La delincuencia que afecta al comercio está en niveles históricos, según advirtió el estudio de victimización elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), que alertó hace unos días que durante el segundo semestre de 2022, un 60,1% de los locatarios fue víctima de algún delito, el mayor nivel desde 2008, cuando comenzó a elaborarse el indicador. El comercio es uno de los sectores más afectados por la delincuencia y junto con perjudicar a los comerciantes en su patrimonio y seguridad, también desalienta la inversión en la ampliación de establecimientos y en la iniciación de nuevos emprendimientos. Con ello también se limita el crecimiento de fuentes de empleo, lo cual agrega una notoria derivación social.

Los dirigentes del gremio han dicho que es evidente el aumento de la victimización y que lo más preocupante es que esta alza es generalizada en todo el país, con distintas magnitudes. El delito con mayor ocurrencia es hurto (25,8%), seguido por otros daños materiales al local (24,3%), lo que incluye destrozos, rayados e incendios, entre otros. Entre quienes fueron victimizados, un 58,4% no denunció ningún delito, debido a que ya en ocasiones anteriores no hubo resultados.

Este aumento de la delincuencia ha llevado a los comerciantes a reforzar sus medidas de seguridad, como la instalación de más cámaras de seguridad, alarmas, rejas y contratación de guardias, incrementando los gastos en este ítem.

La delincuencia es un tema que preocupa a los ciudadanos en general, y al comercio en particular, porque ven que, más allá del gobierno de turno, ésta no cede, por lo cual desde diversos sectores se hacen frecuentes llamados a las autoridades para que sea abordado de forma constante y persistente y no sólo en algunas épocas del año. Es evidente que se requiere de forma urgente una solución a nivel país.

Muchas de las víctimas deciden no denunciar los ataques y robos que sufren, lo que es muy frecuente en el comercio minorista, pues estiman que no habrá resultados o porque lo consideran una pérdida de tiempo. Al no haber registros oficiales sobre ellos, pasan a integrar las "cifras negras de la delincuencia".

Dada la situación económica de Chile, que se encuentra estancada y con un horizonte de corto plazo objetivamente pesimista, los 19 millones de habitantes no representan un mercado relevante para proyectar crecimiento en ventas para empresas y profesionales de menor tamaño (micro, pequeñas y medianas o Mipymes).

La Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, es un mecanismo de integración económica y comercial, basado en cuatro pilares: libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas y un eje transversal de cooperación. En su Protocolo de Compras Públicas se ha propuesto aumentar las oportunidades de negocios para Mipymes con domicilio en sus países miembros, sin discriminación por origen y reciprocidad.

La ventaja idiomática para proveedores chilenos, por ser el castellano el idioma usado en los países de la Alianza y la reciprocidad de este acuerdo, hace urgente contar con orientación gubernamental en la inscripción de proveedores de bienes y servicios chilenos Mipymes en los sistemas de compras públicas de Colombia, Perú y México.

Desde 2008 hay empresas extranjeras inscritas en el sistema de compras públicas chileno y a 2018 había 7.125 empresas extranjeras inscritas. En cambio, en las compras públicas de los otros países de la Alianza, la presencia de empresas chilenas es escasa, existe muy poca información y apoyo por parte de las entidades gubernamentales para lograr inscribirse como proveedores en esos mercados.

Como Chile tiene una economía abierta al comercio de bienes y servicios, constituye aún un ejemplo que brinda oportunidades al emprendimiento e innovación, con un foco sostenible para generar soluciones de mercado basadas en tecnologías para combatir el cambio climático y desarrollar la economía circular, algo urgente para el mundo.

Sin embargo, no son suficientes el posicionamiento actual de Chile como líder latinoamericano en la implementación de políticas públicas eficaces de reducción de la pobreza y en apertura de mercados internacionales. Necesitamos implementar una política de apoyo consistente y que dure más que un periodo de Gobierno, para que los servicios especializados, conocimiento y talento de las Mipymes chilenas tengan oportunidades y reciprocidad en el comercio internacional.

Es el momento de reforzar las medidas que Chile hizo propias en forma pionera en esta parte del mundo. Debemos acelerar la internacionalización de nuestras Mipymes, porque los instrumentos que ofrecen hoy Corfo, ProChile, Sercotec o Sernatur son insuficientes y mal enfocados para las oportunidades que el mundo ofrece a las empresas y profesionales de nuestro país.