Con la reciente aprobación del proyecto de ley sobre usurpaciones, por fin se da una respuesta concreta al grave problema delictual que representa la ocupación ilegal, violenta o no, de un inmueble ajeno, fenómeno cuyo epicentro se sitúa en las regiones más golpeadas por la denominada "violencia rural", sin perjuicio de su proliferación en todo el país, incluyendo nuestra región.
El paso que se ha dado no es simbólico. Aquí lo que se ha hecho es elevar sustancialmente el costo para quienes ejecutan estas conductas, aumentando las penas y robusteciendo las posibilidades de actuación del Estado. Con una mayor penalidad la usurpación deja de ser una falta penal que impedía la detención, para pasar a ser un simple delito que no sólo "posibilita", sino que "obliga" a la policía a detener en situación de flagrancia, sin que se requiera de orden judicial ni autorización alguna del fiscal.
La nueva normativa explícita, además, que se trata de un delito de consumación permanente, de manera que la limitación de las 12 horas de la flagrancia -en la práctica muchas veces utilizada como excusa para la inactividad-, desaparece. Ambos cambios son claves, porque conllevan el "desalojo" de los usurpadores, no por la vía civil, sino por la penal a través de la detención, a la que seguirá la realización de una audiencia de control de la misma, en la cual se impondrán -o debieran imponerse- medidas cautelares coherentes con la naturaleza del delito y el interés de la víctima, como la prohibición de acercarse al inmueble y a sus propietarios o legítimos tenedores. De esta forma, el desafío que se viene para las policías y la Fiscalía es enorme.
Esta nueva legislación, aprobada democráticamente por los representantes del pueblo en el Congreso ha sido, sin embargo, duramente cuestionada por el Gobierno y sus aliados, especialmente en relación con la legítima defensa privilegiada. Se afirma que proliferarían ejércitos armados y enfrentamientos entre civiles, es decir, una especie de autotutela descontrolada a niveles de barbarie, lo que carece de todo fundamento. La norma lo único que hace es brindar protección jurídica a las víctimas abandonadas por años y sólo para casos de usurpaciones violentas, a través de una presunción simplemente legal que, por lo demás, admite prueba en contrario. Pero parece que aún sigue viva en varios la "progresista idea" de que la ley debe servir exclusivamente a la protección de los delincuentes.
La esperanza que el Estado de Derecho deje de ser una frase vacía y se convierta en una realidad para las víctimas se ve, lamentablemente, una vez más en riesgo por las amenazas de veto presidencial. Llega así el momento de escoger una posición: o se está del lado de los delincuentes que usurpan o se está del lado de las víctimas.