En Puerto Varas sancionarán a quien sea sorprendido comprando a los ambulantes
MUNICIPALIDAD. Actualización de la Ordenanza define la aplicación de multas por adquirir productos a vendedores no autorizados.
El 17 de enero de este año, la administración municipal de Puerto Varas hizo oficial una modificación a la ordenanza para el comercio estacionado y ambulante en bien nacional de uso público, que prohíbe desarrollar actividades tendientes a solicitar dinero o especies a los transeúntes.
Con ello, toda actividad de ese tipo que se ejerza en la vía pública, sin contar con un permiso municipal, será calificada como actividad ilegal, lo que representará una multa que fluctuará entre 0,5 UTM a 5 UTM; es decir, desde unos $31.600 a cerca de $316 mil.
La regulación también contempla sanciones para quienes compren a estos comerciantes informales, las que van desde una a cinco UTM (de $63.199 a $316 mil).
Orden y equilibrio
Sobre esta medida, el alcalde independiente Tomás Gárate especificó que se busca un ordenamiento "con la mayor sensibilidad posible", porque dijo comprender que es una vía de ingresos para quienes no tienen acceso a trabajos formales; y que sea aplicado con equilibrio ante los "problemas en la vía publica" que genera esa actividad informal.
Para ello, hizo notar que otorgaron certificaciones a comerciantes que han ejercido ese comercio "de manera histórica", por lo que Gárate pidió comprar sólo a ellos. Añadió que al privilegiar a los no autorizados "están perpetuando una forma que daña la comuna".
Anunció también que "vamos a pasar a una siguiente etapa, en la cual se va a multar no solamente a quien vende, sino a quien compra, porque tenemos una responsabilidad compartida", argumentó, junto con invitar a la comunidad "a que seamos responsables" y optar por comerciantes certificados con credencial. Anticipó que habrá fiscalización "para mantener el orden en nuestra comuna".
Menor actividad
La concejala Rocío Alvarado (Ind.) comentó que al formular estas modificaciones había una presencia importante de comercio no autorizado, pero que "desde que se aprobó esa modificación, ha bajado considerablemente el ejercicio de esta actividad".
Añadió que ello consideró "regularizar a quienes ejercen ese comercio y que cumplen los requisitos de la ordenanza".
Alvarado subrayó que además se dispuso un espacio para quienes quedaban fuera de esa normalización. "Así es como los verduleros que estaban en la esquina de San Bernardo con Gramado fueron trasladados al mercado Diego Portales, detrás de la Dirección de Obras", dijo.
Hizo notar que en la modificación realizada en enero, se incluyó que conforme a la Ley 21.426 sobre comercio ilegal, inspectores municipales podrán decomisar mercaderías, especies y elementos utilizados, para ponerlos a disposición del Juzgado de Policía Local.
Control a compradores
En tanto que la edil Nataly Schadow (PS) recordó que esa regulación tuvo el respaldo de sus colegas, con la finalidad de ordenar ese comercio. "Habíamos recibido reclamos de vecinos que querían que existiera esa actividad, pero en forma ordenada. Eso fue lo que generó este acuerdo transversal de concejales".
Acotó que a la fecha ha operado en forma adecuada esa medida, que incluye fiscalizaciones a vendedores, aunque admitió que no se ha controlado a quienes compran.
Aventuró que ello se hará efectivo "previo a un proceso que permita a las personas tener conciencia que es importante comprar sólo a quienes están autorizados, como una forma de respeto a quienes cumplen con las normas".
Sin fiscalizadores
Mientras que el concejal Marcelo Salazar (UDI), recordó que el 29 de octubre de 2021 aprobaron el Decreto N° 4.371, mediante el que se actualizó esta ordenanza, ya que estaba vigente desde el año 1994.
Afirmó que resolvieron asumir la alta presencia de vendedores informales, que copaban las veredas del centro, lo que obstaculizaba el desplazamiento de peatones. Además, había una competencia desleal, que afectaba a comerciantes establecidos, "quienes con todo esfuerzo pagan patentes, arriendo de locales y sueldos de su personal. Por lo tanto, la ordenanza vino a regular y limitar la actividad sólo a vecinos de la ciudad que están distribuidos en distintos sectores del centro". Sobre las sanciones a las que se exponen quienes compren a vendedores no autorizados, el edil opinó que es "una forma de reeducar a la gente. Al comprar en el comercio no autorizado, también estamos incumpliendo algunas normativas, que son ley de la República, como el pago del IVA". Sobre el impacto de esta regulación, Salazar admitió que durante los fines de semana aumenta la actividad, lo que atribuyó a que "hay poco control".
Por eso es que propuso que se disponga de más turnos de fiscalizadores, tanto después de las 17 horas, como durante los días feriados y fines de semana.
"No sólo es importante tener en papel todo resguardado, sino que tener la forma de poder controlar que eso se haga efectivo", expuso.
El edil dijo validar que si alguien es sorprendido comprando a vendedores no autorizados, sea citado al Juzgado de Policía Local "para que esa persona pueda ser multada, conforme a la gravedad o recurrencia de sus hechos".
No obstante, informó que hasta ahora no hay registros de consumidores que hayan sido derivados al Juzgado de Policía Local por haber comprado a comerciantes ambulantes.
$316.00 es la multa máxima que aplicaría el Juzgado de Policía Local a quien sea sorprendido comprando a ambulantes no autorizados.
17 credenciales para vendedores ambulantes entregó la Municipalidad de Puerto Varas, el pasado 23 de junio.