital.

Examen de traspasos

De la segunda parte de la auditoría se desprenden otras seis situaciones observadas, como la ausencia de un acto administrativo por parte del Serviu Los Lagos, que apruebe y sancione los convenios.

Respecto de la Fundación Acción Digital, Contraloría cuestionó además la falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que debía ejecutar, la falta de experiencia para las iniciativas encomendadas e inclusive que esta cambió de giro ante el Servicio de Impuestos Internos con fecha posterior (8 de julio) a las negociaciones y aprobación del convenio adjudicados por la misma, giro que tampoco lo tenía incorporado en su acta de constitución. Por esta situación también se ordenó un proceso disciplinario.

En cuanto a Urbanismo Social también se estableció una inconsistencia con las fichas de inversión de cuatro convenios suscritos con el Minvu y Serviu, en las que se consideraba la entrega de fondos hasta en 7 cuotas, pese a lo cual se aplicó -sin justificación- una modalidad distinta.

Las últimas dos observaciones de esta segunda parte consisten en que el monto de los convenios de habitabilidad primaria no se desglosó por partidas, así como la ausencia de registros para las transferencias otorgadas a entidades privadas sin fines de lucro en la Plataforma de la ley N°19.862.

Mecanismo

En su exposición ante la Comisión Investigadora de la Cámara Baja, el contralor Jorge Bermúdez evitó hablar de un "modus operandi" o del "mecanismo" que posibilitó la ocurrencia de irregularidades, como las detectadas en Antofagasta y El Maule. "No nos corresponde decir si hay un mecanismo, porque esa es una conclusión más bien desde el punto de vista penal. Pero sí coincidimos en el sentido de que esta falta de institucionalidad hace que el virus de la corrupción se filtre (…) Cuando tenemos mecanismos tan débiles, evidentemente que esto puede ocurrir y se puede replicar en muchas partes, con los mismos patrones, y eso es lo que ha ocurrido en este caso probablemente", opinó.

Por su parte, el senador UDI Iván Moreira sostuvo ayer que "para nadie es un misterio que el mecanismo que utilizó Democracia Viva fue replicado en todo el país" y añadió que lo ocurrido con el Caso Convenios "es claramente una asociación ilícita para delinquir". "Hoy son objeto de una investigación por parte del Ministerio Público y espero que esto termine en un fallo judicial ejemplarizador", recalcó.

Por su parte, el diputado por el distrito 26, Fernando Bórquez (UDI), expresó que el informe de Contraloría era algo esperable. "No me sorprende lo que pasó en el Minvu, ya que demuestra una vez más el abuso que han tenido estas autoridades a nivel nacional en este ministerio. Se evidencia el oportunismo de perjudicar el sistema a través de transferencias con montos excesivos en relación a años anteriores", dijo. Finalmente, el legislador enfatizó que las autoridades a nivel central y regional "deben dar las explicaciones y dar un paso al costado debido a los graves actos realizados".