Los accidentes de tránsito bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad suelen tener una amplia cobertura noticiosa. Sin embargo, hay otras sustancias que son igual de peligrosas a la hora de manejar, pero respecto a las cuales la población todavía no toma real conciencia. Es el caso de la marihuana, cada vez más extendida en nuestro país y en el mundo, cuyas consecuencias al volante pueden ser nefastas.

La Asociación Médica para la Prevención dio en su momento la voz de alerta al decir que "conducir después de haber consumido marihuana es tan peligroso como hacerlo después de haber ingerido alcohol, porque el consumo afecta la capacidad de tomar buenas decisiones, baja el tiempo de reacción y pone más lentos los reflejos, por lo que implica un peligro cuando hay cualquier actividad que puede poner en riesgo la vida de otros".

Dependiendo del tipo de droga que se consuma, ésta puede actuar de formas distintas. Por ejemplo, algunas provocan estados de estimulación o euforia, en cuyo caso la persona se impacienta y podría no esperar la luz verde, sino que acelerar antes. Otras deprimen la actividad cerebral y el conductor podría no alcanzar a reaccionar ante un peatón que se cruza repentinamente. En otros casos es posible que el conductor cometa una infracción, pero no recuerda qué ocurrió.

Los efectos del consumo de alcohol y otras drogas siempre son un riesgo en la conducción, no existen cantidades de bajo o menor riesgo. En ese sentido, la autoridad pretende intensificar controles con el fin de seguir transmitiendo el mensaje sobre la importancia de prevenir accidentes y establecer una buena convivencia vial.

En Chile, el término "pacto fiscal" se utilizó hace unos años por un acuerdo o conjunto de acuerdos entre el Gobierno central y los gobiernos regionales y municipales sobre la distribución de recursos fiscales y responsabilidades financieras entre las distintas instancias estatales. El objetivo de un pacto fiscal es lograr un equilibrio en la asignación de recursos financieros y definir las competencias y responsabilidades de cada nivel de gobierno. Este nuevo "pacto" se suma a las modificaciones realizadas en los gobiernos regionales y, debido a las condiciones presentadas, no reúne todos los requisitos para que se trate de tal manera, ya que los entes involucrados no han llegado a ningún acuerdo en el cual se adopten las medidas que en cierta medida son aplicadas con tasas y cargas impositivas a todos los niveles de la sociedad civil y empresarial.

Hasta hoy hemos visto a los ministros de Hacienda y del Trabajo haciendo una campaña de concientización para coincidir con la aplicación de estas modificaciones o reformas. Sin embargo, esta reforma disfrazada de pacto no tiene un futuro cierto, dado el contexto en el cual el Estado no ha sido eficiente en el uso adecuado de los recursos fiscales, en especial con los casos de corrupción que todos conocemos hasta ahora, donde se han perdido miles de millones de pesos, lo cual no genera la confianza pública y necesaria para apostar por entregar mayores ingresos por recaudación de impuestos al fisco.

Debemos vincular per se, crecimiento económico y recaudación fiscal, definido como sistema de distribución de recursos fiscales para influir en la capacidad del país, para sostener un crecimiento económico equitativo y sostenible, tal como se afirmó en el desarrollo del último evento de Impulsa 2023, organizada por CPC del Bío Bío y donde su presidente entregó mensajes potentes, indicando que para propiciar un desarrollo regional equitativo se necesita estabilidad económica, mejorar la capacidad de gestión local y regional, con equidad, desarrollo social y productivo, e incentivando la inversión privada donde el Estado no logra llegar.

La inversión en educación, salud y programas de bienestar social puede tener un impacto positivo en el capital humano y en la capacidad productiva de la población. El Estado y el sector empresarial (mipymes, pymes, pequeñas, medianas y grandes empresas), tienen la oportunidad, y en este sentido, se debe partir ordenando la casa, haciendo más eficiente el uso de los recursos públicos, eliminando la mala gestión, la corrupción y los malos programas sectoriales. Es importante destacar que el diseño y la implementación de un pacto fiscal efectivo son cruciales para que tenga un impacto positivo en el crecimiento económico, con un enfoque equilibrado, considerando las necesidades y realidades del país. Eso puede ayudar a lograr un crecimiento sostenible y equitativo en el largo plazo.