Marcelo Galindo

Fue el magistrado Francisco Almonacid, del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, quien dio las primeras luces que en la investigación del Caso Convenios hay más imputados, además de Diego Ancalao (en prisión) y Jaime Huincahue (arresto domiciliario), ambos formalizados por la Fiscalía.

Justamente en la audiencia de revisión de la prisión preventiva de Ancalao, realizada el 4 de septiembre, se presentó el abogado Andrés Firmani en representación de Viviana Godoy, administradora del Gobierno Regional, solicitando una cautela de garantías para recuperar sus especies personales, tras los allanamientos realizados por la PDI y la Fiscalía al edificio del Gore.

"Se llevó a cabo ante el Juzgado de Garantía de Puerto Montt una audiencia, en el marco de una investigación reservada que lleva a cabo el Ministerio Público por imputaciones, entre otros de lavado de activos, lo que hace que quede sujeta a la reserva prevista en al artículo 31 de la ley que regula dicha materia", sostuvo el juez Almonacid.

Y agregó: "En ese marco se verificó, primero, una discusión en torno a la cautela de garantía de una de las defensas de una de las imputadas, que no ha sido actualmente formalizada en esta investigación, sobre el acceso a información obtenida por el Ministerio Público, luego de diligencias en el que fueron incautados objetos de carácter personal".

Primera diligencia

"Es imputada (Viviana Godoy), como lo es también cualquier funcionario que están señalados en la orden judicial que autorizó la entrada y registro el 19 de julio, y lo está el mismo gobernador (Patricio Vallespín) y otros funcionarios de la gobernación regional", manifestó el abogado de Godoy, Andrés Firmani.

Explica el penalista que al momento que se practica "una diligencia de entrada, registro, revisión e incautación de sus artículos se es imputado desde esa primera diligencia".

Para Firmani "cualquier persona que no esté formalizada, a la que se le piden documentos o artículos personales con orden judicial, y que entregue un computador y elementos de comunicaciones personales es afectada por una investigación y tiene derecho a ser defendida. Producto de ello está en calidad de imputado".

Expone que "Viviana Godoy no está formalizada y, en el caso de ella, ha actuado de forma diligente y tiene derecho a contratar abogado particular. En este caso yo soy su abogado y cualquier cosa me tienen que notificar. Ella está en la dinámica que se requiera", anota.

Este caso tiene que ver con la investigación por el traspaso de fondos desde el Gore, por más de $4 mil millones, a tres fundaciones: Chinquihue, Participa y Corporación Kimün.

Resultados

Sergio Coronado, abogado querellante en la causa y en representación del senador socialista Fidel Espinoza, como persona natural, no como legislador, sostiene que es importante avanzar en la indagatoria para llegar a los funcionarios que podrían estar involucrados en las defraudaciones.

"Hemos considerado que la labor del fiscal Marco Muñoz es especial, porque a diferencia de lo que ocurre en otras regiones ha actuado de manera rápida, positiva y ha tenido resultados concretos: dos personas formalizadas, una en prisión preventiva y múltiples diligencias".

De acuerdo con Coronado, esa "parte querellante espera que se pueda abordar en el menor tiempo posible la otra arista, que son los funcionarios públicos que pueden tener alguna participación en esta defraudación".

Ayer, desde el Gobierno Regional y pese a las consultas realizadas por Diario El Llanquihue, no profundizaron en los funcionarios que están en calidad de imputados.

"En relación con su consulta, y considerando que todo quien haya sido blanco de acciones instruidas por el Ministerio Público son eventuales imputados no formalizados; esta institución, ni su autoridad política, se referirán al escenario expuesto".