Rechazamos por la libertad

Las mujeres en Chile rechazamos hace un año por nuestra libertad; por más participación a través de la democracia, por una pensión digna para nuestra vejez, libertad para elegir donde educar a nuestros hijos y liderar el proyecto que queremos para nuestra familia.

Un país con valores y su bandera: Un solo Chile.

Pía Margarit e Isidora Suárez

Salud mental en universitarios

Cuando hablamos de educación superior, la discusión suele situarse en la calidad de la enseñanza, el financiamiento y las posibilidades de acceso, pues son los temas centrales. Sin embargo, y lamentablemente, suele dejarse fuera del debate un ámbito que requiere de atención urgente: la salud mental de nuestros estudiantes.

De acuerdo con una reciente medición, alrededor del 50% de los alumnos universitarios de primer año sufre de algún trastorno de salud mental, ya sea con manifestaciones de ansiedad o depresión. Se trata de una tendencia que viene hace años y que se acentuó a raíz del confinamiento, la virtualidad y las escasas posibilidades de socialización que nos impuso la crisis sanitaria. Un escenario negativo, sin duda, y que se vuelve aún más preocupante si consideramos que el 30% de las casas de estudio no cuentan con lineamientos concretos para afrontar estos aspectos.

Por eso resulta sumamente positivo el anuncio del primer plan nacional de salud mental para estudiantes de educación superior, que congrega esfuerzos de los ministerios de Eduación, de Salud y de las universidades, a fin de fortalecer las acciones y políticas en estas materias, avanzando siempre en colaboración y con un intenso trabajo intersectorial. No obstante, no debemos olvidar que este es sólo uno de muchos pasos que debemos dar para garantizar el bienestar emocional de tantos jóvenes que cada día dan lo mejor de sí pensando en construir un mejor futuro. Es nuestra responsabilidad como Universidades estar atentos, comunicarnos con ellos y actuar a tiempo para contener y apoyar, y la única forma de lograrlo es otorgar a la salud mental un lugar protagónico, destinando recursos de todo tipo para su resguardo y cuidado.

Claudio Ruff, rector de la Universidad Bernardo O'Higgins

Capitalización ciudadana

La ministra del Trabajo Jeannette Jara insiste en apuntar a la oposición, sobre la inflexibilidad de destinar parte de la cotización adicional del 6% a reparto, centrando en ellos su crítica, pero la ministra es miope respecto a la contundencia del apoyo ciudadano de que el 6% se vaya íntegramente a las cuentas individuales.

Pareciera que para el Gobierno le es indiferente la percepción del país respecto a la asignación de recursos del Estado a fundaciones fraudulentas, que hasta la fecha no han devuelto ningún peso. Incluso más, ha sido el mismo Estado el gran impulsor de que la cotización adicional vaya a las cuentas individuales, al mostrar todas las deficiencias del Estado en la gestión de recursos.

El empoderamiento de las personas respecto a su trabajo y cotización está dando paso desde una capitalización individual a una capitalización ciudadana, donde la propiedad y heredabilidad de los fondos previsionales tiene un apoyo prácticamente transversal.

Eduardo Jerez Sanhueza

Modernización del Estado

De acuerdo con la Constitución Política, es deber del Estado promover el mayor desarrollo material y espiritual posible de las personas. Ello es así por cuanto todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y la institucionalidad estatal se encuentra al servicio de la persona humana.

Para alcanzar tan importante cometido, es necesario contar con un aparato estatal moderno. Idóneo, eficiente y eficaz en el uso de los recursos públicos, que siempre resultan escasos ante las necesidades de la sociedad. La modernización comporta, por tanto, una necesidad instrumental.

En esa perspectiva, el ímpetu modernizador debe referirse no solo al aparato estatal, sino que también debe abocarse al fortalecimiento de las herramientas de control institucional de la actuación de los órganos y agentes públicos.

Con ocasión al debate público que se ha producido por el uso inadecuado de recursos públicos en la administración del Estado, se ha manifestado por distintos actores políticos que ello hace necesario actualizar el aparato estatal a los efectos de evitar que ocurran situaciones como las que han sido conocidas públicamente en el marco del Caso Fundaciones.

Ello puede resultar pertinente, pero en mi opinión es más apremiante y exigible que exista un acuerdo transversal en orden a fortalecer los medios de control jurídico, de gestión, político, financiero, entre otros, a los efectos de que la actividad estatal de la administración se adecue a los estándares legales y éticos que deben presidir la actuación de una institucionalidad que se encuentra al servicio de las personas.

La probidad, como principio constitucional que debe informar la actuación de los órganos de la administración del Estado, comporta el desempeño honesto y leal de la función o cargo público, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Constituye, como se advierte, un principio instrumental esencial para el correcto desempeño de toda función pública.

Ello impone la necesidad de contar funcionarios con real vocación de servicio público y hace absolutamente exigible que la organización cuente con instituciones contraloras modernas e idóneas para verificar la conformidad de su actuación conforme a parámetros de probidad, eficiencia, eficacia y legalidad.

Carlos Salinas, académico Escuela de Derecho Universidad de Las Américas