Un total de 160.433 casos conforman la lista de espera de pacientes en la Región de Los Lagos, con un promedio de atención de 244 días por consulta de especialidad quirúrgica en este territorio a octubre de este año. Un promedio "bajo" en relación a los 293 días de promedio nacional. Sobre estas cifras, desde el Servicio de Salud del Reloncaví explicaron que corresponden a "casos" y no a "personas", debido a que algunas de ellas pudiesen integrar más de una lista.

Muertes

Sobre la situación de los fallecidos que estaban en lista de espera, el diputado Fernando Bórquez (UDI) anunció que citará a una sesión especial en la Cámara Baja para abordar el incremento de las listas de espera a nivel nacional.

Además, reveló -según estimaciones propias- que en la región 803 personas han fallecido este año esperando por atención médica.

Junto con ello, detalló que en la actualidad existen 191.873 pacientes en lista de espera, quienes tienen que esperar, en promedio, poco más de un año para ser atendidos y 15 meses para recibir atención quirúrgica. Sin embargo, desde el Servicio de Salud del Reloncaví descartan el escenario expuesto por el parlamentario e insisten en que se trata de "casos y no de personas".

Desde el Servicio reconocen que falta mucho por avanzar, aunque precisan que pospandemia aumentó la complejidad de las patologías, incrementaron las consultas y se han reactivado de todos los programas de atención de la APS (Atención Primaria de Salud).

En tal sentido, se explicó que el Ministerio de Salud está trabajando bajo tres líneas de acción, que tienen que ver con: aumentar la capacidad de producción del sector salud (capacidad y los tiempos de trabajo de los pabellones hospitalarios, la apertura de la agenda médica fuera de horario y los fines de semana para aumentar las atenciones); reducir la entrada a las listas de espera y eso significa mejorar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud.

"Tercera vía"

Felipe Castillo, presidente del directorio de la Fundación Lista de Espera, calificó la temática "crónica" del sistema de salud lo que sucede con las listas esperas. "Se han realizado intentos por resolverlo, pero cada vez estamos peor".

Recordó que su organización desde hace bastante tiempo venía advirtiendo que la situación "empeoraría", por lo que se debían adoptar algunas medidas más allá de lo que se estaba efectuando, sobre todo tras la pandemia.

Explicó que la fundación espera convertirse en una tercera vía para resolver esta problemática de salud, toda vez que los pacientes hoy cuentan con dos alternativas. "Pueden esperar años para que lo resuelva el sistema público o cancelar en el sistema privado".

Ante ello, detalló que la forma de trabajar consiste en conseguir voluntarios que quieran operar a estos pacientes a bajo costo o de manera gratuita.

Para ello consiguen en las clínicas que les faciliten los pabellones en horarios de baja demanda. De hecho, el año pasado operaron a 10 personas y este año esperan llegar a 100 en la región, en las especialidades de traumatología y de otorrino.

Precisó que un aspecto es el tiempo que espera un paciente para ser visto por un especialista y otro tiene que ver con los años que debe aguardar para operarse y que puede llegar a los seis años.

Carlos Ilabaca

Por tercera vez la defensa de Diego Ancalao Gavilán, el primer imputado en prisión preventiva por el Caso Convenios en la Región de Los Lagos, sufrió un revés en tribunales luego que la magistrado del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, Lorena Fresard, rechazara modificar la medida cautelar de prisión preventiva que pesa en su contra desde su detención, ocurrida el 4 de agosto en Osorno.

Diego Ancalao cumplió 82 días en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de lavado de activos, estafa y fraude al fisco.

El abogado Ramón Sepúlveda, a cargo de su defensa, esgrimió que las penas que arriesga no le impedirían cumplirlas en libertad, mediante un mecanismo de pena sustitutiva. Por este argumento solicitaron modificar la prisión por un arresto domiciliario parcial.

Tanto el fiscal Marco Muñoz como los querellantes Sergio Coronado y Rodrigo Tejos (por el Consejo de Defensa del Estado) alegaron en contra de esta petición.

El abogado Sergio Coronado comentó que "como querellantes nos opusimos y lo que recalcó la magistrado es que no solamente está presente en esta situación el peligro de fuga, sino que también está asociado a la naturaleza de los delitos que se están investigando, los bienes jurídicos afectados, la extensión del mal causado -no hay que olvidar que son $1.200 millones en recursos públicos los que fueron defraudados-, la forma como se operó, un verdadero entramado con actuación de privados y de funcionarios públicos, y que las penas que están en juego -a diferencia de lo que planteó la defensa- son penas de cumplimiento efectivo", explicó. En tanto, el fiscal Marco Muñoz informó que "el tribunal resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva, entendiendo que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, en atención a los delitos, al carácter de los mismos, los montos que fueron objeto de defraudación, el delito de lavado de activos y también la eventual forma de cumplimiento de la condena. También estimó que, en razón a aquello, había un peligro concreto de fuga".

Igualdad procesal

José Ancalao, hermano de Diego, sostuvo que como familia "tenemos legítimas sospechas de que ha habido vicios en el proceso" y reconoció que la causa ha generado el interés de organismos internacionales indígenas y de derechos humanos. "Que Diego sea el único preso del Caso Fundaciones, sin tener una fundación que haya recibido fondos públicos, ya es un tema complejo de explicar. Lo que organismos internacionales han estado abocados en tratar de entender es por qué Diego está con prisión preventiva y otras personas que podríamos decir que están más o menos involucradas, no lo están. Entonces no hay igualdad procesal, eso es lo que nos dicen los abogados con los que hemos hablado".

De igual modo, José Ancalao cuestionó que la prisión "ha sido una estrategia de la Fiscalía en todos los casos donde hay líderes mapuches involucrados", situación que calificó como una "condena previa". Ejemplificó lo anterior con el caso del lonco Alberto Curamil, que estuvo 2 años en prisión preventiva "y cuando se hizo el juicio salió exonerado de todo y fue tan aplastante el triunfo en tribunales que la fiscalía ni siquiera apeló a la sentencia", recordó.