Exigen al Gobierno mantener la entrega de agua en zonas rurales
PROVINCIA. Jefes comunales, parlamentarios y gobernador regional aseguran que la medida es irresponsable y emplazan a que sea revertido el decreto que suprime los recursos -desde el 1 de enero- para el arriendo de camiones aljibes que reparten el vital elemento a más de 6 mil familias. Delegada presidencial regional asegura que "queremos ser bien enfáticos, nadie va a quedar sin agua en la región".
La tensión política y la preocupación ciudadana va en aumento debido a la decisión de suprimir la entrega de recursos desde el Ministerio del Interior para el arriendo de camiones aljibes, encargados de abastecer de agua potable a más de 6 mil familias (25 mil personas) en zonas rurales de la provincia. Esto, debido a que desde hace más de una década se han ido secando paulatinamente las fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas, por lo que miles de personas no tienen acceso al vital elemento.
Los alcaldes de las siete comunas de la provincia firmaron un documento donde exigen al Gobierno que revierta la circular N° 856 y se retire el decreto N°155 que sustentan la medida de poner término al arriendo de camiones aljibes y posterior entrega de agua a partir de este domingo 1 de octubre. Además, solicitan revisar las decisiones administrativas que están poniendo en riesgo el acceso al vital elemento de más de 25 mil personas que viven en los campos.
A ellos se suman parlamentarios que también emplazan al Gobierno a darle una inmediata solución a las familias rurales que están preocupadas y asustadas de quedar sin agua potable para consumo humano, la que utilizan para satisfacer una necesidad básica y que es reconocida como un derecho fundamental para mantener la vida.
La decisión del Gobierno se conoció recién el 21 de septiembre -a sólo 9 días de que entrara en vigencia- cuando fue enviado y recepcionado el oficio N°856 desde el Ministerio del Interior que detalla que no se entregarán más recursos a los municipios para el arriendo camiones aljibes que reparten agua potable en zonas rurales. Y es que el 1 de agosto la Dirección General de Aguas (DGA) declaró como zona de escasez hídrica sólo a la provincia de Palena mediante el Decreto N°155 (que aún está en tramitación) dejando fuera a las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé; de paso, con ello se invalidó el decreto de abril del 2021 que sí les daba la categoría de zona de escasez hídrica.
Documento
El lunes se reunió de forma extraordinaria la Asociación de Municipalidades de la provincia de Osorno, donde además estuvo presente el gobernador regional, Patricio Vallespin. Ahí los jefes comunales mediante un documento público manifestaron su total desaprobación a la decisión del Gobierno de interrumpir la gestión de recursos para el arriendo de camiones aljibes.
"Este beneficio, que fue implementado de forma extraordinaria, se viene ejecutando hace 10 años, dado que a la fecha los gobiernos de turno no han logrado implementar una solución definitiva a la escasez hídrica de nuestros territorio (…) consideramos esta acción como irresponsable, toda vez que no es posible establecer sólo criterios para ponderar la necesidad de acceder al agua potable, sino también criterios humanitarios", dice textual el documento que lo firmaron Bernardo Candia, de San Juan de la Costa; cesar César de Purranque; María Jimena Nuñez, Puyehue; Sebastián Cruzat de Río Negro; Juan Carlos Soto de San Pablo; Gerardo Gunckel de Puerto Octay; y Emeterio Carrillo, jefe comunal de Osorno.
Candia precisó que "hasta el momento sólo hemos tenido declaraciones y solicitudes de más documentación que no dan respuesta a las familias que pretenden dejar sin agua a partir del 1 de octubre. Si dentro de estos días no hay una solución real, vamos a seguir acciones legales para la protección de nuestra gente a la que no podemos dejar sin agua, ya que es un derecho de vida y fundamental", remarcó.
Sebastián Cruzat, enfatizó que "tomar una decisión así e informarla sólo 9 días antes, es una irresponsabilidad. Y que a sólo 4 días de fin de mes aún no exista una respuesta precisa, solamente buenas declaraciones, es aún más grave. Si esto se mantiene, vamos a llegar a tribunales porque tenemos la obligación de proteger a nuestras familias", comentó.
Emeterio Carrillo confía en los dichos de las autoridades de Gobierno que no se quedarán las familias sin agua potable: "esperamos que eso se cumpla, tal como fue informado por la delegada presidencial regional, Giovanna Moreira", dijo.
Gobierno
Efectivamente, la delegada se reunió en Santiago con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, donde abordaron distintas temáticas entre ellas