Octubre fue el mes de la ciberseguridad en Chile. Así está definido desde 2018 para crear conciencia respecto de la protección de datos, de la urgencia de legislar y de generar tecnologías que resguarden los sistemas que utilizamos para prácticamente todos los aspectos de la vida. Además, se busca promover la denuncia oportuna de hechos como contenidos maliciosos o abusivos en las redes; recopilación ilegal de información; intentos de intrusión en los sistemas de empresas o instituciones; sabotajes o fraudes. Todos esos hechos se pueden notificar al número 1510 correspondiente al Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), entidad gubernamental que hace cinco años monitorea casos y genera estadísticas respecto de hechos sospechosos. Y son muchos.

En septiembre la empresa internacional Fortinet advertía que Chile es el quinto país del mundo que más intentos de cibertaques recibe y que los "secuestros de datos" han subido 13 veces en relación a 2022. Un estudio de Cadem, por su parte, advirtió que el 60% de las empresas califica con una nota inferior a 5,0 sus propias acciones en estas materias y sólo el 16% reconoce buenos estándares de ciberseguridad.

Desde el gobierno hay avances. Se convocó a la Mesa de Ciberseguridad con 140 especialistas para mejorar las normas legales vigentes; sin embargo, a diario queda en evidencia la vulnerabilidad de todos los sectores. Un ejemplo es lo ocurrido el 23 de octubre tras el ataque a los servidores de GTD (un ransomware Bablock secuestró las plataforma) que generaron la suspensión de algunos servicios electrónicos públicos en todo el país, incluyendo al gobierno regional de la vecina región de Los Ríos.

El problema causó indisponibilidad de los sitios web del Gore, así como también del Consejo Regional y los sistemas de postulación a concursos, la página de la Estrategia Regional de Desarrollo, el intranet, gestor de compras, entre otros. Una medida urgente fue suspender el proceso de postulaciones al 8% FNDR.

Ejemplo mediante, es correcto decir que la ciberseguridad es un tema sobre el cual poner atención siempre. Ya no basta con un mes.

En los últimos años, nuestro país oscila entre el cambio climático y el cambio constitucional. El primero depende de una naturaleza que no controlamos y el segundo de un devenir histórico que demanda de nuestra clase política y de los grupos intermedios una mayor capacidad para llegar a acuerdos que permitan a cada ciudadano desarrollar su proyecto de vida: el que libremente elija.

Es en medio de esos cambios donde se sitúan las regiones del sur de Chile y nuestros agricultores y ganaderos, con todas las oportunidades que esos cambios suponen.

Somos por tanto los agricultores y ganaderos quienes debemos recordarles a nuestros conciudadanos que aunque sólo unos pocos plantan, siembran y crían, todos comemos y, en consecuencia, nos toca enfrentar estos cambios resguardando una necesidad vital para todos: la seguridad alimentaria.

Pero garantizar la seguridad alimentaria es un desafío cada vez más difícil, pues enfrentamos la tarea de alimentar a cada vez más personas con cada vez menos suelo, menos agua y menos agricultores.

Pero el cambio climático no sólo nos pone las cosas más difíciles, sino que también nos abre oportunidades que antes no existían. Si es cierto que cada diez años el norte avanza cien kilómetros hacia el sur, esa variación climática ofrece a las regiones del sur nuevas alternativas agroalimentarias.

En cuanto al cambio constitucional, cuyo proceso termina el próximo 17 de diciembre, cualquiera sea el resultado de esa votación, van a sobrevenir políticas públicas y cambios legislativos que afectarán a los tres recursos absolutos con los que funciona la agricultura: la tierra, el trabajo y el agua.

El cambio climático depende de la naturaleza y demanda de nosotros capacidad de adaptación. El cambio constitucional, en cambio, depende de las personas y demanda de nosotros acción.

Una acción que tratándose de organizaciones como la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, consiste justamente en intermediar entre nuestros productores agropecuarios y quienes elaboran aquellas leyes y políticas públicas que afectan no sólo a quienes producen alimentos, sino también a quienes comen.